La lista de corruptelas de Transportes en la era Sánchez
Si por algo se ha caracterizado el Ejecutivo de Pedro Sánchez desde su llegada a la Moncloa en 2018 ha sido por la depauperación de la red ferroviaria, aquella que un día fue envidia mundial y que ahora acumula averías, retrasos, accidentes y graves deficiencias de mantenimiento.
Durante estos ocho años, el Ministerio de Transportes ha estado además en el centro de algunas de las principales investigaciones por corrupción de España, con contratos millonarios bajo sospecha y decisiones administrativas que han provocado importantes sobrecostes para las arcas públicas.
Uno de los episodios más recientes es el de la ampliación del Puente del Centenario de Sevilla, una obra adjudicada durante la etapa de José Luis Ábalos por 86,4 millones de euros cuyo presupuesto terminó elevándose hasta una cifra cercana a los 137 millones.
La Unidad Central Operativa (UCO) investiga posibles comisiones ilegales relacionadas con su adjudicación y ha detectado presuntos pagos a Servinabar, sociedad vinculada a Santos Cerdán. El proyecto acumula varios años de retrasos y quedó paralizado después de que las constructoras solicitaran la resolución del contrato por sus discrepancias económicas con Transportes.
Otro de los grandes escándalos se conoció en febrero de 2023, cuando salió a la luz que Renfe había encargado a CAF nuevos trenes para Cantabria y Asturias cuyas dimensiones, tal y como estaban proyectadas, impedían su circulación por determinados túneles. El contrato, adjudicado en 2020 por 258 millones de euros, contemplaba la renovación de decenas de convoyes.
El error en los gálibos obligó a modificar los diseños, retrasó varios años las entregas y provocó ceses en Renfe y Adif. Los trenes defectuosos no llegaron a fabricarse, pero la equivocación comprometió una inversión multimillonaria.
A estos episodios se suma el caso Koldo, que destapó presuntas adjudicaciones irregulares durante la etapa de Ábalos. La empresa Soluciones de Gestión, vinculada al empresario Víctor de Aldama, consiguió contratos de emergencia para suministrar mascarillas durante la pandemia.
Una auditoría interna del propio Ministerio reveló que la cantidad de material adquirida se duplicó de cuatro a ocho millones de unidades en apenas 38 minutos. La investigación judicial ha examinado las presuntas comisiones y las relaciones entre los empresarios beneficiados y los responsables políticos.
La trama también ha alcanzado a las adjudicaciones de obra pública. Según los informes de la UCO, el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán habría intervenido en un entramado de comisiones relacionado con contratos de Acciona.
Entre las actuaciones investigadas aparecen el soterramiento ferroviario de Murcia, adjudicado por unos 159 millones de euros, y una plataforma del Corredor Mediterráneo valorada en otros 121 millones. Los investigadores han analizado posibles contraprestaciones económicas vinculadas al supuesto favorecimiento de determinadas constructoras.
La gestión de las inversiones ferroviarias constituye otro de los asuntos más controvertidos. Según las cuentas examinadas, Adif únicamente recibió el 57% de los fondos estatales comprometidos para inversiones entre 2021 y 2025, mientras que Adif Alta Velocidad percibió el 46% de las aportaciones pactadas.
La falta de nuevos Presupuestos Generales del Estado ha contribuido a que 1.179 millones de euros de inversiones previstas por Adif convencional quedaran sin ejecutar. Además, en febrero de 2021 se suspendió indefinidamente la apertura de ofertas de una licitación para renovar la señalización de la línea Madrid-Sevilla.
A las deficiencias presupuestarias se añade una investigación de la Fiscalía Europea sobre el posible uso fraudulento de fondos comunitarios destinados a modernizar el tramo ferroviario de Adamuz, donde el pasado enero fallecieron 46 personas.
Bruselas había aprobado una ayuda de 111,6 millones de euros para renovar la infraestructura. Los fiscales europeos, en colaboración con la Guardia Civil, examinan los contratos y las adjudicaciones relacionados con estas actuaciones. La investigación continúa abierta y todavía no se ha acreditado que existiera malversación ni que las posibles irregularidades estén relacionadas con el accidente.
El último episodio se ha producido esta semana en Urda (Toledo), donde la colisión entre un AVE y un tren de Iryo ha dejado 69 fallecidos, apenas nueve meses después de la tragedia de Adamuz. Las primeras investigaciones apuntan a una cadena de fallos iniciada con una avería del sistema de seguridad LZB y seguida de decisiones de circulación que están siendo examinadas por la Guardia Civil.
Los dos accidentes han reabierto el debate sobre la seguridad ferroviaria y la responsabilidad del Ministerio que actualmente dirige Óscar Puente, cerrando una etapa marcada por investigaciones judiciales, errores de planificación y numerosos problemas de funcionamiento en las infraestructuras españolas.
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