El juez del Supremo ve indicios de financiación irregular y blanqueo en los sobres con efectivo del PSOE

El Tribunal Supremo ha solicitado a la Audiencia Nacional que valore la apertura de una investigación formal sobre una serie de pagos en efectivo realizados por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su antiguo asesor, Koldo García Izaguirre.

Esta decisión se enmarca en el conocido “caso Koldo”, una causa que analiza presuntas irregularidades en la contratación pública durante la pandemia de COVID-19 y que ha derivado ahora en un nuevo frente que afecta a las finanzas internas del partido.

El origen de la investigación
La medida del Supremo responde a los informes remitidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que detectaron discrepancias significativas entre los registros contables oficiales del PSOE y los movimientos económicos que habrían beneficiado a Ábalos y a su colaborador más cercano. Según estos documentos, parte de los pagos realizados entre 2017 y 2021 habrían sido efectuados en metálico, sin respaldo documental suficiente ni constancia bancaria clara.

Los investigadores han señalado que ciertos gastos, registrados como dietas, reembolsos o compensaciones de desplazamiento, no coincidirían con los justificantes entregados. En algunos casos, incluso, existirían mensajes y comunicaciones internas que apuntarían a entregas de dinero en sobres en la propia sede del partido.

Citaciones y requerimientos
El magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, acordo citar como testigos al exgerente del PSOE, Mariano Moreno Pavón, y a una empleada del área económica, Celia Rodríguez Alonso. Ambos deberán aclarar las circunstancias en las que se produjeron los pagos y aportar documentación que justifique el uso del efectivo en esas operaciones.

Paralelamente, el alto tribunal ha solicitado al PSOE la entrega detallada de todas las operaciones financieras vinculadas con Ábalos y Koldo García, así como las que afecten a otros dirigentes que pudieran haber intervenido en la gestión de fondos internos. El requerimiento incluye movimientos de caja, donaciones, retribuciones y dietas desde el año 2017.

Discrepancias en las cifras
De acuerdo con la documentación aportada por el propio partido, entre 2017 y 2021 Ábalos habría percibido aproximadamente 19.600 euros en concepto de gastos, mientras que Koldo García habría recibido unos 12.700 euros. Sin embargo, la UCO considera que los importes reales podrían ser superiores o no coincidir plenamente con lo declarado.

Además, los investigadores atribuyen al exministro una serie de gastos personales sin justificación bancaria por un valor cercano a 95.000 euros, cifra que ha levantado sospechas sobre un posible flujo de dinero no registrado procedente de fuentes ajenas a su salario oficial o a las cuentas del partido.

Posibles irregularidades contables
El auto judicial sugiere la existencia de “una fuente irregular de ingresos” y apunta la posibilidad de que Koldo García hubiera asumido pagos o transferencias que, en realidad, correspondían a Ábalos. Esta práctica, de confirmarse, podría implicar la existencia de mecanismos de financiación opaca o desvío de fondos internos dentro del aparato del partido.

Los investigadores no descartan que parte de esos fondos pudieran proceder de donaciones no declaradas o de reembolsos gestionados al margen de los canales oficiales de control económico.

Reacción del PSOE
Desde la dirección del PSOE se defiende que todos los pagos realizados a sus cargos y empleados están debidamente justificados, tanto en metálico como mediante transferencia. El partido sostiene que los registros contables se encuentran auditados y en orden, y que cualquier discrepancia detectada por la Guardia Civil obedece a “errores administrativos menores o diferencias de interpretación documental”.

No obstante, la instrucción judicial ha detectado varias inconsistencias entre la documentación remitida y los movimientos de caja que constan en los informes de la UCO, lo que ha llevado al Supremo a ampliar las diligencias y solicitar la intervención de la Audiencia Nacional.

El contexto del caso Koldo
Este nuevo capítulo se suma a la investigación principal del caso Koldo, en el que se analizan presuntas comisiones ilegales y contratos irregulares en la adquisición de mascarillas durante la pandemia. Koldo García, considerado la mano derecha de Ábalos en el Ministerio de Transportes, fue detenido en el marco de esa operación y se encuentra actualmente imputado por delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

El propio Ábalos, que en un primer momento negó cualquier vinculación con las actividades de su exasesor, ha tenido que dar explicaciones públicas sobre su papel en la gestión de esos contratos y sobre su relación económica con Koldo.

Próximos pasos judiciales
La Audiencia Nacional deberá ahora determinar si existen méritos suficientes para abrir una investigación específica sobre los pagos en metálico del PSOE. De ser así, se podría incoar una nueva pieza separada dentro del procedimiento general del caso Koldo.

Por el momento, ni Ábalos ni Koldo han sido formalmente imputados por esta vertiente concreta de la investigación. Ambos se han acogido a su derecho a no declarar ante el Supremo mientras no se concrete el alcance de las diligencias.

Fuentes judiciales prevén que, en las próximas semanas, el alto tribunal reciba nuevos informes periciales y documentación contable del partido que podrían resultar determinantes para decidir si se amplía la investigación.

Un caso con implicaciones políticas
El avance de esta investigación supone un nuevo desafío para el PSOE, que se enfrenta a la presión política de la oposición y a la exigencia de transparencia por parte de sus propios militantes. La posibilidad de que existieran pagos opacos dentro del partido amenaza con erosionar aún más la credibilidad de su estructura financiera y de su dirección.

El Tribunal Supremo, por su parte, ha insistido en que su actuación se limita al esclarecimiento de los hechos y a la búsqueda de responsabilidades, sin prejuzgar la posible implicación penal de los investigados.

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