
El Supremo confirma 8 años de prisión para el hombre que quiso matar a Pedro Sánchez
El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de ocho años y nueve meses de prisión impuesta por la Audiencia Nacional a un hombre que quiso asesinar a Pedro Sánchez
El analista Alvise Pérez afirma que Eduardo Inda, director de OkDiario, cobró 500.000 euros de Leopoldo Alejandro Betancourt, presidente de Derwick Associates, "para evitar que salieran noticias negativas de él en OkDiario
Noticias12 de enero de 2024 Gabriela Ruiz, El PubliqueEl analista Alvise Pérez afirma que Eduardo Inda, director de OkDiario, cobró 500.000 euros de Leopoldo Alejandro Betancourt, presidente de Derwick Associates, "para evitar que salieran noticias negativas de él en OkDiario. Esta declaración, que constaría en el Juzgado de Instrucción nº29 de Madrid, en el sumario del caso Caranjuez, podría ser parte de una investigación por extorsiones contra Inda, según Pérez.
Alvise Pérez fue demandado por Inda por publicar audios de Borja Jiménez, su mano derecha, en los que, según Pérez, se escucha cómo Inda le enseñó a extorsionar: “Pero empresas grandes, que las pequeñas si quiebran luego se chivan” .
Impacto España Noticias ya destapo esta noticia en conversación con Borja Jimenez, que además critico a Carlos Cuesta por ser accionista de Edatv, una vez publicada dicha noticia Carlos Cuesta se marcho de OkDiario.
Desde el año 2022 se conoce que Betancourt realizó un pago, también por 500.000 euros, a José Aliste, un abogado que forma parte de un grupo investigado por extorsionar a exfuncionarios y empresarios venezolanos.
Aliste emitió una factura el 4 de mayo de 2015 con el concepto: “Honorarios profesionales por Consultoría y Asesoramiento en la dimensión de Medios de Comunicación Social…”. Según el documento oficial, Aliste asesoraba tanto a Betancourt, a su familia y a su empresa Derwick Associates Corp.
Según Hoja de Encargo Profesional Asto. L.A Betacourt". Sin embargo, la Policía considera que esta factura no se corresponde con ningún servicio real, sino que fue elaborada para encubrir el origen ilícito de los fondos.
Entre las pruebas que obran en el sumario del caso Caranjuez, se encuentra un documento de la Mutualidad General de la Abogacía, que contiene la hoja de encargo profesional realizada por Betancourt López el 15 de abril de 2015.
En ella, se solicita al abogado José Martín Aliste que intervenga profesionalmente en el asesoramiento de Betancourt, su familia, su empresa principal Derwick Associates Corp y sus parientes directos. La Policía cree que este documento es una evidencia de la relación entre Aliste y Betancourt, y de la implicación del primero en la trama de blanqueo.
Según el informe policial, los agentes han podido comprobar que la sociedad Last Means, creada por Aliste, fue utilizada exclusivamente para canalizar los fondos provenientes de Erasmus Haven, la sociedad de Martín Rodil, y que estarían relacionados con alguna clase de servicio prestado a Leopoldo Alejandro Betancourt.
Estos fondos se habrían empleado en la adquisición de al menos un vehículo y joyas, así como en el traspaso a cuentas bancarias de Aliste, sus empresas o terceras entidades en las que tenía intereses.
La Operación Caranjuez es una investigación que llevan a cabo autoridades judiciales españolas desde el año 2017, cuando dos exfuncionarios del gobierno de Hugo Chávez, Javier Alvarado y Carlos Aguilera Borjas, denunciaron a una red de extorsionadores que les ofrecieron protección, documentos españoles y evitar la extradición a cambio de dinero e información sobre el financiamiento chavista a Podemos.
La red estaría integrada por el abogado venezolano-estadounidense Martín Rodil, el abogado español José Aliste, un supuesto agente israelí llamado Avi y el comisario José Manuel Villarejo.
Según el expediente elaborado por la Brigada Central de Investigación Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Policía Nacional española, Aliste aparece vinculado a los investigados Nervis Villalobos, Rafael Reiter Muñoz y Javier Alvarado, así como al denunciante Carlos Luis Aguilera Borjas y al empresario venezolano Leopoldo Alejandro Betancourt.
De todos ellos, Aliste recibió pagos y, al menos en el caso de Aguilera, los recibió por supuestas capacidades para influir en funcionarios de la Policía Nacional y del Sepblac.
Leopoldo Alejandro Betancourt es el co-fundador, junto a Pedro Trebbau, del conglomerado empresarial Derwick Associates Corp, dedicado al sector energético. Betancourt está relacionado con múltiples casos de corrupción en Venezuela y Estados Unidos, tras haber recibido 12 proyectos de obras eléctricas durante el gobierno de Chávez.
Las actividades de la red de extorsionadores también están relacionadas con el blanqueo de capitales que realizaba el argentino Luis Fernando Vuteff, yerno del exalcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, para corruptos venezolanos. Vuteff fue detenido en Suiza el 24 de junio de 2022, después de ausentarse de España, donde debía declarar sobre las denuncias en su contra. Posteriormente, el argentino fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta un proceso por lavado de dinero relacionado con su participación en el caso Money Flight.
Comparte en Redes Sociales
Evite la censura de Internet suscribiéndose directamente a nuestro canal de Telegram, Newsletter
Haz tu Donación
Síguenos en Telegram: https://t.me/impactoespananoticias
Twitter: https://twitter.com/impactoSumustv
Instagram: https://www.instagram.com/impactoespana?r=nametag
YOUTUBE:https://youtube.com/@impactoespananoticias
Odysee: https://odysee.com/@impactoespa%C3%B1anoticias:a
WhatsApp: 635967726
El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de ocho años y nueve meses de prisión impuesta por la Audiencia Nacional a un hombre que quiso asesinar a Pedro Sánchez
Según los últimos datos oficiales, 1,6 millones de personas declararon a Hacienda entre 0 y 1.500 euros anuales. Otros 3,1 millones declararon ingresos entre 1.500 y 6.000 euros, y 2,7 millones dijeron ganar entre 6.000 y 12.000 euros. Eso significa que más de ocho millones de ciudadanos viven en pobreza severa o extrema
Documentación policial y judicial revela el papel desempeñado por el actual coordinador general de EH Bildu en la estructura operativa de ETA-pm y su posterior integración en ETA militar. Su implicación se vincula con acciones armadas entre 1982 y 1984, incluyendo secuestros, atentados con explosivos y heridas a civiles, entre ellos menores de edad
La presidenta del Congreso insiste en que no ha mentido ni ocultado información y enmarca su encuentro con Víctor de Aldama en el contexto de la pandemia como asesor de Air Europa
Por ello, solicita al INSS la apertura de un «expediente de revisión de oficio del grado de incapacidad permanente» reconocido a Paqui Muñoz Cano, «con base en los indicios objetivos de mejoría funcional conocidos públicamente»
La investigación identifica tres adjudicaciones aprobadas por ADIF que fueron firmadas directamente por Isabel Pardo de Vera. Todas están financiadas con fondos europeos y suponen un total de 342 millones de euros
"La tolerancia llegará a tal nivel que a las personas inteligentes se les prohibirá pensar para no ofender a los idiotas" Fiódor Dostoyevski
Por ello, solicita al INSS la apertura de un «expediente de revisión de oficio del grado de incapacidad permanente» reconocido a Paqui Muñoz Cano, «con base en los indicios objetivos de mejoría funcional conocidos públicamente»
Además, se incautaron documentos físicos de interés, entre los que se encontraban folios con sellos oficiales, tarjetas de visita y una libreta con anotaciones manuscritas
La acusación, difundida en cadena por medios como El HuffPost, elDiario.es, Onda Cero, RTVE, Cadena SER y The Objective (que ha rectificado), atribuye a VOX la intención de deportar a «ocho millones de inmigrantes y sus hijos», a pesar de que ningún dirigente del partido ha mencionado nunca esa cifra
Documentación policial y judicial revela el papel desempeñado por el actual coordinador general de EH Bildu en la estructura operativa de ETA-pm y su posterior integración en ETA militar. Su implicación se vincula con acciones armadas entre 1982 y 1984, incluyendo secuestros, atentados con explosivos y heridas a civiles, entre ellos menores de edad