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La magistrada Nuria Ruiz Tobarra mantiene desde el inicio de la causa por la DANA una línea que estrecha la investigación exclusivamente sobre la Generalitat Valenciana. Su interpretación de la normativa autonómica —según la cual, en nivel 2 de emergencia la máxima responsabilidad recae en la administración autonómica— ha servido de muro para impedir que el foco se desplace hacia organismos del Estado y cargos del Gobierno central que también participaron en la gestión.
A pesar de las decenas de comparecencias practicadas en los últimos meses, no ha habido ni un solo indicio de que la instructora tenga intención de analizar el papel del Ejecutivo central durante la catástrofe. El mensaje es claro: la responsabilidad penal solo se busca en el ámbito autonómico; en Madrid, nadie debe rendir cuentas.
Sin embargo, las declaraciones de quienes dirigieron la emergencia contradicen la supuesta simplicidad del relato judicial. Jorge Suárez, máximo responsable técnico durante la DANA, subrayó ante la jueza la falta de información por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar, presidida por Miguel Polo, organismo estatal clave en un episodio donde el agua marcó cada minuto. Pese a ello, Polo no alertó al Cecopi de la evolución del caudal del barranco del Poyo, un dato que habría cambiado la percepción del riesgo en la zona sur de Valencia.
La versión de Suárez no quedó aislada. José Miguel Basset, entonces jefe operativo de la emergencia, insistió en que en el Cecopi «nadie dijo nada del Poyo». Esa afirmación no solo desmiente a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que había asegurado que ella misma sacó el tema en la reunión; también evidencia que el organismo estatal no compartió datos críticos en tiempo real.
Ambos técnicos coinciden en que la información hidrológica permaneció silenciada, y sin embargo el silencio del Estado no ha merecido ni una sola imputación ni una sola advertencia procesal. La instructora, en cambio, ha sido especialmente severa con decisiones adoptadas por la Generalitat, como el envío tardío del Es-Alert.
La Audiencia de Valencia ya ha respaldado a la magistrada cuando rechazó cargar penalmente contra la Confederación Hidrográfica del Júcar, pero la percepción que se instala entre observadores de la causa es que existe un doble rasero: al Gobierno central no se le exige lo mismo que al autonómico, incluso cuando participaban en el mismo órgano de mando.
La causa ha transitado por dos fases muy distintas. La primera, con las imputaciones de Salomé Pradas y Emilio Argüeso; la segunda, tras la luz verde de la Audiencia para investigar al presidente Carlos Mazón sin necesidad de elevar la causa al Tribunal Superior. Desde entonces, la instrucción parece reducirse a aclarar si Mazón dio o no instrucciones a Pradas.
Mientras tanto, ni Bernabé ni Polo ni ningún otro cargo estatal ha tenido que explicar judicialmente por qué la Generalitat asumió en solitario la gestión operativa de lo que ha sido la mayor catástrofe natural reciente en la Comunidad Valenciana. Tampoco se ha planteado en serio si esa delegación de facto de responsabilidades por parte del Estado pudo influir en el desenlace.
Para algunos juristas y responsables técnicos que han pasado por el juzgado, la impresión es evidente: la instrucción avanza para señalar únicamente a la Generalitat. El Ejecutivo central, pese a haber estado presente en el Cecopi, en la Delegación del Gobierno y en los organismos hidráulicos, queda fuera del radar penal. La pregunta que ya circula entre bastidores es incómoda: ¿se está investigando la DANA o se está blindando políticamente al Gobierno?
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