Inician los requerimientos para embargar bienes de España en EEUU por los impagos de Sánchez
Los acreedores internacionales afectados por los recortes retroactivos a las primas de las energías renovables han intensificado su ofensiva legal contra el Reino de España ante la persistencia del Gobierno en no pagar los laudos arbitrales dictados en su contra.
Tras una serie de victorias judiciales en distintas jurisdicciones, los fondos y empresas demandantes han iniciado en Estados Unidos los procedimientos destinados a identificar y eventualmente embargar activos del Estado español para hacer frente a las indemnizaciones pendientes.
La nueva fase de la estrategia legal se produce después de que hasta siete laudos hayan sido registrados con éxito en la justicia estadounidense y reconocidos como sentencias plenamente ejecutables por el Tribunal Federal del Distrito de Columbia.
Se trata de los casos 9REN (44 millones de euros), Cube (40,2 millones), Watkins (79,5 millones), Infrastructure Services/Antin (125,1 millones), RREEF (74 millones), InfraRed (35 millones) y NextEra (290,6 millones). En conjunto, estas resoluciones suponen una deuda de 688,4 millones de euros, cifra que continúa aumentando por la acumulación de intereses de demora.
A partir de estos pronunciamientos judiciales, los acreedores han solicitado autorización para registrar los laudos en otros distritos federales estadounidenses, entre ellos el Distrito Sur de Nueva York, donde consideran que podrían existir activos del Estado susceptibles de embargo.
Paralelamente, se han iniciado procedimientos formales de descubrimiento de activos y se han emitido requerimientos judiciales dirigidos a diversas entidades privadas que mantienen relaciones contractuales o financieras con España.
Estas actuaciones buscan identificar cuentas bancarias, flujos de pago, contratos y otros bienes situados bajo jurisdicción estadounidense que puedan ser objeto de ejecución. Entre los destinatarios de los requerimientos figuran instituciones financieras, empresas participadas por el Estado español, organismos públicos con presencia en Estados Unidos e incluso sociedades vinculadas a la participación de España en el Mundial de fútbol de 2026.
El objetivo de estas diligencias es determinar si existen activos del Reino de España localizados en Estados Unidos que permitan compensar a las compañías afectadas por los recortes retroactivos aprobados durante la pasada década. Este tipo de medidas es habitual en procesos de ejecución internacional cuando un deudor continúa sin cumplir con laudos arbitrales que ya han sido reconocidos por tribunales de distintos países.
La presión judicial también se intensifica en otras jurisdicciones. En Bélgica, los tribunales han autorizado varios procedimientos de embargo relacionados con el laudo del caso OperaFund, lo que ha provocado el bloqueo de 482 millones de euros en pagos que el organismo europeo de navegación aérea Eurocontrol debía transferir a Enaire, su homólogo español.
Además, el Tribunal Supremo del Reino Unido emitió recientemente una sentencia que rechaza los últimos argumentos presentados por España en el caso Infrastructure Services. La resolución confirma la obligación de pagar una indemnización de 101 millones de euros, a la que se suman cerca de 27 millones en intereses de demora.
Tras este fallo, la justicia británica ha fijado un tipo del 8% anual para calcular los intereses acumulados en caso de persistir el impago. Según estimaciones de los acreedores, esta penalización podría elevar el coste anual en torno a 150 millones de euros si el Gobierno español mantiene su estrategia de resistencia y no alcanza un acuerdo con los demandantes.
Fuera de Europa también se han producido avances relevantes. En febrero de este año el Tribunal Superior de Singapur registró el laudo correspondiente al caso NextEra, reconociendo formalmente una deuda de España con la compañía estadounidense por valor de 290 millones de euros. Asimismo, en agosto de 2025 el Tribunal Federal de Australia ordenó la ejecución de cuatro laudos —RREEF, 9REN, Watkins y NextEra— por un importe conjunto de 469 millones de euros.
En total, a mediados de marzo de 2026 la deuda acumulada del Reino de España con los acreedores afectados por los recortes a las renovables supera los 2.302 millones de euros. De esa cantidad, 1.754,7 millones corresponden a indemnizaciones pendientes de pago, mientras que otros 538,3 millones derivan de costes judiciales, intereses y gastos asociados a los procedimientos de ejecución abiertos en distintos países.
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