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El presidente de Argentina, Javier Milei, ha firmado -en su tercera semana de Gobierno- el decreto que paraliza la renovación de todos aquellos funcionarios públicos que fueron contratados hace menos de un año. Una medida que ha generado una gran polémica en el país.
Aunque el Gobierno calcula que son “más de 5.000″ los afectados, otras fuentes como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) estiman que la cifra supera los 7.000, según ha adelantado el medio subvencionado ‘El País’. Una cantidad que podría crecer en los próximos 90 días, tras la revisión exhaustiva del Gobierno de los contratos de los trabajadores del sector público empleados antes del 1 de enero de 2023.
Hay varias excepciones
Más concretamente, el decreto publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina establece que no se renovarán los contratos de trabajadores del Estado firmados a partir del 1 de enero de 2023. Ahora bien, el proyecto contempla algunas excepciones.
Entre otras, cabe destacar que están exceptuados los trabajadores que son parte de “cupos regulados por ley u otro tipo de protecciones especiales”, como las personas con discapacidad, o el personal que es considerado “indispensable” para una jurisdicción.
¿A quién afectará?
El texto también anticipa que el resto de los contratos será sometido a “un relevamiento intenso” en los próximos meses. Una medida que se encuentra inmersa dentro del ‘plan motosierra’ con el que el derechista pretende reducir el gasto público y que supone un paso más en la hoja de ruta del Gobierno
En particular, esta iniciativa afectará a aquellos trabajadores de la administración central del Gobierno y de los organismos descentralizados del Estado, así como de aquellas empresas públicas y sociedades anónimas de mayoría estatal, como la energética de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).
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Los sindicatos, en alerta
De todos estos detalles, y muchos aspectos más, los sindicatos ya se encuentran informados y están alerta. Y esto no es todo. Estos ya han anunciado que las protestas continuarán e inciden en la necesidad de avanzar en un gran paro nacional y el primer paro total de aquellas actividades relacionadas con las empresas y entidades públicas.
Eso sí, los reclamos de los trabajadores, que consideran que el ajuste de Milei recae siempre en los sectores más vulnerables de la población, se producirán en un clima de tensión marcado por los nuevos protocolos contra los cortes de calles.
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