El doble pucherazo de Sánchez: asalto total a las urnas en pleno luto
Mientras España entera permanecía conmocionada por la catástrofe ferroviaria de Toledo que ha ocasionado 69 fallecidos, el Gobierno de Sánchez aceleró los trámites burocráticos para blindar sus intereses de cara a las urnas. La publicación en el diario oficial de las medidas destinadas a implantar la identificación digital en las mesas de votación coincidió de manera obscena con las jornadas de dolor por las víctimas de los trenes de Urda.
Esta preocupante confluencia de acontecimientos demuestra que el equipo de Pedro Sánchez mantiene operativas las cocinas de la Moncloa incluso durante las mayores crisis nacionales, tejiendo una red de reformas que altera de forma sustancial las reglas del juego democrático. La opinión pública contempla con profunda indignación cómo el aparato estatal prioriza la logística de su supervivencia política mientras la sociedad llora a sus muertos.
La iniquidad administrativa en mitad del dolor nacional
España entró a las cero horas del 29 de octubre en tres días de luto oficial por los muertos de los trenes de Urda. Al terminar aquella primera jornada, el balance ascendía a 69 fallecidos. Tal como señala la periodista Isabel Duran en El Debate, ese mismo día, el BOE publicó la operación necesaria para utilizar el carné de identidad digital en las elecciones generales del 29N. El acuerdo había sido aprobado por el Consejo de Ministros el día 27, antes del accidente, y no existía ningún plazo legal que obligara a publicarlo precisamente el 29 de octubre. Tampoco era una reforma general de los servicios electorales de Correos: era una modificación hecha a medida de MiDNI para entregar y recoger los lectores QR, asegurar su trazabilidad y pagar una nueva tarifa por cada dispositivo.
El Gobierno podía haber esperado tres días, pero decidió no hacerlo. Para el dolor nacional decretó luto oficial; para la cocina electoral, mantuvo intactas sus prisas, mientras los equipos de emergencia contaban cadáveres, buscaban desaparecidos y trataban de identificar a las víctimas de la tragedia de Toledo. Ahí quedó retratada su iniquidad: la urgencia que el Ministerio de Transportes no mostró para reforzar la seguridad de la red ferroviaria y modernizar las infraestructuras de seguridad la reservó el ala política del Ejecutivo para llegar al 29N con el polémico DNI digital en las mesas electorales.
Las dos llaves que abren la puerta del fraude
Un pucherazo moderno no necesita que nadie rellene una urna a escondidas ni requiere la burda manipulación física de las papeletas durante la noche del recuento. El asalto a las garantías electorales se prepara mucho antes de que se abran los colegios electorales en la jornada de votación.
Al poder le basta con controlar las dos llaves del sistema: quién tiene derecho a votar y cómo se acredita que quien vota es realmente ese elector. La primera llave es el censo. La segunda, la identidad. Ambas cuelgan hoy del mismo llavero: el de las cocinas de Moncloa, con Pedro Sánchez al mando del fogón donde se guisa el puchero electoral.
Este es el doble pucherazo: primero se ensancha irregularmente el cuerpo electoral incorporándolo a circunscripciones clave y se pierde la trazabilidad de las altas; después se utiliza la identificación digital que ningún país europeo admite porque introduce vulnerabilidades en el sistema, incluso con códigos QR.
El fiasco tecnológico y las falsas garantías de Interior
La llave de la identidad es la herramienta que el Gobierno ha llevado al BOE en plena conmoción nacional. Tras las investigaciones periodísticas, la Junta Electoral Central suspendió el 26 de marzo MiDNI y miDGT para votar presencialmente o por correo hasta que se garantizase que la verificación de la identidad fuera «suficientemente segura».
El Ministerio del Interior había defendido ante el árbitro electoral que mostrar la fotografía, el nombre y los apellidos permitía a la mesa comprobar la identidad del elector sin leer el código QR. Era una afirmación completamente falsa. La propia Policía Nacional desmintió aquella tesis al explicar que la carátula con los datos de identidad tiene un carácter meramente informativo para su titular y no sirve para la identificación formal: el único medio válido es la lectura del código QR temporal generado y firmado por la Policía.
Ahora el propio BOE reconoce de facto la falsedad de las garantías del modelo introducido por el ministro Fernando Grande-Marlaska. Si la simple pantalla del teléfono móvil hubiera bastado, no habría sido necesario movilizar a Correos, Interior, los ayuntamientos y las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno para repartir ahora lectores de códigos QR en las mesas de todo el país.
El nuevo sistema depende enteramente del teléfono del votante, su batería, la conexión de datos, los servidores policiales, la vigencia del código QR y el correcto funcionamiento del lector confiado a ciudadanos elegidos por sorteo. La modernización de un Estado de derecho no puede consistir en sustituir una garantía analógica sencilla y eficaz por una cadena tecnológica mucho más frágil a tan solo un mes de la apertura de las urnas.
La manipulación partidista del censo de residentes ausentes
La primera llave, la del censo, empezó a forzarse hace cuatro años mediante la ingeniería legislativa. La disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática vinculó su principal supuesto de nacionalidad a los descendientes de españoles que perdieron o renunciaron a ella como consecuencia del exilio.
Cinco días después, la instrucción del 25 de octubre de 2022 firmada por la directora general Sofía Puente, hoy investigada por los tribunales, decidió que donde la ley había unido dos requisitos existían en realidad dos puertas distintas. Así permitió optar también a los descendientes de cualquier persona originariamente española sin necesidad general de acreditar el exilio político.
No es solo la interpretación de los medios de comunicación que destaparon el escándalo. Cuatro vocales de la Junta Electoral Central dejaron escrito que, durante las deliberaciones, «la gran mayoría» de sus miembros consideró que la instrucción contenía disposiciones contrarias a la ley que pretendía desarrollar. Su voto particular atribuye a esa polémica instrucción administrativa, y no a la ley aprobada en las Cortes, la causa directa del crecimiento irregular del censo de votantes en el extranjero. Los analistas jurídicos no erraron en sus advertencias.
Cuando el Tribunal Supremo ordenó separar a quienes habían acreditado el exilio de quienes habían obtenido la nacionalidad mediante esta interpretación expansiva, se constató que el Gobierno había construido una fábrica capaz de introducir electores, pero incapaz de reconstruir después por qué puerta había entrado cada uno. El Alto Tribunal tuvo que dar a los ministros Félix Bolaños y José Manuel Albares un plazo improrrogable de cinco días, amenazándoles con multas coercitivas y posibles responsabilidades penales para obtener una relación nominal detallada. El plazo vencía precisamente el 28 de octubre, el día del accidente de Urda.
El Gobierno terminó entregando una lista con 163.355 nombres. De todo ese volumen, solo 901 ciudadanos aparecían acompañados de la certificación consular exigida para mantener el derecho de voto. El Ministerio de Justicia reconoció además que la plataforma DICIREG había permitido extraer 76.600 nacionalizados y que la Oficina del Censo Electoral había localizado a 38.188 individuos en las listas de votantes. La documentación que durante semanas parecía imposible de recopilar apareció mágicamente cuando el Tribunal Supremo puso fecha, hora y sanciones personales.
En paralelo, el ministro José Manuel Albares practicó una forma obscena de resistencia burocrática ante los requerimientos judiciales. El Ministerio de Asuntos Exteriores respondió que había comunicado los autos por telegrama a todos los consulados de la red exterior, pero evitó mostrar el documento público.
Las comprobaciones posteriores demostraron que las oficinas consulares explicaban activamente en sus redes sociales cómo votar el 29N mientras las medidas cautelares del Supremo quedaban confinadas a los tablones físicos de los edificios. Solo veinte consulados trasladaron las advertencias judiciales a sus páginas oficiales y solo una oficina las difundió en sus perfiles digitales. No fue una rebelión abierta contra el tribunal, sino una estrategia de cumplimiento formal y silencio material.
Las sombras del recuento y el futuro de las urnas
Existen dos trampas adicionales en el censo que enturbian por completo el proceso: la fecha de inicio del cómputo y la inclusión automática de la segunda generación. El Ejecutivo sitúa el arranque del contador en las elecciones generales de 2023, cuando legalmente debería remontarse a noviembre de 2022, el primer mes completo desde la entrada en vigor de la instrucción firmada por Sofía Puente. El aparato ministerial omite, además, a los hijos mayores de edad de quienes obtuvieron la nacionalidad por la vía de esa instrucción mediante el denominado Anexo III.
El Tribunal Supremo ha abierto un trámite urgente para decidir si extiende las medidas cautelares a esos hijos cuando su derecho derive directamente de progenitores cuya propia inscripción electoral se encuentra suspendida por la justicia. Si la administración general del Estado no ha acreditado la puerta legal por la que entró el padre, resulta imposible dar por limpia la cadena electoral del hijo.
La cruda realidad demuestra que los muertos de Urda no detuvieron la cocina electoral de Pedro Sánchez. El puchero sigue a pleno fuego a la vista de toda la ciudadanía. Una operación de manual que retrata la falta de ética de un equipo dispuesto a erosionar los cimientos del sistema con tal de mantener su manual de resistencia en el poder.
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