Corrupción Por: Impacto España Noticias13 de enero de 2026

La nueva Fiscal General del Estado puesta por el Gobierno decide que García Ortiz no quedará inhabilitado ni suspendido de su carrera

Peramato firma un decreto de la Inspección Fiscal que concluye que, igual que ocurre con los jueces, sin pena de prisión no es necesaria la expulsión de la Fiscalía
Teresa Peramato

La Fiscalía General del Estado ha dado un giro inesperado al permitir que Álvaro García Ortiz, exfiscal general condenado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos, pueda reincorporarse como fiscal en la carrera fiscal a pesar de su inhabilitación de dos años.

 Esta decisión se ampara en la Inspección Técnica, que concluye que al igual que los jueces los fiscales no deben ser expulsados automáticamente de la carrera si no existe pena de prisión firme, lo que abre la puerta a un regreso controvertido a la escena judicial.

 El caso de García Ortiz se remonta a noviembre de 2025, cuando el Tribunal Supremo le halló culpable de filtrar información confidencial relacionada con un caso fiscal vinculado al novio de una destacada líder política del Partido Popular, sentenciándole a dos años de inhabilitación, una multa y una indemnización a la parte afectada.

 Sin embargo, la sentencia no fue unánime: dos magistrados se opusieron a la condena y existe un intenso debate jurídico sobre si la publicación de datos que ya estaban en manos de la prensa constituía realmente un delito de revelación de secretos.

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La decisión de la Inspección Técnica ha encendido las alarmas en sectores de la judicatura y de la política. Para críticos de la gestión del Ministerio Público, permitir que un fiscal condenado por filtrar secretos pueda reincorporarse debilita la confianza en la imparcialidad de la Fiscalía y abre una brecha en la separación de poderes.

 Su defensa, en cambio, sostiene que se trata de una interpretación razonable del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y que la condena no debería implicar la expulsión automática de la carrera.

El exfiscal general, que ya solicitó su incorporación a la Sección de lo Social del Tribunal Supremo, vería así su regreso a la carrera profesional mientras se resuelven posibles recursos adicionales ante el propio Supremo o incluso el Tribunal Constitucional

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