El PSOE archiva la investigación interna por presunto acoso sexual contra el exasesor Francisco Salazar tras la desaparición de denuncias en su canal interno

La dirección federal del PSOE ha dado por concluida la investigación interna abierta a raíz de varias denuncias por presunto acoso sexual dirigidas contra Francisco “Paco” Salazar, quien fuera asesor de Pedro Sánchez en La Moncloa y figura relevante en el partido. La decisión se justifica, según fuentes socialistas, en la solicitud de baja de militancia que Salazar habría presentado recientemente, lo que a juicio de la cúpula del partido hace innecesario continuar con el procedimiento disciplinario.

Sin embargo, según denuncian militantes afectadas, las comunicaciones presentadas a través del canal interno habilitado por el PSOE para casos de acoso desaparecieron del sistema meses después de su registro, sin que recibieran ninguna respuesta sobre el avance de la investigación ni sobre la resolución de sus casos.

 Denuncias presuntamente eliminadas del registro interno
Las mujeres que afirman haber denunciado comportamientos de acoso sexual por parte de Salazar relatan que presentaron sus escritos de forma anónima entre los meses de julio y agosto, siguiendo las instrucciones del protocolo antiacoso del partido. Ambas recibieron avisos automáticos confirmando la correcta presentación de sus solicitudes y la generación de un usuario y contraseña para poder seguir el proceso.

Durante los primeros días tras el registro, el sistema notificó a una de las denunciantes varios cambios de estado en su expediente, lo que llevó a creer que la investigación avanzaba. No obstante, ninguna fue contactada posteriormente por los órganos responsables ni pudieron aportar nuevas pruebas o testimonios, tal como establece el propio reglamento interno.

Meses después, al intentar comprobar el estado de sus expedientes, ambas se encontraron con un mensaje que afirmaba que no existía ninguna documentación presentada en sus perfiles. La desaparición de los registros generó inquietud entre las mujeres, que aseguran sentirse desprotegidas y silenciadas por su propio partido.

 Temor, anonimato extremo y ausencia de respuesta
Una de las denunciantes explica que el clima laboral vivido en el entorno de Salazar le generó un sentimiento permanente de miedo y vigilancia, lo que la llevó a presentar su denuncia desde un ordenador ajeno, en otra provincia, y sin utilizar recursos personales que pudieran identificarla. También asegura que tanto ella como otras compañeras fueron objeto de preguntas y presiones desde distintos ámbitos del partido con el objetivo de averiguar quiénes habían denunciado.

La desaparición de los expedientes ha incrementado aún más la sensación de desamparo que describen las afectadas, quienes sostienen que durante cinco meses no recibieron ningún contacto por parte del PSOE ni fueron informadas de si sus casos estaban siendo instruidos o archivados.

 Explicaciones cambiantes desde la dirección del partido
Preguntadas por lo sucedido, fuentes de la dirección socialista han ofrecido distintas versiones en las últimas semanas. Inicialmente negaron que se hubieran registrado denuncias. Posteriormente, alegaron que al ser anónimas la instrucción resultaba inviable, pese a que el protocolo permite denuncias no nominales precisamente para proteger a posibles víctimas. Finalmente, confirmaron la existencia de al menos dos comunicaciones registradas.

Respecto a la desaparición de las denuncias del sistema, desde la Secretaría de Organización se alude ahora a un fallo técnico. Según explican, el canal interno entra automáticamente en un “modo de ofuscación de datos” transcurridos tres meses desde la presentación para evitar riesgos en caso de hackeo y garantizar el anonimato. Fuentes internas reconocen igualmente una “falta de diligencia evidente” y aseguran que reforzarán los mecanismos de gestión y los equipos jurídicos encargados del procedimiento.

 Archivo del caso tras la baja como militante
La dirección federal considera que, al haber solicitado Salazar su baja voluntaria del partido, continuar con la investigación carece de sentido, dado que la sanción máxima posible sería la expulsión. Por tanto, dan el proceso por finalizado aun reconociendo que nunca se instruyó de forma adecuada y que ningún contacto ha sido realizado con las denunciantes desde el mes de julio.

Sectores críticos dentro del partido consideran que el cierre del expediente resulta precipitado y compromete la credibilidad del protocolo interno de protección frente al acoso, que establece como obligatoria la comunicación continua con las denunciantes, un plazo máximo de tres meses para la resolución —prorrogable a seis en circunstancias excepcionales— y el derecho a recibir apoyo psicológico y laboral durante el proceso.

 Relaciones políticas y actividad profesional de Salazar
Aunque oficialmente se afirma que Salazar no desempeña ya funciones para el Gobierno ni para la dirección del partido, distintas fuentes socialistas sostienen que continúa asesorando de manera informal a dirigentes. Estas mismas fuentes señalan que ha realizado trabajos de apoyo estratégico para responsables del partido en Cataluña y mantiene actividad profesional en América Latina como consultor político, colaborando supuestamente con equipos de Colombia, Uruguay y Costa Rica.

Personas cercanas a la dirección socialista afirman que desde Ferraz se facilitaron contactos internacionales en fechas recientes para favorecer esa nueva etapa profesional.

 El protocolo y la credibilidad interna en cuestión
El caso ha reabierto el debate sobre la eficacia real de los mecanismos internos contra el acoso en el PSOE. El protocolo oficial del partido garantiza:

Acceso permanente al estado del expediente
Notificación formal de la aceptación, tramitación o archivo de la denuncia
Confidencialidad en todo el proceso
Resolución en un plazo máximo de tres meses, prorrogable a seis
Protección laboral y apoyo legal y psicológico a las denunciantes
Ninguna de estas garantías, según las afectadas, se habría cumplido.

 Mientras las denunciantes insisten en que sus casos han sido ignorados y reclaman reabrir la investigación, la dirección socialista da el expediente por concluido y lo atribuye a un fallo técnico y a la salida voluntaria de Salazar del partido. El incidente deja abiertas preguntas fundamentales sobre la transparencia interna del PSOE, el respeto a sus propios protocolos y la protección efectiva frente a casos de acoso en su estructura organizativa.

El feminismo de cartón: cuando el discurso no coincide con los hechos
La gestión del caso de Francisco Salazar ha reabierto un debate incómodo dentro del PSOE: ¿hasta qué punto el partido que se presenta como abanderado del feminismo actúa con coherencia cuando las denuncias afectan a su propio núcleo de poder?

A juicio de sectores críticos del socialismo y de numerosas voces feministas independientes, la respuesta es clara: el partido ha actuado con un doble rasero, ofreciendo una imagen pública contundente contra la violencia machista mientras internamente, presuntamente, ha silenciado denuncias de presunto acoso sexual que afectaban a uno de sus dirigentes con mayor influencia política.

El comportamiento de la dirección socialista —con la desaparición de los expedientes del canal interno, la falta total de comunicación con las denunciantes y el archivo automático tras la supuesta baja de militancia de Salazar— alimenta la sensación de que existe un feminismo exclusivamente decorativo, útil para discursos institucionales y campañas electorales, pero carente de compromiso real cuando se trata de proteger a mujeres dentro de la propia organización.

Quienes participan activamente en los movimientos feministas dentro y fuera del partido sostienen que un feminismo que calla ante presuntos abusos en su interior no es feminismo, sino marketing político. Si la protección de las víctimas se aplica solo cuando el señalado pertenece a otro partido, el mensaje se vuelve hipócrita y profundamente dañino.

Si el PSOE defiende públicamente que “se cree y se acompaña a las mujeres”, ¿por qué dos militantes tuvieron que esperar cinco meses sin ser escuchadas, y por qué sus denuncias desaparecieron del sistema de la noche a la mañana? ¿Por qué no se aplicó el protocolo que el propio partido exhibe como ejemplo de compromiso con la igualdad? ¿Por qué se cerró el caso antes siquiera de investigarlo?

Para muchas mujeres socialistas, la conclusión es dolorosa: el feminismo institucional que afirma representarlas no las protegió. Y si un partido que se define como referencia mundial en igualdad no es capaz de actuar con transparencia frente a denuncias internas, su credibilidad queda profundamente comprometida.

El caso Salazar no solo cuestiona la gestión de un procedimiento concreto, sino el modelo de feminismo que se defiende desde el poder. Un feminismo que tapa, minimiza o silencia denuncias dentro de sus filas no es feminismo: es propaganda. Y la sociedad española, más madura y exigente, empieza a exigir hechos, no eslóganes.

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