El perito Francisco Javier Martín Porras, que cuestiona los audios del caso Cerdán, fue indultado en 2009 tras una condena por falsificación de moneda
La pena impuesta ascendía a ocho años de prisión y una multa aproximada de un millón de euros. Tras quedar firme la condena, Martín Porras ingresó voluntariamente en un centro penitenciario para comenzar su cumplimiento
El informe presentado por la defensa de Santos Cerdán ante el Tribunal Supremo se apoya, entre otros especialistas, en el análisis del perito informático Francisco Javier Martín Porras, cuya trayectoria incluye una condena firme por falsificación de moneda y otros delitos cometidos a comienzos de los años 2000. El técnico, que también ejerce como abogado, recibió un indulto parcial del Gobierno en 2009, tres años después de su ingreso voluntario en prisión.
Una condena por falsificación de billetes y apoyo técnico a la red delictiva
Martín Porras fue condenado por la Audiencia Nacional como cooperador necesario de un delito de falsificación de moneda, una resolución que posteriormente fue ratificada por el Tribunal Supremo en 2006. La investigación judicial determinó que el jefe de la trama adquirió al perito el equipamiento informático utilizado para producir billetes falsos, y que él se ocupó de mantenerlo y asegurar su funcionamiento.
Según los hechos recogidos en la sentencia, la red llegó a introducir en circulación 18.565 billetes falsificados, entre ellos 538 billetes con valor facial de 1.000 pesetas, 1.054 de 2.000 pesetas y 16.973 de 5.000 pesetas. El entramado también se dedicaba al tráfico de cocaína y hachís, actividades que fueron consideradas parte del conjunto delictivo.
La pena impuesta ascendía a ocho años de prisión y una multa aproximada de un millón de euros. Tras quedar firme la condena, Martín Porras ingresó voluntariamente en un centro penitenciario para comenzar su cumplimiento.
El indulto del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero
En abril de 2009, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó un indulto parcial a favor de Martín Porras. El Consejo de Ministros acordó la remisión de la mitad de la pena de cárcel, siempre que el beneficiado no volviera a cometer un delito doloso en los ocho años siguientes a la publicación del decreto.
La medida de gracia fue tramitada a propuesta del entonces ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y quedó recogida en el Boletín Oficial del Estado el 22 de abril de 2009.
Reconversión profesional: abogado, docente y consultor
Tras cancelar sus antecedentes penales —requisito imprescindible para ejercer como abogado—, Martín Porras se colegió en los Ilustres Colegios de Abogados de Alicante (2024) y Madrid (2025). En la actualidad desarrolla una actividad profesional que combina el ámbito jurídico y la informática forense.
También figura como profesor en la Facultad de Informática y Criminología de la Universidad Isabel I de Castilla en Burgos, y como consultor de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Además, dirige un laboratorio especializado en pericias forenses tecnológicas y participa regularmente en procedimientos judiciales.
Su papel en la defensa de Santos Cerdán
La defensa de Santos Cerdán —antiguo número dos del PSOE— ha presentado a Martín Porras como director técnico de un laboratorio pericial forense, destacando su experiencia en análisis de dispositivos móviles, criminalística, derecho, ciberseguridad y ciberdelincuencia. El informe remitido por los letrados del dirigente socialista subraya este perfil híbrido como un elemento clave de la pericia.
Junto al también perito Hernán López Mayoralas, Martín Porras sostiene que los audios grabados por Koldo García, exasesor del Ministerio de Transportes, y que constituyen una de las principales pruebas contra Cerdán, habrían sido procesados, transferidos o manipulados en algún momento posterior a su grabación. Esta tesis busca cuestionar la validez y autenticidad del material sonoro aportado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
El informe forma parte de la estrategia de la defensa para desacreditar unas grabaciones que han adquirido un papel central en el procedimiento judicial en curso.
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