El cerco judicial a Begoña Gómez: Hazte Oír pide investigar el patrimonio de su asesora y reclama la comparecencia de Pedro Sánchez

El caso que rodea a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, continúa sumando capítulos judiciales. La organización Hazte Oír, que ejerce la acusación popular en la causa, ha solicitado al juez Juan Carlos Peinado que se indague a fondo en el patrimonio de Cristina Álvarez, asesora de Gómez desde 2018, cuando fue nombrada en el Palacio de la Moncloa. La petición incluye además un requerimiento a la Agencia Tributaria para que aporte las declaraciones de la renta de Álvarez correspondientes al periodo 2018-2024.

Se trata de una de las diligencias incluidas en un escrito y que fue registrado en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. Este mismo órgano ya informó recientemente a las defensas de los investigados que, en caso de llegar a juicio, el proceso se resolvería mediante un jurado popular, y no por un tribunal de magistrados.

 Un abanico de testificales y careos
El documento presentado por las acusaciones populares no se limita a la revisión patrimonial de la asesora. Reclama también la citación como testigo del propio Pedro Sánchez, con el objetivo de esclarecer si, en su doble condición de presidente del Gobierno y esposo de la investigada, conocía, toleraba o consintió el uso de recursos públicos con fines particulares vinculados a su esposa.

La lista de comparecencias solicitadas incluye igualmente al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que en 2018 ejercía como secretario general de Presidencia; a Judit González, que desempeña ahora esa misma función; y un careo entre la propia Álvarez y Alfredo González, ex vicesecretario general de Presidencia.

 La acusación: una malversación continuada
Hazte Oír sostiene que Cristina Álvarez habría destinado de manera habitual su horario laboral a tareas estrictamente privadas en beneficio exclusivo de Gómez. Según su escrito, esto constituiría un patrón sistemático de malversación con graves repercusiones económicas.

Las acusaciones cifran el daño en 320.834 euros, cantidad que correspondería al salario público percibido por la asesora entre julio de 2018 y diciembre de 2024, más el uso de recursos logísticos, tecnológicos y humanos de la Presidencia del Gobierno. Para los denunciantes, este comportamiento equivale a una "apropiación ilegítima de fuerza de trabajo sufragada por el Estado", ampliando el concepto de malversación a todo bien o servicio de valor económico, tal como ha reconocido la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

 El papel de Gómez y la acusación de un “sistema”
La organización denunciante subraya que Begoña Gómez era plenamente consciente de la distinción entre su esfera privada y los actos institucionales, pero que, pese a ello, habría diseñado y mantenido un mecanismo para utilizar a su asistente personal en tareas privadas financiadas con dinero público.

De acuerdo con este relato, Gómez se habría valido durante años no solo del trabajo de su asesora, sino también de los medios materiales del Estado, desde dispositivos tecnológicos hasta la logística de Moncloa, con el objetivo de favorecer su propia agenda personal y académica.

 Responsabilidad compartida
El escrito no apunta únicamente a Gómez y Álvarez. También señala al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, quien en la etapa inicial del mandato de Sánchez era número dos en la Secretaría General de Presidencia bajo la dirección de Bolaños. Para los acusadores, Aguirre habría permitido y consolidado este modelo de desvío de recursos, siendo plenamente consciente de las funciones que Álvarez debía desempeñar en Moncloa.

 La Fiscalía discrepa
En contraste con la acusación popular, la Fiscalía mantiene que en este caso no puede hablarse de "menoscabo" de caudales públicos. Según el Ministerio Público, los hechos investigados no encajarían en la tipificación penal de malversación porque no se acredita un perjuicio económico directo al erario.

 Perspectiva judicial
La causa se centra en si existió un “aprovechamiento ilícito de medios públicos” durante varios años en beneficio exclusivo de la esposa del presidente. El escrito de Hazte Oír insiste en que se trata de una conducta prolongada en el tiempo, con un volumen de recursos comprometidos que refuerza la acusación de malversación tipificada en los artículos 432 y siguientes del Código Penal.

En este contexto, el papel de Álvarez resulta clave. Su nombramiento como directora de programas tenía como cometido, según el Boletín Oficial del Estado, el apoyo logístico y organizativo a la esposa del presidente: gestión de agenda, coordinación de reuniones, viajes, interlocución con distintos departamentos y cuestiones de seguridad. La acusación, sin embargo, asegura que ese cometido se transformó en una dedicación casi exclusiva a asuntos particulares de Gómez, alejados de la naturaleza del cargo oficial.

 Un proceso con impacto político
Más allá del frente judicial, la investigación está adquiriendo una fuerte dimensión política. La posible citación de Pedro Sánchez como testigo situaría al presidente en el centro de un proceso que, si finalmente concluye en juicio oral, será seguido por un jurado popular.

El caso se perfila como uno de los más delicados de la legislatura y pone a prueba los límites de la separación entre lo público y lo privado en el entorno de la Presidencia del Gobierno.

 El procedimiento todavía se encuentra en fase de instrucción, y será el juez Peinado quien decida si se aceptan las diligencias solicitadas y hasta qué punto avanzará la acusación. Mientras tanto, las partes se preparan para una batalla judicial en la que se dirimirá si existió realmente un uso indebido y continuado de recursos públicos en beneficio de la esposa del jefe del Ejecutivo

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