Anticorrupción blinda el caso Plus Ultra y aparta a la cúpula policial cercana a Zapatero
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha dejado de tener bajo control la investigación judicial sobre el rescate de Plus Ultra.
La Fiscalía Anticorrupción y la juez Esperanza Collazos han adoptado una decisión excepcional: cortar el circuito interno de información dentro de la Policía Nacional y ordenar que los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal informen de forma directa al Ministerio Público y al juzgado, sin pasar por sus superiores jerárquicos.
La medida, de carácter extraordinario, se produce tras la exclusiva publicada por un diario sobre la existencia de una “explosión controlada” en la causa. Su objetivo consiste en evitar filtraciones y blindar unas diligencias que permanecen bajo estricto secreto de sumario.
La consecuencia inmediata resulta clara. El comisario Segundo Martínez, señalado por distintas fuentes policiales como hombre de la máxima confianza del expresidente y supervisor de investigaciones sensibles que afectan a su entorno, queda fuera del perímetro de la causa. Y con él, Zapatero.
El exjefe del Ejecutivo desconoce en estos momentos qué líneas concretas se investigan, qué documentación obra ya en poder de los agentes y hasta qué punto los registros practicados por la Policía el pasado 11 de diciembre pueden comprometerle de forma directa o indirecta.
El cambio ha generado un notable nerviosismo entre los investigados. Durante los registros del 11 de diciembre en la sede de Plus Ultra y en otros domicilios y despachos vinculados a la trama, la Policía se incautó de abundante documentación de carácter sensible. Zapatero sigue con especial inquietud el análisis de ese material.
El expresidente teme que alguno de los documentos le señale, ya sea de manera directa o mediante intermediarios, en las gestiones que desembocaron en el rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea en 2021 a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI.
A diferencia de etapas anteriores, Zapatero carece ahora de información fiable sobre el contenido exacto de las diligencias, un escenario inédito para alguien que, según fuentes policiales, había demostrado durante años una notable capacidad para anticiparse a los movimientos judiciales.
Otro factor que ha incrementado la preocupación en su entorno ha sido la decisión de la juez Collazos de prorrogar el secreto de las actuaciones, pese a que los investigados ya han declarado en sede judicial. Se trata de una medida poco habitual que, según juristas consultados, suele adoptarse cuando el juzgado considera que quedan diligencias sensibles por practicar o cuando la revelación del sumario podría frustrar nuevas líneas de investigación.
La prórroga refuerza la tesis de que la causa se encuentra lejos de cerrarse y de que los investigadores manejan hipótesis que todavía no han aflorado de forma pública.
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