Detenido por la UCO un ex alto cargo de Teresa Ribera por la trama de Forestalia en Zaragoza
El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha detenido a seis personas en el marco de la denominada operación Perserte, una investigación sobre una presunta trama de corrupción medioambiental vinculada a la tramitación de parques eólicos y fotovoltaicos.
En total, los agentes han practicado 12 registros –diez en Madrid y dos en Zaragoza–, uno de ellos en la sede de Forestalia. La investigación se centra en presuntos delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
La causa tiene su origen en la posible manipulación de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), trámites necesarios para autorizar proyectos de energías renovables.
Según los indicios recabados, desde el l Ministerio se habría podido influir de manera irregular en la emisión de determinadas resoluciones ambientales que habrían beneficiado a un grupo empresarial del sector en proyectos ubicados en la provincia de Teruel.
De acuerdo con la investigación, el exalto cargo habría actuado presuntamente a cambio de una contraprestación económica. Para mover el dinero y ocultar su origen, los implicados habrían utilizado varias sociedades interpuestas y, presuntamente, la intervención de un fedatario público en la formalización de documentación relacionada con las operaciones investigadas.
Vivienda de Fernando Samper, propietario de Forestalia, que ha sido registrada por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA)
Asimismo, los investigadores analizan si en la tramitación ambiental de los proyectos examinados se tuvieron en cuenta de forma adecuada los posibles efectos sobre el entorno, como la afección a la avifauna y a los quirópteros, el impacto paisajístico o la alteración de hábitats y usos del suelo.
La operación está siendo desarrollada por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA), bajo la dirección del Juzgado de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Teruel número 1 y en coordinación con la Fiscalía de Medio Ambiente de Teruel. Las diligencias continúan abiertas y no se descartan nuevas actuaciones.
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