El juicio contra Ábalos por las mascarillas se celebrará en el Supremo en abril con Armengol y Torres como testigos

Con respecto a los testigos, la Sala ha aceptado la presencia de la presidenta del Congreso, Francina Armengol y del ministro Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres

Ya hay fecha para la celebración del primer juicio del 'caso Koldo'. El próximo 7 de abril el Tribunal Supremo sentará en el banquillo de los acusados al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, a su exasesor, Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por el presunto cobro de comisiones en la compra de mascarillas durante la pandemia. Los magistrados han descartado que la causa 

Los magistrados de la Sala de lo Penal han rechazado las cuestiones previas planteadas en la audiencia celebrada el pasado 12 de febrero, que constituían el último recurso de la defensa para lograr que el juicio fuera remitido a la Audiencia Nacional, donde la causa podría demorarse hasta una década en alcanzar una sentencia firme debido a la mayor congestión de ese órgano judicial. Y es que, el exministro renunció a su acta de diputado en el Congreso el pasado 28 de enero, pero ya era demasiado tarde.

Por otro lado, los magistrados también han rechazado la petición formulada por la defensa de Koldo García, que solicitó, por un lado, un careo con Aldama y, por otro lado, someter a su cliente a la prueba del polígrafo. En el Tribunal Supremo jamás se ha realizado una prueba de tal calibre. Y es que no se considera que constituya un elemento válido para acreditar la credibilidad. 

En este sentido, se pronunció el Tribunal Supremo en el año 2017 en un caso relacionado con delitos de abusos sexuales. Los magistrados dictaminaron que, en el derecho español, "el detector de mentiras no puede sustituir la función judicial". Además, señalaron que es un instrumento que carece de homologación científica oficial en nuestro país y que tampoco existe titulación oficial que avale su utilización y la fiabilidad de los resultados.

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Testigos

Con respecto a los testigos, la Sala ha aceptado la presencia de la presidenta del Congreso, Francina Armengol y del ministro Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Ambos fueron solicitados por las defensas de Koldo García y de Ábalos. Sin embargo, han rechazado las testificales de la exdirectora del CNI Paz Esteban o la del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Al igual que tendrán que testificar el exgerente del PSOE, Mariano Moreno Pavón; la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, imputada en la Audiencia Nacional; el jefe de gabinete de la ministra de Hacienda, Carlos Moreno; el exsecretario de Estado de Interior, Rafael Pérez; y Juan Ignacio Díaz Bidart. Este último dirigió hasta 2023 el gabinete de Reyes Maroto. 

También las dos mujeres enchufadas en empresas públicas. Por un lado, Jésica Rodríguez, que fue contratada en Ineco y posteriormente en Tragsatec, que admitió durante su declaración como testigo en el Tribunal Supremo que cobró durante dos años el salario mínimo interprofesional pesar de no haber ido a trabajar. Y, por otro lado, Claudia Montes, que estuvo en Logirail.

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Peticiones de prisión

La Fiscalía, que atribuye al exministro y al exasesor hasta seis delitos, entre los que se encuentran organización criminal, delito continuado de cohecho, uso de información privilegiada, dos delitos de tráfico de influencias y malversación pide penas de prisión de 24 años y de 19 años y medio, respectivamente.

Además, solicita que ambos paguen una multa de 3,7 millones de euros y que indemnicen de manera conjunta a las empresas públicas INECO con 34.477 euros y a Tragsatec con 9.500 euros por el enchufe de Jésica Rodríguez, compañera de Ábalos. 

Para el tercer acusado, Víctor de Aldama, Fiscalía solicitó una pena menor al atribuirle menos delitos. En total, 7 años de cárcel por presuntos delitos de organización criminal, cohecho y aprovechamiento de información privilegiada. Cabe recordar que el conseguidor de la trama ha colaborado con la Justicia y, además, se ha autoinculpado de los delitos.

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