La Ley de Función Pública confirma los peores presagios para los funcionarios: podrán ser despedidos por su rendimiento

Ser funcionario público en España era sinónimo de tener un trabajo bien remunerado y garantizado hasta que el funcionario se jubilara. El nuevo Real Decreto la Ley de Función Pública que ha aprobado el Gobierno pone fin a ese modelo y obliga a todos los funcionarios a demostrar su desempeño en distintas pruebas de evaluación.

 Si los funcionarios no superan esas pruebas de evaluación, podrían llegar a perder su plaza al no estar cualificados para cubrir las funciones propias de su cargo. Con esta medida, el Cuerpo de Funcionarios Públicos del Estado se equipara con la plantilla de cualquier empresa en la que se somete a sus empleados a evaluaciones periódicas de rendimiento.

Ley aprobada justo a tiempo para recibir los fondos Next Gen europeos. El ejecutivo ha aprobado in extremis en su último consejo de ministros del año la nueva Ley de Función Pública vía Real Decreto (Real Decreto-Ley 6/2023).

 Este instrumento ha permitido agilizar su registro dentro del plazo, hasta el 31 de diciembre de 2023, que imponía la Comisión Europea para aprobar el cuarto pago de los Fondos Next Gen del Plan de Recuperación.

 Equiparación del rendimiento en el sector público y privado. Pese a su aprobación inesperada, la nueva normativa no ha sido objeto de la improvisación ya que se basa en gran medida en el anteproyecto de ley de Función Pública de la Administración General del Estado aprobado hace justo un año, pero aporta una importante novedad: la evaluación del desempeño de los funcionarios de forma individual.

Aunque la nueva medida ya se mencionaba en el artículo 20 del Estatuto Básico del Empleado Público no ha sido del agrado de los sindicatos. Los agentes sociales se han mostrado en contra de ese punto, que cambia la norma establecida en el que se evaluaba el rendimiento de todo el colectivo que ocupaba un determinado puesto.

 Con la nueva normativa, se evalúa a cada funcionario de forma individual y se vinculan ascensos, incrementos salariales o traslados a los resultados obtenidos en esa evaluación, de mismo modo que se evalúan a los empleados en la empresa privada.

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Sin detalles sobre el contenido, pero sí su obligatoriedad. Por el momento, la nueva norma no especifica de que forma se llevarán a cabo esas evaluaciones de rendimiento ni su periodicidad, dejándolo en manos del personal de Recursos Humanos de la Administración Pública.

A lo que sí hace referencia clara la nueva normativa es al carácter obligatorio de la nueva medida, y la posibilidad de perder la plaza si no se realiza o no se obtienen los valores mínimos exigidos. Algo impensable hasta la fecha, que había que incurrir en hechos muy graves recogidos en los artículos 64 y 67 del Estatuto Básico del Empleado Público para perder la condición de funcionario público.

 Un instrumento para conseguir una Administración pública eficiente. La Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha defendido la medida como un instrumento imprescindible para crear una administración pública. Argumento que ya esgrimió en un vídeo publicado en su perfil de X en marzo de 2023.

“Hoy hemos aprobado el proyecto de Ley de Función Pública, la norma que modernizará nuestras Administraciones y mejorará el servicio a los ciudadanos. Las empleadas y empleados públicos tendrán más derechos y oportunidades profesionales, con nuevas medidas de igualdad”.

 La ministra de la Función Pública destacaba la importancia de esta ley para conseguir una Administración pública de calidad, donde no hay que establecer lo que cada funcionario sabe, sino cómo transfiere ese conocimiento a su trabajo cotidiano, e incentivar la motivación y la posibilidad de ascenso en la carrera de los funcionarios.

Montero destaca el trabajo del gobierno del que forma parte para conseguir el incremento de hasta un 126% la oferta de empleo público tras décadas de estancamiento en las tasas de reposición de los empleados públicos que no llegaban a cubrir las bajas por jubilación.

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