La UCO rastrea en 564 cuentas bancarias las mordidas de ADIF y Carreteras
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha recibido la orden del juez Ismael Moreno, Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional, de bucear en 564 cuentas distribuidas en 29 bancos tantos nacionales como internacionales que tienen relación dentro de una de las piezas separadas del Caso Koldo.
Estas cuentas pertenecen a los investigados por los contratos de obra pública concedidos por ADIF y la Dirección General de Carreteras (DGC), en la etapa de Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero, en los que presuntamente habrían mediado Koldo García, el ex ministro José Luis Ábalos y Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE.
El juez advierte que «esta documentación e información (sobre las cuentas) debe ser facilitada por los Servicios Centrales, no debiendo comunicarse a las oficinas o sucursales donde esté abierta la cuenta bancaria no con el titular objeto del mandamiento o persona alguna ajena a la entidad, al objeto de preservar las actuaciones». Los movimientos estudiados abarcan desde el 1 de enero de 2024 hasta el 17 de marzo de 2026.
La UCO había pedido al juez mediante un oficio la necesidad de investigar estas cuentas, «toda vez que el fin perseguido por los investigadores dentro de esta trama dirigida a la adjudicación de contratos de obra pública a determinadas empresas era obtener un provecho económico».
También explican que se trataría de «continuar con la trazabilidad de los fondos presuntamente recibidos por los investigados vinculados a Acciona» y para ello se considera necesaria «la ampliación de la información bancaria a las mercantiles Aquaterra Servicios Infraestructuras, Ferrovial Construcción, Tecade y Freyssinet, dada la posibilidad de que se hubiera hecho uso de las UTE constituidas con Acciona, así como de las empresas que formaban parte de éstas, para canalizar fondos que pudieran haber tenido como destinatarios a los investigados».
El mismo auto recuerda la exposición ya realizada por la UCO mediante la que se daba cuenta de «posibles irregularidades en la relación entre las mercantiles Acciona Construcción y Servinabar. Del estudio de las relaciones económicas entre ambas se concluye que, al menos el 75,33% de los ingresos percibidos por Servinabar tienen su origen en transferencias emitidas directamente desde Acciona Construcción».
LAS OBRAS DE ADIF Y CARRETERAS
La petición de información bancaria se extiende a los investigados, ex trabajadores de Acciona, Justo Vicente Pelegrin, Tomás Olarte Sanz y Manuel José García Alconchel. Acciona ha participado en diferentes licitaciones del MITMA. El auto nombra en concreto cuatro obras investigadas.
En Logroño, Aquaterra y Acciona se adjudicaron una obra de la Dirección General de Carreteras por 92 millones de euros. En Sevilla fue el famoso Puente de los Tirantes se lo adjudicaron Acciona, Tecade y Freyssinet por 85 millones. El Mayor, para soterrar el ferrocarril a su paso por Murcia fue adjudicado por ADIF a Acciona y Ferrovial por 158 millones de euros, al igual que la ejecución del corredor mediterráneo también en Murcia a las mismas empresas por 121 millones.
El auto también descubre que entre la documentación encontrada al ex director General de Carreteras, Francisco Javier Herrero, «había una copia de una cuenta de correo denominada (…), la cual estaba configurada en un ordenador vinculado a Javier Herrero y cuyo dominio pertenece a la mercantil Aquaterra Servicios Infraestructuras. La cuenta contiene un total de 145 correos, produciéndose la primera comunicación el 3 de noviembre de 2024″, ya con Herrero fuera del ministerio.
Los investigadores desconocen el motivo por el cual Herrero tendría una cuenta corporativa de esta empresa, «no habiéndose detectado ningún tipo de relación contractual entre Javier Herrero y la mercantil citada». Herrero fue objeto de una alarma del SEPBLAC denominada «Comunicación sospechosa por indicio». Se detectó un pago de 25.440 euros desde la sociedad Aquaterra Servicios Infraestructuras».
El banco solicitó la factura para justificar el ingreso, peo «posee un concepto muy genérico (…). Cabe destacar que la factura está fechada un mes antes de que se practicase la diligencia de entrada y registro en su domicilio», añade el auto judicial.
En la conversaciones intervenidas a Koldo García, según recoge el auto, «Koldo le indicó a Ábalos que Santos estaba eludiendo algún asunto y que «te queda San Feliú y El Mayor, son trescientos cincuenta», el 2 de febrero de 2022, una vez Ábalos había dejado de estar al frente del MITMA. Koldo mantuvo una conversación con Santos en la que debatían cuánto quedaba pendiente por abonar a Ábalos, teniendo en cuenta que ya había percibido 550.000 euros».
Por todo ello el juez dispone que se expida mandamientos judiciales a 29 entidades bancarias y comisiona a los agentes de la UCO como «unidad encargada de la presente investigación» a quien pide un informe.
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