Aunque la propuesta alcanza el 96,8% entre los votantes de Vox y el 92,4% entre los del PP, también recibe el respaldo del 77,6% de los electores del PSOE y del 81,4% de quienes apoyaron a formaciones nacionalistas e independentistas
Fuentes cercanas a la investigación informan de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional localizó mensajes personales que evidencian una relación de amistad entre la que fuera fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y el abogado de la red Plus Ultra, Miguel Palomero
La conversación intervenida señala que "la fiscal jefa es amiga", pero sin especificar de qué fiscal se trata. La fiscal del caso Plus Ultra era María Luisa Llop, mientras las fiscal jefe provincial de Madrid era Pilar Rodríguez
Las cámaras de La Sexta grabaron cómo la magistrada Segoviano se acercó al exfiscal general para darle dos besos, al tiempo que se le escuchó decir: "Mucho ánimo", a lo que este le respondió: "Muchas gracias"
La fiscal general del Estado controlada por Pedro Sanchez, Teresa Peramato, ha ordenado al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, que no solicite al Tribunal Supremo una atenuante muy cualificada de confesión para el empresario Víctor de Aldama
Releva a Almudena Lastra, que apuntó a Álvaro García Ortiz como responsable de la filtración de los correos del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por lo que fue condenado a dos años de inhabilitación por el Tribunal Supremo
El mensaje es claro: no se trataba de unos pocos aprovechados. La trama estaba integrada en el corazón del Ejecutivo. Ábalos, Koldo, los contactos con Montero, Ribera, Cerdán, Reyes Maroto, Francina Armengol, Ángel Víctor Torres o incluso Begoña Gómez no eran casuales
Mientras tanto, Julio Iglesias continúa con su estrategia legal para conocer los hechos que motivaron la denuncia y valorar la posibilidad de emprender nuevas acciones judiciales, entre ellas una eventual querella por denuncia falsa
Requerir con carácter urgente a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, para que en el plazo de cinco días, a contar desde la recepción del requerimiento, remita el expediente administrativo en soporte electrónico, acompañado de los informes y datos que estime procedentes
Tanto Pantoja como García Ortiz pertenecen a la Unión Progresista de Fiscales (UPF). Esta asociación promovió una colecta para hacer frente a la multa impuesta por el Supremo, evitando así que el condenado tuviera que asumirla personalmente
Por contra, este lunes, Alberto González Amador, solicitó la expulsión de Álvaro García Ortiz de la carrera judicial tras su condena de inhabilitación por revelación de secretos
Cita, por ejemplo, el artículo 35 del reglamento, que establece que la «pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público determinará la pérdida de la condición de fiscal una vez que la sentencia condenatoria sea firme, con el alcance que en la misma se establezca»
Peramato firma un decreto de la Inspección Fiscal que concluye que, igual que ocurre con los jueces, sin pena de prisión no es necesaria la expulsión de la Fiscalía
Cabe recordar que García Ortiz renunció al cargo tras ser condenado a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador
Existe una guardia feminista de izquierdas que toma protagonismo en la defensa política de Pedro Sánchez y en su ofensiva contra los jueces del Tribunal Supremo. Son su núcleo duro
Agentes de Interpol detuvieron el lunes al empresario de hidrocarburos Alejandro Hamlyn, que permanecía huido de la Justicia española en Dubái desde mayo de 2025
Mounib ha mencionado expresamente al multimillonario George Soros y a las organizaciones vinculadas a él. La diputada sostiene que la financiación internacional de determinadas asociaciones puede utilizarse para canalizar el malestar de poblaciones empobrecidas y provocar disturbios
Sánchez ha anulado su escapada a un lujoso hotel de montaña, junto a su familia, «ante la presión mediática y política» generada sobre un «viaje de carácter privado», y con la crisis migratoria en Ceuta aún sin resolver
¿Quién decidió pagar esa cantidad por enfermo Covid-19, cómo se calculó, cuánto dinero terminó saliendo de las arcas públicas y qué controles se aplicaron para garantizar que cada euro estuviera justificado?