El organismo que vigila el uso de Charo cobró miles de euros por adjudicaciones irregulares de Puntos Violeta

El pasado año, el Instituto de las Mujeres —órgano dependiente del Ministerio de Igualdad— elaboró un informe a través del Observatorio de la Imagen de las Mujeres (OIM) en el que sostiene que el uso del apelativo «Charo» representa una forma de misognia y contribuye a fomentar una auténtica «cultura del odio».

 Sin embargo, ese mismo organismo —que presume de pureza política y defensa del feminismo— no está exento de polémicas. En concreto, se investiga a Isabel García Sánchez, exdirectora del Instituto, junto a su pareja, Elisabeth García Busnadiego: ambas gestionan sendas sociedades —Elig Consultoría de Igualdad y Diversidad e IMBER Consultoría de Igualdad— a las que, presuntamente, se les adjudicaron 64 contratos públicos de ayuntamientos gobernados por el PSOE.

 Según publicó este medio en 2024, esas adjudicaciones superaron los 250.000 euros. Entre los contratos aparecen asignaciones en municipios como la localidad madrileña de San Fernando de Henares (gestión entonces dirigida por el socialista Javier Corpas), así como en varias localidades de la Comunidad Valenciana.

Por ejemplo, en junio de 2024, bajo el concepto «EMF 26 junio Silvia Buabent – Elig Consultoría», el ayuntamiento de Catarroja pagó 1.000 euros a estas empresas, recuerda El Debate. En marzo de aquel año, San Fernando de Henares adjudicó a Elig Consultoría 5.050 euros para la elaboración de materiales divulgativos y publicitarios relacionados con las jornadas del 8-M. Una segunda adjudicación, en mayo de 2024, ascendió a 18.041 euros, esta vez a favor de IMBER Consultoría, bajo el pretexto de organizar los denominados «Puntos Violeta» durante las fiestas patronales.

Asimismo, el 1 de julio de 2024, el ayuntamiento de Bonrepós y Mirambell (Valencia) formalizó la adjudicación de la gestión de un Punto Violeta para las fiestas de San Juan a la empresa de la que era responsable la exdirectora. Más ayuntamientos valencianos gobernados por el PSOE —como Catarroja, Picanya, Burjassot, Moncada, Manises, Sueca o Godella— también adjudicaron contratos similares a estas sociedades.

Curiosamente, IMBER Consultoría de Igualdad carece de plantilla de trabajadores y no dispone de página web, según consta en las comprobaciones llevadas a cabo por los medios. Su domicilio social figura en un chalet de la localidad madrileña de Getafe, vinculado a la pareja de la exdirectora. Por su parte, la administradora de la sociedad, Elisabeth García Busnadiego, desempeñó anteriormente tareas como secretaria en el PSOE de Madrid y como asesora en el Senado entre 2019 y 2022.

Este caso pone en entredicho tanto la credibilidad del Observatorio de la Imagen de las Mujeres como la de quienes lo dirigieron, al tiempo que plantea serias dudas sobre los procesos de selección y adjudicación de fondos públicos destinados a políticas de igualdad.

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