Impacto España Noticias
La plataforma de reparto a domicilio Glovo ha anunciado el inicio de un periodo de consultas para aplicar un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a un máximo de 750 repartidores en España. La medida también implicará la reducción de su actividad en más de 60 localidades repartidas por diferentes provincias.
Según ha confirmado un portavoz de la compañía en un comunicado, se trata de una decisión "difícil", aunque la empresa asegura que el objetivo es garantizar la continuidad del servicio en el resto del país. Pese al ajuste, Glovo mantendrá su operativa habitual en la mayoría del territorio nacional.
Actualmente la aplicación sigue prestando servicio en más de 800 ciudades españolas, por lo que la reducción de la actividad se concentrará únicamente en aquellas zonas donde el modelo resulta más complicado de sostener.
La reestructuración supondrá la retirada o reducción del servicio en más de 60 localidades. Desde la compañía explican que el objetivo es evitar el cierre completo de la actividad en esos mercados y poder concentrar recursos en las zonas con mayor demanda.
A pesar de este recorte geográfico, la empresa insiste en que seguirá trabajando para "ofrecer la mejor experiencia posible" tanto a clientes como a los comercios que utilizan la plataforma para distribuir sus productos.
Uno de los grandes puntos de fricción entre el Gobierno y las empresas del sector fue la aprobación en 2021 de la llamada Ley Rider, impulsada por el Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz.
Esta norma obligó a las plataformas digitales a contratar como asalariados a los repartidores que hasta entonces operaban mayoritariamente como autónomos. El cambio alteró de forma profunda el funcionamiento de un sector que había crecido apoyándose en un modelo flexible de colaboración.
La ley provocó también la salida de algunas empresas del mercado español. Uno de los casos más conocidos fue el de Deliveroo, que decidió abandonar el país tras la entrada en vigor de la normativa.
La vicepresidenta segunda del Gobierno ha convertido a las plataformas de reparto en uno de los principales objetivos de su agenda regulatoria. Uno de los episodios más mediáticos se produjo cuando Díaz anunció una sanción de cerca de 79 millones de euros contra Glovo por la relación laboral con sus repartidores. En aquel momento, la ministra acusó a la empresa de mantener un sistema de falsos autónomos.
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