Nuestro llamamiento a los partidos ante las elecciones generales del 29N

“Los derechos laborales, la seguridad y la dignidad de las trabajadoras sexuales no son moneda de cambio política.”

Ante las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, hacemos un llamamiento a todas las formaciones políticas que concurren a los comicios para que rechacen las políticas de criminalización del trabajo sexual y se comprometan con una política pública que priorice la seguridad, la autonomía, la salud y los derechos fundamentales de las trabajadoras sexuales.

La lucha contra la trata de personas, la explotación sexual, la coacción y los abusos debe ser una prioridad indiscutible. Sin embargo, combatir estos delitos no puede ser la excusa para perseguir las relaciones sexuales consentidas entre adultos ni aprobar medidas que, bajo una finalidad supuestamete protectora, empeoran las condiciones de vida de quienes ejercemos el trabajo sexual.

No se puede proteger a las trabajadoras sexuales sin escuchar nuestras voces, respetar nuestras decisiones y evaluar las consecuencias reales de las políticas que se aplican en su nombre. Organismos como la ONU, Human Rights Watch y Amnistía Internacional y diferentes organizaciones de salud han expresado la necesidad de descriminalizar nuestra actividad para garantizar seguridad y derechos.

Decenas de organismos internacionales apuntan a una consecuencia fundamental: una política que pretende reducir la explotación termina aumentando riesgos a la salud y a la integridad física al obligar a las trabajadoras sexuales a desarrollar su actividad en condiciones precarias y clandestinas.

El debate no puede reducirse a una confrontación ideológica. Numerosos organismos internacionales han defendido la despenalización del trabajo sexual consentido entre personas adultas y han advertido de los efectos perjudiciales de los marcos penales.

Entre las referencias más relevantes se encuentran:

• Declaración Política sobre el VIH y prostitución aprobada por la Asamblea General de la ONU el 23 de junio de 2026. Una innovadora declaración que ha pasado desapercibida en los medios a pesar de su gran transcendencia. La ONU amplía al trabajo sexual su enfoque de mitigación de daños y de priorización de acceso de estudio, protección y seguridad a colectivos clave como ya impulsaba con la población en riesgo de contraer HIV.
  
  
• ONUSIDA (UNAIDS): ha señalado reiteradamente que las leyes y prácticas punitivas crean barreras para la prevención y el tratamiento del VIH, agravan la discriminación y pueden incrementar la exposición a la violencia. En su declaración del 2 de junio de 2024 reclamó la eliminación de las medidas punitivas que perjudican a las trabajadoras sexuales.
  
  
• Grupo de Trabajo de la ONU sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas: en su informe de 2023 defendió la despenalización del trabajo sexual voluntario de personas adultas y examinó los efectos discriminatorios de los enfoques criminalizadores.
  
  
• Organización Mundial de la Salud (OMS): sus orientaciones sobre prevención del VIH y salud de las poblaciones clave recomiendan revisar las leyes punitivas y abordar las barreras estructurales que impiden acceder a servicios sanitarios.
  
  
• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA): forman parte del conjunto de organismos que han promovido respuestas de salud pública y derechos humanos frente a la criminalización del trabajo sexual.
  
  
• Amnistía Internacional: aprobó en 2016 una política favorable a la despenalización de los aspectos consensuados del trabajo sexual entre adultos, manteniendo su oposición a la trata, la explotación y los abusos.
  
  
• Human Rights Watch: ha documentado cómo la criminalización puede incrementar la exposición a la violencia y dificultar el acceso a la protección policial y judicial.

La trata de personas y la explotación sexual son delitos que deben perseguirse con todos los recursos necesarios. También debe garantizarse protección efectiva, asistencia jurídica, vivienda y apoyo económico a las víctimas, sin exigirles que protagonicen denuncias como condición para recibir ayuda. La existencia de explotación no convierte automáticamente en víctimas incapaces de decidir a todas las personas que ejercemos el trabajo sexual.

Tampoco debe anular las diferencias entre trata, coacción, explotación, trabajo sexual consentido y situaciones de vulnerabilidad económica. Una política verdaderamente protectora debe distinguir estas realidades y actuar sobre sus causas, en lugar de imponer una respuesta uniforme, punitiva y que además silencia a las personas afectadas.

Por ello, reclamamos:

• La despenalización del trabajo sexual consentido entre personas adultas.
• La persecución efectiva de la trata, la coacción, la violencia y la explotación.
• La garantía de acceso a la justicia, la sanidad, la vivienda, la bancarización y la protección social sin discriminación.
• La participación directa de las trabajadoras sexuales y sus organizaciones en el diseño y la evaluación de las políticas públicas.

El 29 de noviembre, las dos opciones no son “abolición o regulación” es que vivamos clandestinas, o con derechos. Con miedo o con dignidad.

Pedimos a todas las candidaturas que concurren a las elecciones generales que adopten posturas proderechos y enfocadas a mejorar la calidad de vida de las trabajadoras sexuales, alejándose de las medidas populistas y punitivas del PSOE. Instamos a todos los partidos políticos a rechazar las medidas punitivas que aumentan la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales y a comprometerse con un enfoque basado en la evidencia, los derechos humanos y la participación de las personas afectadas en sus políticas.

La explotación no se combate invisibilizando a quienes la sufren. La violencia no se erradica reduciendo las posibilidades de pedir ayuda. Y la igualdad no se construye sustituyendo la voz de las mujeres por decisiones tomadas en su nombre.

La seguridad de las trabajadoras sexuales debe medirse por su capacidad real de vivir sin violencia, negociar condiciones seguras, acudir a la policía y acceder a la justicia, no por la severidad moral de las leyes que regulan sus vidas.

En estas elecciones, exigimos menos hipocresía, más transparencia y políticas públicas que puedan demostrar que protegen a las personas a las que dicen servir.