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El Tribunal Supremo ha estimado las medidas cautelares solicitadas este lunes por Iustitia Europa y Vox en relación con las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) derivadas de la aplicación de la conocida como ley de nietos.
El auto establece que las nuevas inscripciones afectadas quedarán suspendidas una vez finalizada su tramitación y que, en el caso de las personas ya inscritas, se suspenderán sus efectos para los sucesivos procesos electorales que puedan convocarse. Estas medidas permanecerán vigentes hasta que se dicte sentencia en el procedimiento.
El Alto Tribunal ha tomado esta decisión después de que este lunes tanto Luis María Pardo (Iustitia Europa) como Jorge Buxadé (Vox) mantuvieran sus respectivas vistas orales y públicas ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.
Ambos partidos solicitaron medidas cautelares, no con el objetivo de anular de golpe la Ley de Memoria Democrática ni retirar las nacionalidades ya concedidas, sino para suspender de forma provisional los efectos electorales: las altas automáticas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de quienes obtuvieron la nacionalidad al amparo de la disposición adicional octava de la citada norma, la popularmente llamada ley de nietos, y de la instrucción de investigada Sofía Puente de octubre de 2022.
Los recurrentes pedían, entre otras cosas, paralizar las nuevas incorporaciones al censo mientras se verifica la legalidad y la documentación de los expedientes, identificar por separado esas altas y evitar que se produzcan efectos irreversibles en un eventual proceso electoral.
El Alto Tribunal justificó la celebración de las vistas por «la relevancia y alcance de las cuestiones jurídicas planteadas». Además, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y el INE han sido llamados como codemandados. Finalmente, ha admitido las propuestas de los partidos políticos.
La conocida como ley de nietos estaba alterando el censo electoral de una manera significativa, En primer lugar, a 1 de julio de 2026, había 2.736.522 electores residentes en el extranjero, el 7,11% del censo, diez veces más que en 1986, gracias a los 545.000 beneficiarios que ya tenían aprobada o concedida la nacionalidad española a través de la ley de nietos, y eso que la gran mayoría de las peticiones continuaban en fase de trámite en los consulados y registros españoles debido al gran volumen acumulado. Esto es, que para las generales son en 2027, serían muchos más.
Este vuelco electoral se veía muy claro en Madrid, en donde uno de cada siete votantes está fuera de España. La capital concentraba ya 422.732 electores inscritos en el CERA, lo que supone el 14,9% del censo total, 2.833.244. El dato se extrae del informe Evolución del censo CER y CERA en España, elaborado por la consultora De Madrid a Europa con cifras del INE y del Ministerio del Interior. Esa cifra convierte a la ciudad en un caso único.
El CERA de Madrid multiplica por 2,7 al de Barcelona (159.277) y supone el 15,4% de todos los electores españoles en el extranjero. En volumen, la capital reúne ella sola más votantes en el exterior que la inmensa mayoría de las provincias.
Si los 2.736.522 electores residentes en el extranjero votaran con la participación media que han tenido desde 1986, aportarían 516.962 votos, el 2% del total; con la máxima de cada provincia, 1.100.236, el 4,2%. Con esa participación máxima habría votos exteriores suficientes para superar el margen que decidió el último escaño en 2023 en 23 de las 52 circunscripciones y con la media, en 16. Pero parece que el Tribunal Supremo está dispuesto a anular estos efectos electorales.
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