Hazte Oír acusa a Sánchez de preparar una desclasificación a medida para culpar al CNI y al Ejército
La anunciada desclasificación de documentos sobre la crisis migratoria de Ceuta amenaza con abrir un nuevo frente entre el Gobierno de Pedro Sánchez y las instituciones encargadas de la seguridad nacional. Hazte Oír acusa directamente a Moncloa de querer utilizar los archivos del Estado para seleccionar culpables, señalar al CNI y al Ejército y proteger políticamente al presidente.
Fuentes de la organización sostienen que el Ejecutivo no pretende realizar un verdadero ejercicio de transparencia, sino publicar únicamente aquellos informes que encajen en la versión defendida por Sánchez: la de un Gobierno que habría sido sorprendido porque los servicios de inteligencia no advirtieron correctamente de lo que estaba a punto de suceder.
“Pedro Sánchez quiere convertir la desclasificación en un arma política: elegir qué se conoce, ocultar lo que le incomoda y poner en la diana al CNI, al Ejército y a quienes convenga a su relato”, denuncian desde Hazte Oír.
“Quien selecciona los documentos selecciona el relato”
La clave de la denuncia está en quién controla el proceso. Es el propio Consejo de Ministros, es decir, el Gobierno sometido a cuestionamiento por su actuación durante la crisis, el que decide qué documentación deja de estar protegida y qué informes continúan bajo secreto.
Para Hazte Oír, esta capacidad permitiría a Moncloa construir una versión parcial de los hechos mediante la selección interesada de documentos. “Quien selecciona los documentos selecciona también el relato. Si el Ejecutivo publica únicamente los informes que le interesan, utiliza los archivos del Estado para construir una acusación a medida”, advierten sus fuentes.
La organización considera que la operación perseguiría apartar el foco de las decisiones políticas adoptadas antes, durante y después de la crisis de Ceuta. “El objetivo es que el señalado sea otro y el protegido sea Sánchez”, sostienen.
El riesgo, según esta tesis, es que determinados informes sean utilizados para responsabilizar públicamente al CNI, a mandos militares o a otros organismos del Estado, mientras permanecen ocultos aquellos documentos que pudieran comprometer la actuación, el conocimiento previo o las decisiones de Moncloa.
Informes convertidos en “munición y escudo”
Hazte Oír resume la maniobra con una dura advertencia: “Abrir los archivos para atacar y cerrarlos para protegerse no es transparencia: es autoprotección”. La organización insiste en que los informes reservados no pueden convertirse simultáneamente en “munición y escudo de Pedro Sánchez”.
La polémica llega después de que desde el Ejecutivo se hayan lanzado reproches hacia el funcionamiento de los servicios de inteligencia durante la crisis. Ahora, la posibilidad de una desclasificación selectiva alimenta las sospechas de que Moncloa trate de consolidar esa acusación mediante la publicación exclusiva de los documentos más favorables a su estrategia.
Se trataría de repetir un patrón habitual del sanchismo: controlar los tiempos, escoger la información, señalar a terceros y presentar al presidente como una víctima de errores ajenos. Una estrategia especialmente grave cuando afecta a organismos esenciales para la defensa y la seguridad de España.
De los vuelos en Falcon a las lecciones de transparencia
Hazte Oír recuerda además que ya denunció en 2025 la reforma de la normativa sobre secretos oficiales, a la que bautizó como “ley Falcon”. La asociación criticó entonces que el Gobierno utilizara la protección de información reservada para evitar ofrecer detalles sobre los desplazamientos del presidente en aviones oficiales.
“Nadie se cree que un Gobierno que invocó los secretos oficiales para negar información sobre los viajes en Falcon venga ahora a dar lecciones de transparencia ante un ataque a la integridad de la Nación”, sentencian sus fuentes.
La organización reclama que la seguridad nacional no se utilice para ocultar aquello que pueda comprometer al presidente ni que una falsa transparencia sirva para atacar a las instituciones. Su conclusión es tajante: detrás de la operación estaría el intento de “poner en la diana al CNI, al Ejército y a otros” para que Sánchez vuelva a quedar al margen de cualquier responsabilidad política.
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