El CNIO destituye al ex gerente acusado del desfalco de 25 millones de la lucha contra el cáncer mediante contratos irregulares
Fraccionamiento de contratos para eludir los controles legales y auditorías obligatorias. Sobrecostes desproporcionados, en algunos casos con incrementos presupuestarios que multiplicaban varias veces el precio real de los servicios
El Patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) ha destituido al ex gerente Juan Arroyo, que ahora ocupaba la vicedirección de asuntos económicos, y a dos cargos de su confianza, la secretaria general, Laura Muñoz, y el adjunto a la gerencia, José Ignacio Fernández Vera.
El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), una de las instituciones científicas más prestigiosas del país y referente internacional en la investigación del cáncer, atraviesa una de las mayores crisis de su historia reciente tras la destitución de su exgerente y la caída de varios cargos directivos en medio de una denuncia por presuntas irregularidades económicas y administrativas que podrían haber supuesto un desfalco estimado en hasta 25 millones de euros destinados a la lucha contra esta enfermedad.
La decisión fue adoptada por el Patronato del CNIO —su máximo órgano de gobierno— en una reunión extraordinaria convocada tras hacerse pública una denuncia detallada presentada ante la Fiscalía especializada en corrupción. El documento, de más de cien páginas, apunta que durante aproximadamente dieciocho años se habría establecido un entramado de contratos irregulares entre el centro y diversas empresas supuestamente vinculadas o próximas a antiguos responsables de la institución, generando un lucro injusto mediante adjudicaciones continuadas y presuntamente amañadas.
18 años de supuestas prácticas irregulares
Según la información incluida en la denuncia, el mecanismo habría consistido en un sistema sostenido de adjudicaciones mediante prácticas como:
Fraccionamiento de contratos para eludir los controles legales y auditorías obligatorias.
Sobrecostes desproporcionados, en algunos casos con incrementos presupuestarios que multiplicaban varias veces el precio real de los servicios.
Contratación de empresas cuya actividad principal —y en ciertos casos única— dependía del CNIO, actuando como proveedoras exclusivas sin competencia real.
Facturación por servicios de baja calidad o presuntamente no realizados.
Falta de supervisión técnica, permitiendo que empresas sin personal cualificado obtuvieran adjudicaciones de alto valor económico.
El denunciante, antiguo miembro de la estructura de dirección, sostiene además que quienes intentaron cuestionar internamente estas prácticas habrían sufrido represalias laborales, entre ellas despidos y desplazamiento de funciones.
Destituciones en cadena en la cúpula administrativa
A raíz del estallido del escándalo, el Patronato decidió destituir de inmediato a tres cargos de máxima responsabilidad dentro del organigrama administrativo: el exgerente del centro, la responsable de la secretaría general y un adjunto a la gerencia. Además, se aprobó la eliminación de estos cargos dentro de una reestructuración completa de la gestión interna.
El nuevo gerente, incorporado al puesto en septiembre y que llegó con un mandato orientado a la reorganización y recuperación institucional, propuso una reforma profunda que fue respaldada por unanimidad. Entre las medidas adoptadas se incluye la simplificación de las áreas administrativas, la eliminación de duplicidades, la reorganización de los procesos de control económico y la creación de nuevas herramientas de supervisión interna para evitar situaciones similares en el futuro.
Asimismo, se ha anunciado el envío formal de toda la documentación disponible a la Fiscalía, con el compromiso de plena colaboración institucional en el proceso investigador.
Una crisis con fuerte impacto científico y reputacional
El escándalo llega en un momento especialmente delicado para la investigación biomédica y pone en entredicho no solo la gestión administrativa, sino la credibilidad general de la institución. La repercusión es múltiple:
Impacto reputacional: La imagen pública del CNIO, considerada hasta ahora un emblema de excelencia científica, podría verse gravemente dañada si las sospechas se confirman.
Consecuencias en la financiación: La confianza de organismos financiadores, donantes privados y colaboradores internacionales podría verse afectada.
Deterioro interno: Investigadores y personal técnico han alertado sobre riesgos para la continuidad de proyectos científicos y dificultades para la captación y retención de talento.
Posibles efectos en pacientes y sociedad: Los fondos presuntamente desviados estaban destinados a la investigación y, potencialmente, a desarrollos que repercuten en terapias, diagnósticos y mejoras clínicas.
La situación ha generado preocupación en la comunidad científica y sanitaria, que observa con expectación el desarrollo de la investigación judicial y la recuperación institucional del centro.
Investigación abierta y etapa de incertidumbre
Por el momento, se está a la espera de que la Fiscalía evalúe la documentación recibida y determine si existen indicios suficientes para la apertura de diligencias penales formales. El CNIO ha anunciado una auditoría integral independiente y un plan urgente para reconstruir su estructura administrativa y reforzar los controles de contratación, fiscalización y transparencia.
Para muchos expertos, este caso se ha convertido en un símbolo de la necesidad de mejorar los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas en instituciones científicas financiadas con fondos públicos. La investigación determinará si se trató de negligencias aisladas, mala praxis sistemática o una trama de corrupción consolidada durante años.
El escándalo que golpea al CNIO representa un punto de inflexión en la historia de una de las instituciones científicas más importantes del país. Más allá del impacto económico, este episodio cuestiona el compromiso ético y la integridad en una entidad cuya misión es combatir una de las enfermedades más devastadoras de nuestro tiempo.
La transparencia, la justicia y la reparación —en términos institucionales y sociales— serán claves para reconstruir la confianza perdida. Lo que ocurra en los próximos meses definirá no solo el futuro del CNIO, sino también la credibilidad de la ciencia pública y de su gestión en España.
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