“La UCO entra en juego: Peinado ordena investigar los mails del vicerrector y el entramado de la cátedra de Begoña”
El juez del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha encomendado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el análisis de correos electrónicos aportados por el vicerrector Juan Carlos Doadrio y más documentación clave relacionada con la cátedra extraordinaria de Begoña Gómez
El magistrado Juan Carlos Peinado ha ordenado nuevas diligencias de investigación en el caso que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.
El juez del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha encomendado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el análisis de correos electrónicos aportados por el vicerrector Juan Carlos Doadrio y más documentación clave relacionada con la cátedra extraordinaria de Begoña Gómez de la Universidad Complutense de Madrid y el contrato adjudicado a Deloitte Consulting.
Las nuevas providencias, fechadas el miércoles 24 de septiembre de 2025, suponen una ampliación de la investigación que se desarrolla por presuntos delitos de cinco delitos (malversación, corrupción en el sector privado, tráfico de influencias, intrusismo y apropiación indebida). El instructor ha decidido profundizar en las relaciones académicas y empresariales que rodean a la investigada.
En la primera de las resoluciones judiciales, Peinado ha ordenado que se «hágase entrega de los archivos digitales con los correos electrónicos aportados por el Sr. Doadrio a la UCO a fin de que proceda al análisis de los mismos y emita el correspondiente informe». Esta documentación epistolar podría arrojar luz sobre las gestiones realizadas en el ámbito universitario.
La decisión judicial establece que los archivos de correos que guarden relación con la causa se entregarán a las partes «una vez eliminados los que tengan contenido personal que deba ser protegido para garantizar el derecho a la imagen de las partes». Esta medida cautelar responde a lo acordado por la Audiencia Provincial de Madrid en un recurso de apelación previo.
La segunda providencia ha ampliado el espectro investigativo hacia tres ámbitos diferenciados. La UCO deberá analizar la «ampliación de querella y documentos adjuntos del escrito presentado por una acusación popular»
También se ha ordenado el examen de la «documentación aportada por la UCM respecto del convenio de creación de la cátedra TSC y adendas al mismo». Esta cátedra extraordinaria ha sido objeto de controversia porque se otorgó a Begoña Gómez a pesar de no tener titulación universitaria oficial y su vinculación con empresas privadas y su posible utilización para fines ajenos a los académicos.
El tercer elemento de investigación se centra en el «escrito de la UCM informando del requerimiento realizado a la sociedad Deloitte Consulting». Este análisis abarcará «todos los detalles relacionados con el resultado del contrato adjudicado consecuencia del proceso abierto simplificado» firmado el 14 de noviembre de 2023. La pesquisa judicial ha desvelado la complejidad de las relaciones entre el ámbito académico y empresarial.
El caso presenta múltiples aristas que conectan la actividad académica con intereses empresariales. Juan Carlos Barrabés, también investigado en el procedimiento, habría participado en estas tramas de influencias que el instructor pretende esclarecer mediante las nuevas diligencias ordenadas.
La investigación se desarrolla en el marco de dos piezas procesales diferenciadas. La pieza separada 8/2025, derivada de las diligencias previas 1146/2024, se centra específicamente en el delito de malversación –que se juzgará por tribunal de jurado–, mientras que el procedimiento principal abarca los delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias.
Las organizaciones que ejercen la acción popular en el caso incluyen a HazteOír, Iustitia Europa, el Movimiento de Regeneración Política de España, el partido VOX y el sindicato Manos Limpias.
La defensa de Begoña Gómez, ejercida por el abogado y ex ministro Antonio Camacho, deberá hacer frente a esta nueva batería de diligencias que podrían aportar elementos probatorios relevantes para la resolución del caso.
El instructor ha establecido un plazo de tres días para la interposición de posibles recursos de reforma contra estas resoluciones, que deberán presentarse por escrito ante el juzgado con firma de letrado.
La concatenación de diligencias ordenadas por Peinado sugiere una investigación que se adentra en los recovecos más intrincados de las relaciones entre poder académico y empresarial, con potenciales implicaciones que trascienden el ámbito puramente universitario y alcanzan las esferas política y económica del país.
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