Llámalo autogolpe o abolición del Estado de derecho: estamos diciendo lo mismo. El órgano de gobierno de los jueces, sus asociaciones profesionales y las de los fiscales lo dejaron advertido por escrito, y nada ha cambiado en los planes de la ilegítima coalición constituyente.
Esa que pisoteando la del 78 va a establecer, a base de mayorías absolutas en el Congreso, una confederación de facto donde unas pocas «naciones históricas» consolidarán su posición de privilegio simbólico y fiscal, judicial y sanitario, comercial y educativo, diplomático y penitenciario, sobre el resto de España.
«Resto de España», o España sin más, es el nombre que quedará para designar a la parte que no tiene la suerte de ser histórica. Como todo el mundo sabe, Castilla no tiene historia. No faltarán las fusiones de comunidades para dar satisfacción a este extemporáneo estallido de nacionalismo romántico, basado, como en el XIX, en leyendas y medias verdades capaces de confeccionar una historia que encaje en los deseos de nuestras burguesías periféricas.
Las únicas de Occidente incapaces de sobrevivir sin barreras; solo respiran en un proteccionismo lingüístico e impositivo ajeno al espíritu fundacional de las comunidades europeas.
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Ni un milímetro se ha movido el proyecto. Salvo reacción del pueblo soberano, solo variará la manera de dulcificar la traición de las élites. Sánchez solito, por muy traidor que sea, no podría llevar a cabo nada de lo que damos por irremediable (desidia) o nos negamos a ver pese a la evidencia (cobardía). No incluyo, desde luego, entre las élites traidoras a las del alto funcionariado de la Administración ni a la mayoría de jueces y magistrados.
Sí a las financieras, a las académicas, a las intelectuales y, por desgracia, a la parte de la oposición política que, sufriendo el problema, prefiere poner tiritas donde haría falta el escalpelo. La lucha de dichas élites contra los siniestros planes de la ilegítima coalición constituyente es discreta hasta el silencio o, en el mejor de los casos, hasta la desorientada crítica típica de los economicistas. Nos avergüenza que no se avergüencen.
Es de una ingenuidad párvula (o de un cortoplacismo pérfido) esperar prosperidad sin seguridad jurídica. La huida de las empresas catalanas en el procés se repetirá ampliada en El Proceso, que es la extensión al conjunto de España de la arbitrariedad en la aplicación de las normas, la incrustación en lo público de una cleptocracia arropada en ideologías victimistas, y la ignorancia del imperio de la ley.
Para que la mancha de aceite se extienda se precisan altas dosis de ignorancia y resentimiento en la academia, muy serio canguelo en la prensa dizque conservadora (o liberal) que se acoge a sagrado en calle Génova mientras pierde con deshonra su independencia, una intelectualidad estabulada cuyo célebre compromiso la ata exclusivamente al poder mientras finge rebeldía, y un PP liderado por alguien que cree en la nación gallega y catalana, que primó al PSOE en campaña y que, con su moderación, normaliza la catástrofe.
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