La trama Leire cobraba comisiones por recibir inmigrantes ilegales

La investigación judicial sobre la denominada trama Leire ha sacado a la luz una compleja red de intermediación, presuntas comisiones ilegales y uso de sociedades mercantiles como instrumentos para canalizar beneficios económicos derivados de rescates públicos y contratos con la Administración.

En el centro de esa operativa, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se sitúa una sociedad mercantil con escasa actividad conocida, pero con un papel considerado esencial por los investigadores: Mediaciones Martínez, actualmente rebautizada como Promociones Inmobiliarias Ku-Ma.

Los informes incorporados al sumario apuntan a que esta empresa habría servido como vehículo para canalizar pagos presuntamente ilícitos cobrados por un grupo de intermediarios que utilizaban su acceso a altos cargos y empresas públicas para influir en decisiones económicas de gran impacto para el erario público.

El grupo Hiroruk y la intermediación en rescates públicos
La presunta red investigada estaría integrada por Leire Díez, Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y Joseba Antxon Alonso, empresario vinculado a la mercantil Servinabar. Este núcleo, al que los investigadores denominan grupo Hiroruk, habría actuado de forma coordinada para obtener beneficios económicos a cambio de facilitar rescates financieros y adjudicaciones públicas impulsadas por organismos dependientes de la SEPI.

De acuerdo con las diligencias judiciales, el grupo ofrecía a determinadas empresas su capacidad de mediación y su red de contactos dentro de la Administración. A cambio, estas compañías habrían abonado comisiones que posteriormente se facturaban a través de Mediaciones Martínez mediante servicios presuntamente simulados o carentes de justificación real.

El empresario señalado como recaudador
Detrás de Mediaciones Martínez figura el empresario Carmelo Aznárez, a quien la UCO atribuye un rol central dentro de la presunta operativa. Los investigadores sostienen que Aznárez habría actuado como una suerte de recaudador o canalizador de fondos, gestionando los pagos realizados por las empresas beneficiarias de las decisiones administrativas favorables.

Según el análisis patrimonial realizado durante la investigación, una parte sustancial del dinero ingresado en esta sociedad se habría destinado a inversiones inmobiliarias, principalmente en Marbella (Málaga) y Jaca (Huesca), activos que los investigadores consideran presuntamente compartidos por los miembros del grupo.

El auto judicial detalla, además, beneficios directos para el expresidente de la SEPI, incluyendo la atribución personal de al menos 49.350 euros, percibidos mediante transferencias bancarias e ingresos en efectivo.

Una empresa creada en plena crisis migratoria
Uno de los elementos que ha despertado especial interés en la investigación es la creación, en marzo de 2024, de una nueva sociedad vinculada al mismo empresario: Residencias Tuteladas de Aragón. La firma fue constituida en un contexto de fuerte presión migratoria en Canarias, cuando el archipiélago atravesaba una de las mayores crisis de llegadas de inmigrantes por vía marítima de los últimos años.

A finales del primer trimestre de 2024, las cifras oficiales reflejaban un incremento sin precedentes de personas que alcanzaban las islas en pateras y cayucos, lo que desbordó la capacidad de acogida de las autoridades autonómicas y generó un intenso debate político sobre la necesidad de reformar la Ley de Extranjería y redistribuir a los inmigrantes entre las comunidades autónomas.

Residencias Tuteladas de Aragón fue creada con un objeto social centrado en la acogida residencial de inmigrantes y el desarrollo de proyectos de integración, incluyendo también servicios en centros de atención a personas mayores. La empresa fijó su sede en las inmediaciones de Zaragoza e inició formalmente su actividad el 21 de marzo de 2024.

Operaciones bajo sospecha y cifras millonarias
La UCO sostiene que el grupo Hiroruk habría intervenido en al menos cinco operaciones de especial relevancia económica, logrando decisiones favorables por parte de distintas administraciones públicas y empresas estatales. El volumen total de ayudas y contratos asociados a estas actuaciones asciende a 132,9 millones de euros, mientras que las comisiones percibidas superarían los 750.000 euros.

La principal operación investigada es el rescate financiero a la empresa Tubos Reunidos, aprobado por la SEPI por un importe de 112,8 millones de euros. Los investigadores consideran acreditado que el grupo realizó gestiones orientadas a la concesión de esta ayuda, percibiendo posteriormente 114.950 euros a través de facturación emitida por Mediaciones Martínez, calificada como presuntamente falsa.

Otra actuación relevante afecta a Sepides, entidad participada por la SEPI, que concedió 17,3 millones de euros en ayudas a una empresa del grupo Forestalia. Según los informes policiales, el otorgamiento de estas ayudas habría estado condicionado al pago previo de 200.000 euros en comisiones.

La investigación también señala la adjudicación de un contrato de 2,8 millones de euros por parte del Parque Empresarial del Principado de Asturias a una unión temporal de empresas, a cambio de una contraprestación de 400.000 euros para el grupo intermediario. A ello se suman otros contratos de menor cuantía vinculados a entidades públicas como Mercasa y actuaciones relacionadas con sobrecostes en empresas del sector energético.

Indicios de una actividad prolongada en el tiempo
El juez instructor del caso considera que los indicios recopilados permiten inferir que esta presunta actividad ilícita no fue puntual, sino que se habría desarrollado de forma continuada entre 2021 y 2023, extendiéndose a distintos puntos del territorio nacional y afectando a varias administraciones públicas.

Aunque los investigados fueron puestos en libertad con medidas cautelares, la causa sigue abierta y se encuentra en fase de instrucción, a la espera de nuevas diligencias que permitan determinar el alcance definitivo de las responsabilidades penales.

La trama Leire se perfila así como un caso de especial relevancia por la magnitud de los fondos públicos implicados, la presunta utilización de estructuras societarias para ocultar comisiones y la implicación de antiguos altos cargos en decisiones clave del sector público empresarial. Su evolución judicial marcará, previsiblemente, uno de los procesos más sensibles en el ámbito de la gestión de ayudas públicas en los últimos años.

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