Otra evidencia más: El Gobierno de Sánchez solo repatría a uno de cada 21 inmigrantes ilegales
Desde el verano de 2023 se produjo un incremento sin precedentes de inmigrantes ilegales en costas españolas. Y aunque algunas infraestructuras intentan paliar la situación, la avalancha no cesa
Sánchez solo repatría a uno de cada 21 inmigrantes ilegales. Esa es la cruda realidad que reflejan los datos oficiales de 2024. Con 63.970 llegadas ilegales y apenas 3.031 expulsiones, la gestión del Ejecutivo socialista deja al descubierto un coladero que amenaza la seguridad y el orden público en España.
Sánchez promueve y ampara la inmigración masiva ilegal. Lejos de reforzar el control de fronteras, Pedro Sánchez ha reducido las órdenes de expulsión en un 30 % desde que llegó a La Moncloa en 2018. En aquel año se repatriaron casi 4.200 personas, pero la cifra ha caído de forma alarmante hasta los poco más de 3.000 de 2024.
Datos que revelan la magnitud del problema
Los datos oficiales muestran cómo la situación se ha deteriorado. En 2019 se registraron 32.513 llegadas ilegales frente a 4.677 repatriaciones. Esto suponía siete entradas por cada expulsión. Sin embargo, en 2024 la disparidad alcanzó un récord escandaloso: Sánchez solo repatría a uno de cada 21 inmigrantes ilegales.
La pandemia de Covid-19 afectó en parte a los procesos de devolución, pero lo que resulta evidente es la incapacidad del Ejecutivo para recuperar niveles de control aceptables.
Canarias, frontera desbordada y en riesgo
La llegada masiva de inmigrantes ilegales a Canarias constituye uno de los principales focos de alarma. El propio Gobierno admite que este fenómeno supone un «riesgo para la seguridad». El Ministerio de Seguridad Social y Migraciones tuvo que encargar a la empresa pública Tragsa el apoyo logístico para la atención en centros de acogida.
En los pliegos del contrato se advierte que «puede generar situaciones de grave peligro para el orden público derivadas del cierre de los centros existentes por falta de continuidad de los servicios esenciales descritos».
Desde el verano de 2023 se produjo un incremento sin precedentes de inmigrantes ilegales en costas españolas. Y aunque algunas infraestructuras intentan paliar la situación, la avalancha no cesa.
Sánchez debilita el Estado frente a la inmigración ilegal
En lugar de proteger las fronteras y garantizar el cumplimiento de la ley, el Gobierno socialista de Pedro Sánchez tolera un sistema que premia la entrada ilegal y desincentiva el cumplimiento normativo.
Mientras Sánchez solo repatría a uno de cada 21 inmigrantes ilegales, miles de extranjeros permanecen en España sin documentación ni integración real. Esta política debilita la seguridad nacional y compromete la cohesión social.
El contraste con países europeos que aplican mecanismos de control más firmes es evidente. España se ha convertido en uno de los destinos más permeables de la Unión Europea, lo que atrae cada vez más mafias de tráfico de personas.
Efectos sociales y políticos del fracaso migratorio
La gestión socialista no solo supone un problema de seguridad. También afecta a los servicios sociales, la sanidad y la educación, que ya muestran síntomas de saturación. La llegada masiva de inmigrantes ilegales, sin procesos de integración efectivos, pone en riesgo la estabilidad de barrios y ciudades.
Además, este fracaso alimenta el descontento ciudadano. El propio Gobierno admite que el fenómeno migratorio actual es un «riesgo para la seguridad». Sin embargo, no adopta medidas efectivas para revertirlo.
En términos políticos, la permisividad de Sánchez fortalece a las mafias y genera un mensaje de impunidad que alienta nuevas oleadas. El Ejecutivo prefiere ocultar las cifras de nacionalidades de los inmigrantes ilegales para evitar tensiones diplomáticas, aunque ello suponga engañar a los españoles.
Estas cifras no son un simple dato estadístico, sino la prueba del colapso de una política migratoria ideologizada y negligente.
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