«González Amador desafía al fiscal general: “Borró la verdad para destruir mi versión”»

El juicio que se desarrolla en el Tribunal Supremo ha abierto un nuevo y delicado frente institucional. En el centro del proceso se encuentran Alberto González Amador, empresario y pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de la presunta filtración de un correo electrónico remitido por la defensa del primero. Lo que comenzó como una disputa jurídica se ha convertido en un pulso político y mediático que tensiona las relaciones entre los poderes del Estado.

El origen del conflicto
El caso gira en torno a un correo electrónico que la defensa de González Amador envió a la Fiscalía el 2 de febrero de 2024. En ese mensaje, el empresario manifestaba su disposición a alcanzar un acuerdo de conformidad por dos delitos fiscales, con el fin de evitar una eventual pena de prisión. Un mes más tarde, ese documento se haría público, desencadenando un escándalo político de grandes proporciones.

La instrucción judicial sostiene que el fiscal general pudo haber facilitado la información a un periodista, aunque él niega de forma tajante haber participado en ninguna filtración. Según las diligencias practicadas, el correo llegó a manos de la Fiscalía y, poco después, acabó en conocimiento de los medios, lo que ha alimentado la sospecha de una revelación de secretos.

Las acusaciones de González Amador
En su comparecencia ante el Supremo, González Amador denunció lo que considera una actuación “dirigida y parcial” por parte de la Fiscalía y la Agencia Tributaria. Sostuvo que la inspección fiscal iniciada contra una de sus sociedades en 2022 se amplió de forma irregular después de hacerse pública su relación con la presidenta autonómica. “Sabían perfectamente quién era y actuaron con un propósito político”, declaró el empresario, visiblemente alterado, durante su testimonio.

González Amador aseguró que la investigación se transformó en una auténtica persecución y que, si no se hubiera “borrado la verdad”, podría demostrar su inocencia. Según su versión, el procedimiento administrativo se amplió de forma “injustificada” a su persona física y a otras empresas vinculadas, extendiéndose a ejercicios fiscales posteriores sin base legal suficiente.

La defensa del fiscal general
Frente a esas acusaciones, Álvaro García Ortiz ha rechazado de plano cualquier implicación en la filtración del correo. A preguntas de la teniente fiscal del Supremo, negó haber compartido el documento con nadie fuera del ámbito judicial. “No envié ni facilité ese correo a ninguna persona ajena al procedimiento”, aseguró con rotundidad.

Durante su declaración, el fiscal general explicó que su actuación se limitó a recabar información interna para responder institucionalmente a lo que consideraba un “ataque injusto” contra la Fiscalía. En su relato, la controversia se originó cuando empezaron a circular versiones que aseguraban que el Ministerio Público había ofrecido a González Amador un pacto de conformidad y posteriormente lo había retirado “por órdenes superiores”.

“Eso es falso de principio a fin”, afirmó García Ortiz. “Nadie ofreció ningún pacto, y mucho menos se retiró por indicaciones políticas”. A su juicio, la nota de prensa emitida en aquellos días buscaba únicamente “proteger la integridad y el trabajo de los fiscales”, no dañar la imagen de nadie.

El fiscal general insistió en que jamás habló con el periodista implicado en la filtración y que no atendió llamadas durante el periodo en cuestión. “No soy consciente de haber respondido a ninguna llamada aquella noche; sería imposible mantener la cabeza si respondiera a todas”, explicó, apoyándose en los registros telefónicos aportados por la Guardia Civil, que —según su interpretación— demostrarían que no hubo conversación alguna.

Sin embargo, las acusaciones mantienen que, pese a no existir constancia de llamadas ordinarias, sí se detectó un intercambio de datos compatible con el uso de una aplicación de mensajería durante los minutos posteriores a una llamada perdida del informador. Esa coincidencia temporal sigue siendo uno de los puntos más controvertidos del caso.

El trasfondo político e institucional
Más allá de los aspectos técnicos de la investigación, el proceso ha adquirido un fuerte componente institucional y político. El hecho de que el fiscal general del Estado se siente en el banquillo por un presunto delito de revelación de secretos ha generado un debate inédito sobre los límites de la transparencia, la gestión de la información judicial y la responsabilidad política de las más altas instancias del Ministerio Público.

Para algunos observadores, la causa refleja un enfrentamiento soterrado entre la Fiscalía y determinados sectores del poder político. Para otros, es la consecuencia de la creciente polarización que impregna la vida pública española, donde cada procedimiento judicial se interpreta en clave partidista.

García Ortiz, consciente del simbolismo del caso, concluyó su intervención con una frase que ya se ha convertido en su bandera: “La verdad no se filtra, la verdad se defiende”. Con esas palabras quiso resumir su defensa y marcar distancia respecto a las acusaciones que pesan sobre él.

González Amador, por el contrario, sostiene que esa supuesta defensa de la verdad ha servido para encubrir una actuación irregular que arruinó su reputación y lo convirtió en objetivo político. “Lo que llaman transparencia fue, en realidad, una forma de borrarme del mapa”, dijo ante el tribunal.

Una causa que trasciende a sus protagonistas
El Tribunal Supremo deberá determinar si la difusión del correo fue resultado de una filtración dolosa o de una gestión institucional legítima. Pero más allá del fallo, el proceso ha puesto en evidencia la delgada línea que separa la información pública de la confidencialidad procesal, así como la dificultad de preservar la independencia de las instituciones en un contexto de desconfianza política.

Mientras el juicio avanza, el país asiste a un duelo de versiones enfrentadas: la de un empresario que se considera víctima de una persecución y la de un fiscal que asegura haber actuado en defensa de la institución que representa. En esa pugna, la verdad parece haberse convertido en una moneda de doble cara: defendida y cuestionada al mismo tiempo.

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