“La sombra de la opacidad en RTVE: el caso Silvia Intxaurrondo”
La investigación examina si su relación contractual con RTVE debía haberse formalizado mediante un contrato laboral directo en lugar de a través de una sociedad interpuesta
La vocera socialista Silvia Intxaurrondo se ha desligado de la sociedad que compartía con su marido, en plena investigación por parte de la Inspección de Trabajo acerca de su contrato con RTVE, centrado en la posible figura del “falso autónomo”.
La periodista habría decidido apartarse de la gestión de la empresa mientras avanza el expediente, según ha trascendido en medios de comunicación y fuentes del entorno de la cadena pública. La investigación examina si su relación contractual con RTVE debía haberse formalizado mediante un contrato laboral directo en lugar de a través de una sociedad interpuesta.
En un país donde la confianza en las instituciones públicas se erosiona cada día un poco más, la radiotelevisión estatal debería ser sinónimo de ejemplaridad. Sin embargo, el caso de Silvia Intxaurrondo, pseudoperiodista y figura destacada de RTVE, ha vuelto a poner sobre la mesa un debate que el sector público arrastra desde hace años: el uso de sociedades interpuestas para canalizar los contratos de profesionales que trabajan de forma continuada para el Estado.
Recientemente, Intxaurrondo se ha desligado de la sociedad que compartía con su marido, en plena investigación de la Inspección de Trabajo por su contrato con RTVE, centrada en la posible figura del “falso autónomo”. El hecho ha reavivado la discusión sobre la opacidad en la contratación de figuras de alto perfil en la televisión pública y sobre los límites éticos de este tipo de estructuras.
Aunque el modelo utilizado no es ilegal, ha sido objeto de críticas por lo que muchos interpretan como una forma de eludir la relación laboral directa con RTVE, y por tanto, una potencial ventaja fiscal respecto a otros trabajadores. Este tipo de prácticas, cuando se dan dentro de una institución financiada con dinero público, despiertan una preocupación legítima sobre la transparencia y la rendición de cuentas.
Más allá de la legalidad, la cuestión es ética. Los ciudadanos esperan de RTVE el máximo nivel de integridad y claridad en la gestión de los recursos públicos. Si la cadena tolera estructuras contractuales que difuminan responsabilidades o privilegian a determinados profesionales, está enviando un mensaje peligroso: que existen distintas reglas según el grado de notoriedad o afinidad política.
El Gobierno de Pedro Sánchez tampoco puede eludir su responsabilidad. RTVE es una entidad pública y, como tal, refleja los valores y prioridades del Ejecutivo. Permitir que persistan contratos opacos o fórmulas de facturación controvertidas en los servicios informativos socava el discurso oficial sobre igualdad, transparencia y justicia fiscal.
Silvia Intxaurrondo, que ha construido una carrera visible en medios públicos y privados, encarna el dilema de un sistema donde los límites entre profesionalismo y privilegio se difuminan. El periodismo público no solo debe informar: debe dar ejemplo. La credibilidad de una presentadora que exige transparencia a los políticos en directo se pone en entredicho cuando las dudas recaen sobre su propia forma de relación contractual con el Estado.
RTVE necesita una reforma profunda. La transparencia no puede ser un gesto simbólico, sino una política estructural. Publicar de manera íntegra los contratos, detallar los vínculos societarios y someter la gestión a auditorías públicas sería un paso decisivo.
Mientras tanto, cada nuevo episodio —como el de Silvia Intxaurrondo— erosiona un poco más la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y deja al descubierto un sistema donde la ejemplaridad parece siempre postergada.
El papel de los medios públicos debe ser informar con independencia, cuestionar al poder y garantizar el derecho de los ciudadanos a una información veraz y completa. Cuando se percibe que determinados presentadores o programas siguen una línea editorial alineada con el Ejecutivo, surgen dudas legítimas sobre la autonomía periodística.
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