El Estado utiliza el dinero que proviene de la explotación sexual de las mujeres y de todo lo que conlleva el tráfico de drogas
Opinion 12 de diciembre de 2023 María José Hernández H.|
El 6 de diciembre se celebró el 45 aniversario de la Constitución española con el consabido acto en el Congreso de los Diputados. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez manifestaba que dicha Constitución “nació como un símbolo de igualdad y libertad y colocó los cimientos para construir la España que somos hoy: un país moderno, diverso y plural” y añadía que “refleja lo que somos y lo que queremos ser”.
Sinceramente ignoro lo que será y querrá ser él y todos los demás pero la realidad es que en la actualidad, España entre otras cosas, es el país más putero de Europa y el tercero en el mundo. Es posible que haya quienes se estén preguntando qué tendrá que ver la “pobre” Constitución con esta situación y supongo que también habrá quienes piensen que la relación es un completo desatino. Pero permítanme recordar algunos hechos de los que quizá se pueda deducir dicha relación, al menos indirectamente.
En el año 2011, en plena crisis financiera global provocada por la quiebra de Lehman Brothers y a instancias de Bruselas y del FMI, el gobierno de Zapatero apoyado por el PP modificó el artículo 135 de la Constitución. Esto supuso la incorporación del concepto de “estabilidad presupuestaria” y que el pago de la deuda pública a los bancos fuese y sea prioritario frente a cualquier otro gasto del Estado (incluidos los sociales) en los presupuestos generales. Esto no admitía enmienda ni modificación posible.
Un año antes, en 2010, la Comisión Europea, en base a una petición del Tribunal de Cuentas Europeo, estableció una obligación para todos los Estados miembros con el fin de que incorporasen en su Renta Nacional Bruta los flujos provenientes de actividades ilegales antes de finalizar el mes de septiembre de 2014. Fue en este año cuando España incluyó oficialmente en su Producto Interior Bruto (PIB) dichas actividades dentro del proyecto llamado “Contabilidad Nacional de España. Base 2010”.
Se preguntarán ustedes cuáles eran y son esas actividades ilegales. El Instituto Nacional de Estadística estimó que las más significativas en España eran la prostitución; el tráfico de drogas y el juego ilegal. Es decir, la prostitución (que conlleva a la trata de personas) y el tráfico de droga (más de lo mismo) están incorporadas en el PBI de España que, como sabrán, es un indicador económico de la riqueza del país. De hecho, esto supuso un incremento del 4,5% en el PIB, lo que permitió aliviar la deuda, rebajar la prima de riesgo del país y tener más capacidad de crédito de los bancos.
En otras palabras, con la modificación de la Constitución se prioriza el pago de la deuda a los bancos y para pagarles, el Estado utiliza el dinero que proviene de la explotación sexual de las mujeres y de todo lo que conlleva el tráfico de drogas.
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Resulta interesante y quizá algo irónico, que la Comisión que emitió el dictamen favorable a dicho proyecto de “Contabilidad Nacional” estaba formada entre otros por Comisiones Obreras; el Consejo de consumidores y Usuarios; la Federación de Asociaciones de Periodistas de España y la CEOE (Confederación española de Organizaciones Empresariales). Irónico porque recuerden que estamos hablando de considerar como riqueza estatal el tráfico ilegal de drogas, un delito, y la prostitución incluida la trata de personas que es una flagrante violación de los derechos humanos.
Incido en la relación prostitución-tráfico de personas porque la estimación del dinero procedente de la actividad prostitucional se realizó en base a unos informes del Ministerio del Interior que informaban sobre la trata de seres humanos en España, al igual que los elaborados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y expertos de la Administración. Es decir, que incluían la trata dentro de la prostitución además de demostrar estar al corriente de todos los datos y localizaciones del flujo ilegal del dinero y de las violaciones de Derechos Humanos…
Para terminar, creo importante señalar las cifras aproximadas que supone para el Estado el negocio multimillonario de estas actividades ilegales incorporadas a su PIB.
Según el Instituto Nacional de Estadística la prostitución representa aproximadamente un 0,35% del Producto Interior Bruto, lo que supone 4.712 millones de euros anuales (datos del año 2022 con un PIB de 1.346.377 millones de euros). A día de hoy, no sabemos el dato oficial el PIB 2023, pero todo parece indicar que los millones habrán subido considerablemente. Recordemos de nuevo que España es el primer país de la UE y el tercero en el mundo en prostitución.
Con respecto al tráfico de drogas, este supone algo más del 0,50% del PIB lo que se traduce en aproximadamente 6.731 millones de euros en el año 2022. Según datos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías España es uno de los países con mayor consumo de drogas por habitante. De hecho, se estima que el negocio de la droga ya alcanza niveles históricos con más de 8.000 millones de euros al año (dato de octubre de 2023. Diario público).
En total, las actividades ilegales suponen un 0,87% del PIB, que en el año 2022 se traduce en 11.713 millones de euros anuales.
Con sinceridad, ¿Ustedes creen que el Estado español va a prescindir del ingreso de todos estos miles de millones de euros anuales pese a ser producto de delitos y violaciones de Derechos Humanos principalmente a mujeres y quién sabe si a menores?
Excusarse con el cumplimiento obligatorio europeo obviando derechos fundamentales efectivamente “refleja lo que somos…”, ustedes como dirigentes y nosotros como sociedad por permitirlo y en muchos casos apoyarlo.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 25 de setiembre 2014.
https://www.ine.es/prensa/np862.pdf
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