La presión migratoria sobre Ceuta ha reabierto una herida que el campo español lleva años denunciando: las concesiones políticas y comerciales a Marruecos tienen consecuencias directas sobre los agricultores nacionales. El tomate marroquí se ha convertido en uno de los símbolos de ese malestar.
Mientras los productores españoles soportan normas fitosanitarias estrictas, exigencias ambientales cada vez más duras y costes laborales crecientes, las importaciones procedentes del norte de África entran en el mercado europeo con menores cargas y precios mucho más agresivos.
El resultado, según denuncia el sector, es una competencia que golpea de lleno la rentabilidad de explotaciones en regiones clave como Almería, Murcia y la Comunidad Valenciana.
El sector agrario vuelve a poner el foco en los trabajos de Acento Public Affairs, la firma fundada por el exministro socialista José Blanco y Antonio Hernando, actual secretario de Estado de Telecomunicaciones.
La compañía también contó con participación del exdirigente popular Alfonso Alonso hasta la venta de la firma en febrero de 2026. En 2024, Acento asumió la representación de la Embajada de Marruecos para defender los intereses alauitas en Bruselas.
El encargo coincidió con el varapalo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a los acuerdos agrícolas comunitarios relacionados con Marruecos. La labor de intermediación se enfocó en facilitar la entrada del tomate marroquí en el mercado europeo, un producto que compite directamente con la producción española.
Para los agricultores nacionales, el problema no es sólo comercial. Es político. El tomate marroquí entra en Europa en condiciones que el campo español considera desiguales, mientras los productores nacionales están sometidos a una presión regulatoria que encarece la producción y reduce sus márgenes. El agricultor español debe cumplir exigencias medioambientales, laborales, sanitarias y burocráticas cada vez más severas.
Marruecos, en cambio, produce con costes inferiores y condiciones menos exigentes. Esa asimetría convierte cada nueva concesión comercial a Rabat en una amenaza para miles de explotaciones españolas.
Llas labores de cabildeo institucional se enmarcan en la legalidad. Pero para el sector agrario resulta políticamente inaceptable que antiguos dirigentes políticos españoles hayan cobrado por reforzar la voz del tomate marroquí ante las instituciones europeas. La indignación del campo se entiende mejor en el contexto actual.
Marruecos presiona en la frontera de Ceuta, la UE intenta recomponer sus acuerdos comerciales con Rabat y los agricultores españoles ven cómo sus competidores del norte de África ganan espacio en los supermercados europeos. El mensaje que perciben los productores nacionales es demoledor: quienes deberían defender la agricultura española terminan facilitando la entrada de productos que compiten contra ella.
La reciente crisis migratoria en Ceuta ha reactivado el enfado contra la política exterior española hacia Marruecos. Durante años, Rabat ha demostrado su capacidad para utilizar la presión migratoria, comercial y diplomática como instrumento de influencia. Aun así, el Gobierno español y buena parte de Bruselas siguen tratando al régimen de Mohamed VI como un socio preferente al que conviene no incomodar.
Esa dependencia tiene un coste. Ceuta lo paga en la frontera. El campo español lo paga en los precios. Y los agricultores lo pagan con márgenes cada vez más estrechos, explotaciones al límite y una sensación creciente de abandono institucional.
La cuestión agrícola se complica además por el laberinto legal abierto en torno a la inclusión del Sáhara en los acuerdos entre la Unión Europea y Marruecos. Las decisiones judiciales europeas han cuestionado la forma en que Bruselas ha incorporado productos procedentes de territorios bajo control marroquí dentro de los acuerdos comerciales.
Ese escenario ha reforzado la importancia del lobby y de las presiones diplomáticas en Bruselas. Marruecos necesita mantener abierto el acceso preferente al mercado europeo. Y para ello utiliza todos los resortes de influencia disponibles, incluidos despachos de relaciones públicas con conexiones políticas en España.
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