Un despacho con operaciones en Suiza aloja empresas del socio de Cerdán, Forestalia y la familia Sumelzo en un entramado que levanta alarmas

Documentación mercantil y diversas investigaciones han puesto bajo el foco una compleja red empresarial que conecta a Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán, con sociedades de Forestalia —el gigante aragonés de las renovables— y con empresas administradas por familiares de Susana Sumelzo, actual secretaria de Estado para Iberoamérica y Caribe, dirigente muy cercana al presidente Pedro Sánchez.

El análisis de domicilios sociales, administradores, pagos y movimientos societarios revela un entramado en el que convergen intereses empresariales y vínculos personales con figuras de alto nivel político. Aunque no existen conclusiones judiciales, los documentos disponibles plantean interrogantes sobre la transparencia, la influencia política y el uso de estructuras societarias con escasa actividad real.

 Antxon Alonso y su vínculo con Santos Cerdán
El empresario Antxon Alonso aparece como pieza central del entramado. En 2022 impulsó la creación de Next Generation Caliope Innova SL, una sociedad supuestamente dedicada a proyectos de energías renovables.

La figura de Alonso llama la atención porque es socio de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE y uno de los dirigentes más influyentes del partido durante la última década. Ambos comparten participación en la empresa Servinabar SL, que según documentación consultada recibió pagos de compañías vinculadas al sector renovable.

A pesar de su objeto social, Next Generation Caliope Innova no habría registrado actividad significativa, ni facturación, a pesar de declarar activos superiores a dos millones de euros. Esta inactividad operativa unida a los movimientos económicos de Servinabar ha despertado preguntas sobre el propósito real de estas sociedades.

 Forestalia, un gigante en plena expansión
Dentro del mismo ecosistema empresarial aparece Forestalia, uno de los grupos renovables más poderosos del país y presidido por el empresario Fernando Samper. La compañía ha protagonizado una expansión meteórica desde 2016, acumulando miles de megavatios en proyectos eólicos y fotovoltaicos y consiguiendo importantes autorizaciones administrativas.

Varias sociedades vinculadas a Forestalia han compartido domicilio social en Madrid con empresas relacionadas con Antxon Alonso. Entre ellas, la sede utilizada por el bufete que tramita gran parte de estas sociedades.

Además, la documentación analizada sugiere que Alonso y Cerdán habrían mediado en 2023 ante el Ministerio para la Transición Ecológica en proyectos clave para el grupo, como la línea de Muy Alta Tensión (MAT) de más de 250 kilómetros entre Aragón y el País Vasco.

 La familia de Susana Sumelzo en el entramado societario
Otro elemento relevante de esta red es la presencia de familiares directos de Susana Sumelzo, actual secretaria de Estado para Iberoamérica y una de las dirigentes socialistas más próximas a Pedro Sánchez.

Su hermano,y su primo, han figurado como administradores de empresas del sector renovable que, según los registros mercantiles, han compartido dirección y sede con sociedades relacionadas tanto con Forestalia como con Antxon Alonso.

Además, parte de los pagos recibidos por Servinabar SL —la empresa que Alonso comparte con Santos Cerdán— procedieron de una sociedad administrada por un familiar directo de Sumelzo.

La versión de Susana Sumelzo
La secretaria de Estado ha asegurado en repetidas ocasiones que no mantiene ninguna relación económica con las sociedades de su familia y que jamás ha intervenido en su actividad profesional. Reitera que su trayectoria política es independiente y que cualquier relación empresarial de sus allegados forma parte de su esfera privada.

 
El despacho con sede en España y operaciones en Suiza
Uno de los elementos más llamativos es el papel de un bufete jurídico con sede en Madrid y actividad declarada en Suiza. Este despacho ofrece servicios de asesoría legal y domiciliación de empresas, y en una misma dirección han llegado a coincidir: sociedades vinculadas a Forestalia, la empresa de Antxon Alonso, y sociedades administradas por familiares de Sumelzo.

El uso de una única dirección para múltiples sociedades con vínculos cruzados entre sí, unido a la presencia internacional del bufete, ha generado preguntas sobre la transparencia de la estructura y la finalidad concreta de estas empresas, muchas de ellas con escasa actividad económica.

 Pagos, intermediación y gestiones administrativas
Los documentos analizados reflejan:

Pagos superiores a los 160.000 euros a Servinabar SL por parte de empresas del sector renovable.
Entre esos ingresos figuran más de 12.000 euros procedentes de una empresa administrada por un familiar de Susana Sumelzo.

La presunta intermediación de Alonso y Cerdán ante el Gobierno para facilitar proyectos energéticos estratégicos para Forestalia.

La existencia de sociedades “vehículo” o “de proyecto”, muy comunes en el sector renovable, pero que en este caso presentan patrones de inactividad y cambios de administrador que han levantado sospechas.

Estos elementos no demuestran ilícitos por sí mismos, pero sí presentan una estructura empresarial inusualmente interconectada entre actores políticos, familiares directos y grandes intereses económicos.

 Un gigante bajo críticas crecientes
Forestalia ha sido, desde su irrupción, una compañía rodeada de controversias regulatorias:

cuestionamientos sobre fragmentación de proyectos, críticas por la rapidez en la obtención de permisos, contratación de expolíticos como asesores o directivos, tensiones con grandes eléctricas tradicionales.

La aparición de nuevas conexiones entre el grupo y el entorno de Cerdán y Sumelzo amplifica las dudas sobre la influencia política en los procesos administrativos del sector renovable.

 Un caso que reabre el debate sobre la transparencia
El análisis conjunto de empresas, domicilios, pagos y relaciones personales apunta a un entramado donde convergen intereses económicos, políticos y familiares:

Antxon Alonso, Santos Cerdán, Forestalia, Fernando Samper, y familiares directos de Susana Sumelzo
aparecen vinculados, directa o indirectamente, a una arquitectura societaria que ahora está bajo escrutinio.

Aunque no se han establecido responsabilidades legales ni se han probado irregularidades, la suma de coincidencias y relaciones cruzadas plantea preguntas relevantes:

¿Es adecuada la supervisión de las estructuras societarias en el sector renovable?
¿Debe reforzarse la transparencia en los vínculos entre empresas y cargos públicos?
¿Hasta qué punto la influencia política puede afectar a la tramitación de grandes proyectos energéticos?

Lo cierto es que, en un momento en el que las energías renovables reciben miles de millones en inversión y están en el centro de la política energética española, casos como este obligan a revisar los mecanismos de control y la independencia de los procesos administrativos.

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