Endesa culpa al Gobierno de la subida de la luz por el coste de los «refuerzos» contra los apagones

Estamos en días de presentación de resultados del tercer trimestre en las grandes empresas. La labor de los gabinetes de comunicación es disimular los datos malos y destacar los buenos, con enrevesados conceptos fiscales, como EBIT, EBIDTA, CAPEX, EBITDAaL – CapEx…

Todo va bien, y aquí es verdad, las empresas españolas ganan dinero no sólo en España, sino también en el extranjero aumentan sus beneficios y reparten más dividendos. Y además el Ibex-35 sube casi un 40% en el año y supera su marca de hace 18 años (lo que indica el estancamiento de la economía española). Todos ganan, hasta Hacienda.

 De vez en cuando, aparecen perlas dejadas a posta por el consejo de dirección. Y por eso los periodistas avezados las revisan con atención. En la nota de Endesa, la eléctrica pública fundada por Francisco Franco y privatizada por el socialista Felipe González y el centrista José María Aznar, décima empresa en capitalización del Ibex, se encuentra la explicación al encarecimiento de la luz en los últimos meses, en concreto desde el apagón del 28 de abril.

 Según la nota, el precio medio del pool eléctrico ha crecido un 21% en los nueve primeros meses del año, hasta 63 euros/MWh, «a los que suman otros 17 euros en promedio de costes asociados fundamentalmente a la operativa reforzada que está aplicando el operador del sistema tras el apagón».

 Es decir, 80 euros/MWh, de los que un 20% se debe a la obsesión del Gobierno socialista con las energías renovables. Los aerogeneradores y los campos de placas solares, como estamos comprobando, no son ni más seguras ni más baratas, aunque algunos se estén enriqueciendo con ellas, merced a las subvenciones gubernamentales.

El consejero delegado de Endesa, el ingeniero madrileño José Bogas, intervino el jueves 30 en los Foros de Vanguardia y habló sin recurrir a eufemismos ni condicionales. Afirmó rotundo que «las centrales nucleares tendrán que ampliar su vida útil», aunque el Gobierno socialista quiere que estén todas cerradas en 2035, según el plan elaborado por Teresa Ribera, actualmente vicepresidenta de la Comisión Europea.

 Las razones son la guerra de Ucrania, el auge de los centros de datos, la competitividad europea frente a EEUU y China, la electrificación acelerada en Europa y la necesidad de fuentes no emisoras de CO2 y estables. Al final, la realidad hará entrar en razón a Pedro Sánchez y al PSOE.

Endesa es la principal propietaria de las centrales de Vandellós y Ascó I y II, que aportan casi el 60% del consumo eléctrico de Cataluña. Si se cerraran, Bogas dijo que la región «se quedaría sin energía» y desaparecería la industria, ya que no dispone de otras fuentes viables.

Entre la lista de datos que dio, otro que destaca es el de que de los casi 57.000 enganches fraudulentos que registró Endesa en su red de ámbito nacional en 2024, Cataluña concentró un 40%. Y de éstos, sólo un 4% correspondía a plantaciones ilegales de marihuana; el resto, desveló Bogas, se trataba de fraudes cometidos por personas con poder adquisitivo suficiente. «No son los pobres», señaló.

Atribuyó el apagón a «una mala decisión de Red Eléctrica Española, aunque ellos no opinan lo mismo», sobre las energías renovables. El origen del apagón se encuentra en una zona del suroeste de España donde estaban programados por REE muchos grupos de renovables (16.000 MW), que fallaron y el sistema no pudo reemplazar el fluido faltante por falta de centrales síncronas.

La seguridad cuesta mucho
Bogas explicó que en 2011, REE fijó el umbral de tensión a partir de los 435 kV, cuando en el resto de Europa se encuentra en 420 kV debido a las oscilaciones del sistema, a partir de la introducción de renovables a principios de la década de los 2010. Y esta diferencia tiene consecuencias cuando se sufre una caída y no hay medios suficientes para recuperarla.

Sin embargo, el riesgo ahora de un apagón general es bajo, aunque se estén produciendo otros locales, como los registrados en Cuenca y el norte de Madrid. Y ello se debe que «tenemos treinta centrales de ciclo combinado de gas conectados y algunos días cuarenta», cuando el 28 de abril sólo había siete, por decisión de REE. «Tenemos una seguridad de energía síncrona tremenda», resaltó Bogas, pero «la operativa reforzada» ordenada por REE tiene un precio. «Es caro, carísimo».

En Italia, donde está la matriz de Endesa, no hay centrales nucleares desde los años 90 y se genera energía mediante tecnologías que emiten CO2: centrales de fueloil, que queman petróleo, de ciclo combinado, cuyo gas se compra a Argelia, y térmicas, que usan un carbón que también hay que importar. En consecuencia, «la energía es el doble de cara»: hasta finales de septiembre en España el MWh costó menos de 65 euros, sin los costes de la operativa reforzada; y en Italia, unos 140 euros.

El consejero delegado de Endesa afirmó que el coste de esta seguridad ronda «unos 1.000 millones de euros». El efecto para los consumidores en sus facturas es de unos cuatro euros por kWh en una factura de 120 euros. La presidenta de REE, la exministra socialista Beatriz Corredor, dijo a principios de octubre que el coste de la operativa reforzada hasta septiembre alcanza sólo los 371 millones de euros.

De acuerdo con el discurso de Bogas, Endesa, junto con Iberdrola y Naturgy, solicitó oficialmente al Gobierno el mismo 30 de octubre la prórroga del funcionamiento de la central nuclear de Almaraz (Cáceres), cuyos dos grupos cubren hasta un 7% de la demanda eléctrica nacional, hasta 2030.

Las tres empresas propietarias de la central aducen, aparte de la seguridad comprobada de la instalación por el Consejo de Seguridad Nuclear, que su potencia constante y su capacidad de respuesta inmediata «la convierten en un elemento estabilizador del sistema eléctrico español en una etapa de transición en la que la producción renovable depende del viento y del sol».

La razón de la sinceridad
Bogas se atreve a criticar algunas de las medidas fundamentales del Gobierno y refutar al propio Sánchez. El socialista mintió al declarar en mayo que el apagón no había tenido relación ninguna con las renovables y que para decirlo se basaba en la ciencia, no en la ideología.

¿A qué cabe atribuir semejante sinceridad, inédita entre los directivos de las empresas españolas, sobre todo las que cotizan en bolsa o dependen de concesiones y regulaciones administrativas, como bancos, constructoras, energéticas y televisiones?

Sin duda, a que el 70% del capital de Endesa es propiedad de una empresa extranjera, Enel, que depende de otro Gobierno, el italiano, y no del español. La libertad de expresión de los ejecutivos, como la de muchos otros españoles, al final está mutilada por el miedo o por el negocio. Vivimos rodeados de valientes que sólo lo son en privado, con pocas excepciones.

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