VOX se querella contra el ministro Torres por mentir en la comisión Koldo del Senado

El partido de Santiago Abascal acusa al titular de Política Territorial y Memoria Democrática de haber mentido durante sus comparecencias en la comisión del Senado que investiga el denominado caso PSOE. La formación sostiene que un informe de la Guardia Civil contradice sus declaraciones y aporta evidencias que vincularían al ministro con empresarios investigados en la trama de las mascarillas y en el caso hidrocarburos.

 La querella ante el Tribunal Supremo
Vox ha anunciado la presentación de una querella ante el Tribunal Supremo contra el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. La formación considera que el también expresidente del Gobierno de Canarias habría incurrido en un delito de falso testimonio en sede parlamentaria, a raíz de sus declaraciones en la comisión de investigación del Senado sobre las presuntas irregularidades en contratos públicos durante la pandemia.

En el escrito, el partido señala que el informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil “ofrece evidencias probatorias que contradicen radicalmente” las afirmaciones del ministro. Tras analizar las cuatro comparecencias de Torres en la Cámara Alta, Vox concluye que el dirigente socialista “mintió” en cuestiones esenciales relacionadas con su conocimiento y relación con algunos de los principales investigados en el caso.

 Los puntos que sustentarían la acusación
La querella se centra en tres aspectos principales que, según Vox, reflejan las contradicciones entre lo declarado por Torres y la información recabada por los investigadores:

Relación con Víctor de Aldama
Torres negó durante su comparecencia haber mantenido relación alguna con Víctor de Aldama, empresario investigado tanto en el Tribunal Supremo en el marco del caso Koldo como en la Audiencia Nacional por el caso hidrocarburos. Sin embargo, el informe de la UCO incluiría indicios y comunicaciones que demostrarían contacto o conocimiento mutuo, lo que, según la querella, desmentiría las manifestaciones públicas del ministro.

Vínculo con Ignacio Díaz Tapia
El texto también apunta a que Torres habría faltado a la verdad respecto a su relación con Ignacio Díaz Tapia, socio de Aldama en negocios vinculados al sector energético. Vox sostiene que existen referencias cruzadas entre ambos nombres y las gestiones relacionadas con contratos durante la etapa en que Torres presidía el Gobierno de Canarias.
Intervención en los pagos de material sanitario

Otro de los ejes del escrito se refiere a la contratación de material sanitario en Canarias durante la pandemia. En sede parlamentaria, el ministro aseguró que no intervino en la gestión de pagos ni en las propuestas de negocio vinculadas a las compras de mascarillas. No obstante, la UCO habría constatado, según Vox, que Torres “tuvo una participación muy activa e interesada en el éxito del negocio de esta trama”, sugiriendo un grado de implicación mayor del que admitió públicamente.
 
Las diligencias solicitadas
El partido solicita al Tribunal Supremo que practique varias diligencias iniciales, entre ellas la declaración del ministro Torres, así como la de los empresarios Víctor de Aldama e Ignacio Díaz Tapia. También pide la incorporación íntegra del informe de la UCO y la comprobación documental de los hechos que, a juicio de Vox, demostrarían que el ministro no fue veraz ante la comisión parlamentaria.

La querella se dirige al Supremo por tratarse de un aforado, al ocupar Torres actualmente un cargo ministerial. En caso de que el tribunal considere que existen indicios suficientes, podría acordar la apertura de diligencias previas por presunto falso testimonio, tipificado en el artículo 502.3 del Código Penal, que prevé penas de prisión de seis meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses para quien falte a la verdad ante una comisión de investigación parlamentaria.

 Contexto del caso y antecedentes
El origen de esta controversia se encuentra en la trama de adjudicaciones públicas para la compra de mascarillas y otros productos sanitarios durante los primeros meses de la pandemia. La investigación judicial, conocida como caso Koldo, se centra en una presunta red de comisionistas vinculada al exasesor ministerial Koldo García Izaguirre y al exministro José Luis Ábalos.

La Guardia Civil ha remitido recientemente un nuevo informe a los órganos judiciales competentes en el que detalla comunicaciones y gestiones que, según los agentes, podrían apuntar a una participación o conocimiento por parte de distintos cargos públicos de la época. Entre las menciones figura el nombre de Torres, quien era entonces presidente del Gobierno de Canarias y participó en decisiones sobre la adquisición de material sanitario en las islas.

 Respuesta del ministro
Ángel Víctor Torres ha negado rotundamente todas las acusaciones. En declaraciones recientes, el ministro ha insistido en que no tuvo ninguna relación personal o profesional con los empresarios investigados, que no intervino en los contratos ni en los pagos que se cuestionan y que la propia UCO no lo señala como autor de ningún delito. Además, ha anunciado su intención de emprender acciones legales contra quienes difundan informaciones falsas o tergiversadas.

Torres sostiene que su actuación, tanto en el Gobierno canario como en su comparecencia en el Senado, fue “transparente y honesta”, y que las acusaciones responden a una estrategia política para dañar su imagen y la del Gobierno.

 El Tribunal Supremo deberá decidir en las próximas semanas si admite a trámite la querella presentada por Vox. En caso afirmativo, se abriría una fase de diligencias preliminares en la que podrían tomarse declaraciones y solicitarse informes adicionales. Si, por el contrario, el alto tribunal considera que los hechos no constituyen delito o que no existen indicios suficientes, el procedimiento quedaría archivado.

La presentación de esta querella marca un nuevo episodio en la evolución del caso Koldo, que continúa bajo investigación tanto en la Audiencia Nacional como en el Supremo. El desenlace judicial determinará si las afirmaciones del ministro en sede parlamentaria fueron o no veraces, y si las pruebas aportadas por la Guardia Civil tienen la relevancia penal que les atribuye la acusación.

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