Un nuevo informe acorrala a Torres y lo deja al borde de la imputación

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil prepara un informe que podría sacudir al Gobierno de Pedro Sánchez. El documento incluiría pruebas que apuntan directamente al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, por su implicación en la conocida trama de las mascarillas. 

Los agentes habrían encontrado indicios «contundentes» de que el ministro adjudicó contratos millonarios a la empresa Soluciones de Gestión, pese a conocer que gran parte del material suministrado no era apto para uso sanitario.

En plena pandemia, Torres —entonces presidente de Canarias— autorizó pagos por casi 12 millones de euros para la compra de 4,7 millones de mascarillas FFP2 y KN95 destinadas a hospitales. Buena parte de ellas resultaron falsas o con certificaciones irregulares, aunque el dirigente socialista habría mantenido contacto directo con los empresarios implicados para agilizar los pagos, como destapo Impacto España Noticias en el año 2021.

 De hecho, reconoció ante el Senado haber autorizado el abono de cinco millones de euros a la citada compañía tras una mediación del exasesor Koldo García.

 El informe de la UCO, cuya entrega se considera «inminente», podría marcar un antes y un después en el llamado caso PSOE. Si el juez Ismael Moreno estima que los hechos revisten indicios de delito, elevaría una exposición razonada al Tribunal Supremo para solicitar la imputación formal del ministro, que cuenta con aforamiento por su condición de miembro del Gobierno.

Las pesquisas no se limitan a la etapa de la pandemia. La Guardia Civil también rastrea supuestas irregularidades cometidas por Torres cuando fue alcalde de Arucas, en Gran Canaria, y posteriormente presidente autonómico. Se indagan posibles comisiones y adjudicaciones irregulares antes de su salto al Ejecutivo central.

Las revelaciones sobre los contactos del ministro con los empresarios de la trama agravan su situación. Mensajes de julio de 2020 demuestran que Torres mantuvo comunicación directa con Víctor de Aldama —intermediario clave del caso Koldo— para negociar la compra de test de diagnóstico antes incluso de que su uso fuera obligatorio.

«Buenas tardes, Ángel Víctor, soy Víctor de Air Europa…», comienza uno de los mensajes enviados el 16 de julio de 2020, donde Aldama ofrece gestionar la importación de test a España. El texto fue leído ese mismo día, confirmando que ambos se habían reunido la tarde anterior, algo que el propio ministro negó en sede parlamentaria.

Fuentes del Ejecutivo reconocen en privado que una eventual imputación de Torres sería un golpe demoledor para Sánchez, ya cercado por los escándalos que rodean a varios de sus antiguos colaboradores. El caso llega justo después del informe patrimonial de la UCO sobre José Luis Ábalos, en el que se documentaron sobres con el logotipo del PSOE supuestamente destinados al exministro y a su asesor Koldo García.

La trama, que comenzó como un caso de corrupción durante la gestión del material sanitario en la pandemia, amenaza ahora con salpicar de lleno a la cúpula socialista y abrir una nueva crisis en el seno del Gobierno.

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