El gobierno aprueba la deducción de 95 euros en la nómina para la Seguridad Social

La entrada en vigor definitiva del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), prevista para el 1 de enero de 2026, marca un nuevo capítulo en la larga lista de medidas fiscales que afectan directamente al bolsillo de los trabajadores españoles.

Lo que el Gobierno presenta como un gesto de solidaridad intergeneracional, destinado a reforzar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, se traduce en la práctica en una nueva deducción permanente en las nóminas de millones de empleados y autónomos.

El instrumento, regulado por el Real Decreto-ley 2/2023, tiene como objetivo fortalecer la llamada “hucha de las pensiones”, que años atrás fue prácticamente vaciada para hacer frente a las tensiones presupuestarias del sistema. El Ejecutivo asegura que el MEI es una medida necesaria ante el envejecimiento de la población y el inminente retiro de la generación del baby boom. Sin embargo, detrás de ese discurso de prudencia demográfica se esconde una realidad incómoda: el peso de la sostenibilidad del sistema vuelve a recaer, una vez más, sobre los hombros de los contribuyentes.

Una cotización obligatoria y permanente
A diferencia de medidas transitorias aplicadas en otras épocas, el MEI tiene un carácter estructural y permanente. No se trata de una aportación temporal para equilibrar el sistema, sino de una nueva cotización que se consolidará año tras año.

A partir de 2026, el tipo de cotización total será del 0,90%, distribuido entre empresa (0,75%) y trabajador (0,15%). Aunque las cifras puedan parecer modestas, el impacto agregado será significativo, especialmente para los trabajadores con bases de cotización medias y altas. Cada mes, una parte mayor del salario bruto se destinará a cubrir esta obligación, sin que el trabajador vea reflejado ni un solo céntimo más en su futura pensión.

Y es aquí donde radica la principal contradicción: el esfuerzo adicional que realizan los empleados no se traduce en un beneficio directo. Es decir, se paga más, pero no se recibe más. Esta es una de las características más polémicas del MEI, pues convierte la cotización en un impuesto encubierto sobre el trabajo, al no generar derechos contributivos adicionales.

El espejismo de la solidaridad intergeneracional
El Gobierno ha insistido en que el mecanismo refuerza la “solidaridad entre generaciones”, presentando la medida como un pacto de responsabilidad colectiva. Sin embargo, muchos economistas coinciden en que esta retórica disfraza un problema estructural no resuelto: la incapacidad del sistema para financiar las pensiones futuras sin recurrir continuamente a mayores cotizaciones o impuestos.

En lugar de abordar una reforma profunda que incentive el empleo estable, la productividad y el ahorro a largo plazo, el Ejecutivo opta por seguir exprimiendo la base fiscal existente. El resultado es una presión contributiva creciente que afecta tanto a trabajadores como a empresas, en un contexto de inflación persistente y pérdida de poder adquisitivo.

Un golpe silencioso a la competitividad y al empleo
Para las empresas, el incremento de cotizaciones representa un nuevo coste laboral. Aunque el Gobierno defienda que la mayor parte del esfuerzo (0,75%) la asume el empleador, la realidad económica demuestra que ese sobrecoste acaba repercutiendo indirectamente en la contratación y en los salarios futuros. En otras palabras, las cotizaciones sociales no son neutras: desincentivan la creación de empleo y limitan la capacidad de las empresas para mejorar las condiciones retributivas de sus trabajadores.

En un país donde el coste laboral total se ha disparado y donde las pymes representan más del 95% del tejido productivo, cada punto adicional de cotización puede suponer la diferencia entre contratar o no a un nuevo empleado.

El MEI, lejos de fomentar la competitividad, profundiza en la rigidez del mercado laboral español, al aumentar los costes fijos asociados al trabajo.

La asfixia fiscal como modelo de gestión
La aplicación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional no puede entenderse de forma aislada. Se suma a un panorama de presión fiscal creciente, en el que los trabajadores soportan una carga cada vez mayor a través de IRPF, cotizaciones sociales, IVA y otros tributos indirectos. La política del actual Gobierno parece haberse asentado sobre un principio simple: recaudar más hoy para evitar los ajustes estructurales que deberían haberse acometido hace años.

El resultado es un modelo económico que penaliza el esfuerzo individual y empresarial, en lugar de premiarlo. En lugar de incentivar la inversión, el empleo de calidad o la productividad, se impone una estrategia cortoplacista que busca equilibrar las cuentas públicas a base de mayores deducciones y cotizaciones.

Un futuro comprometido
El MEI se presenta como la garantía de sostenibilidad del sistema de pensiones. Pero la realidad es que, sin crecimiento económico sólido ni mejoras en la natalidad, ninguna medida recaudatoria podrá sostener por sí sola el equilibrio financiero de la Seguridad Social.

En definitiva, la llamada “equidad intergeneracional” corre el riesgo de convertirse en una transferencia intergeneracional forzosa, donde los jóvenes y los trabajadores actuales financian un sistema que no garantiza su propia viabilidad futura.

España necesita una política de pensiones basada en la responsabilidad y en la eficiencia, no en la continua ampliación de las cargas fiscales. El MEI puede ser una solución a corto plazo, pero a largo plazo amenaza con perpetuar la asfixia fiscal de la clase trabajadora y debilitar la base productiva sobre la que descansa el propio sistema de bienestar.

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