Se han escrito ríos de tinta sobre los riesgos para la democracia que entraña el pacto político para formar gobierno que han suscrito el PSOE y Junts, el partido del que es dueño y señor Pedro Sánchez y el partido en el que manda un prófugo de la justicia, Carles Puigdemont.

Son tantas las afrentas al orden constitucional, a la separación de poderes, al ordenamiento jurídico, a la igualdad entre españoles…, que se ha pasado por alto que este pacto es profundamente antieuropeo y que el despliegue de su contenido atenta gravemente contra los valores democráticos de la Unión, especialmente contra el Estado de derecho (art. 2 del TUE) que somete a todos los ciudadanos a la ley, incluidos los políticos. Citaré a continuación algunos ejemplos.

 En democracia no caben pactos políticos con quienes han violado la ley y se han fugado de un Estado miembro para evitar la acción de la justicia. Estamos ante un pacto vergonzoso, negociado de espaldas a los ciudadanos españoles y al margen de las instituciones democráticas españolas, contra el principio de transparencia que rige la acción de la Unión Europea y sus estados miembro en su acción política y es un elemento fundamental de un sistema democrático.

O sea, no sólo es un atentado contra el orden constitucional de España sino que es contrario al espíritu y las normas de la Unión. El proyecto de Ley de Amnistía también fue ocultado a las instituciones europeas, en violación flagrante del principio de cooperación leal entre Estados miembros e Instituciones europeas (art. 4.3 del Tratado de la Unión Europea).

Debemos recordar que ante la protesta masiva de miles de ciudadanos y de todas asociaciones de juristas de España que se dirigieron a las instituciones europeas mostrando su rechazo a la amnistía, el 8 de noviembre de 2023, el Comisario de Justicia, Didier Reynders, solicitó por carta al Gobierno de España detalles sobre el alcance temporal, material y personal de la Ley de Amnistía que estaban negociando el PSOE y sus socios. En su respuesta, ese mismo día, el ministro Bolaños negó tener información sobre la norma que estaban negociando, para presentarla él mismo en nombre de su grupo parlamentario el lunes siguiente, 13 de noviembre de 2023.

 Sobre la tramitación de la Ley de Amnistía, cabe destacar que el motivo por el que el PSOE optó por una proposición de ley de su grupo político fue para eludir la consulta perceptiva (al Consejo de Estado, al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo Fiscal) que establece la legislación española para propuestas legislativas del Gobierno (a fin de garantizar la transparencia y la participación de la ciudadanía en el proceso).

En su informe sobre el Estado de derecho en la Unión Europea 2023, la Comisión subraya las dudas que existen sobre algunas prácticas procedimentales en las Cortes, incluyendo la falta de consulta pública para propuestas legislativas de los grupos políticos y el uso excesivo de los procedimientos de urgencia para legislar. En el caso del proyecto de Ley de Amnistía se han utilizado ambas vías para su tramitación.

Sobre los delitos de malversación (corrupción) del proyecto de Ley de Amnistía, cabe destacar que los delitos de corrupción están expresamente mencionados en los tratados (artículo 83 del TFUE) como delitos de especial gravedad por sus repercusiones. Amnistiar estos delitos, especialmente cuando los cometen políticos, y hacerlo a cambio de votos, tiene un impacto extraordinariamente negativo para la Unión a corto, medio y largo plazo.

La Comisión Junker ya lo advirtió cuando, en enero de 2019, alertó a las autoridades rumanas que la despenalización y amnistía a políticos de algunos delitos de corrupción suponía «exportar» sus conflictos internos a la Unión Europea, además de «un retroceso» para el Estado de derecho.

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 Además, amnistiar delitos de corrupción va en sentido radicalmente contrario a la reciente propuesta de Directiva de lucha contra la corrupción que se está negociando en estos momentos entre el Parlamento Europeo (y el Consejo) .

De materializarse esta amnistía, se ahondaría en la deriva laxista que, por motivos políticos, el Gobierno de España inició con las rebajas de penas ya adoptada por España en 2022 (Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre), rebajas que fueron ampliamente criticadas por la sociedad civil (tal y como refleja el informe sobre el Estado de derecho en la Unión Europea de 2023).

Respecto a los delitos de terrorismo, la Ley de Amnistía pretende borrar aquellos sin sentencia firme. Es decir, todos los que están siendo investigados en estos momentos en relación a los hechos delictivos posteriores al intento de golpe de estado de 2017. Este tipo de delitos también están expresamente mencionados en los tratados (artículo 83 del TFUE) como delitos de especial gravedad por sus repercusiones. Amnistiar y dejar sin efecto los procesos penales en curso para dichos delitos es, además, radicalmente contrario a la Directiva europea de lucha contra el terrorismo.

 Comisiones parlamentarias de investigación para señalar y represaliar a jueces y funcionarios que en cumplimiento de las atribuciones establecidas por la ley investigaron y encausaron las acciones delictivas de los políticos, al amparo de la legislación española y europea.

Esto no tiene precedentes en la Europa democrática y responde sólo a la voluntad de mantenerse en el poder a toda costa, incluso a costa del desprestigio del sistema judicial español. No se ha visto en toda la historia de la Unión Europea una injerencia tan flagrante en la independencia judicial y de las fuerzas de seguridad.

 Y, finalmente, dos nuevas cuestiones que se añaden al pacto inicial que conocimos para que Puigdemont ordenara a sus diputados que hicieran presidente a Sánchez y que retratan expresamente la pulsión antieuropea del PSOE: por exigencias de Junts, el Gobierno eliminó la cláusula para dejar en suspenso la aplicación de leyes sometidas a cuestión prejudicial que contenía la versión inicial del recientemente aprobado Real Decreto-ley 6/2023 y que consagra en la legislación española esta obligación europea.

Además, el Gobierno se comprometió a transferir las competencias de inmigración a Cataluña. Ambas cuestiones son contrarias a los compromisos del Gobierno contraídos con Europa, la primera en el marco del plan de recuperación y el compromiso de agilizar y asegurar una mejor coordinación del sistema migratorio, la segunda en el marco del reciente pacto europeo de inmigración y asilo al poner en riesgo esa transferencia de competencias el establecimiento de un enfoque común europeo en materia de migración y asilo.

 La conclusión no puede ser otra que constatar que el PSOE se ha convertido en un partido retrógado y nacionalista que comparte intereses y estrategia con los miembros del grupo de los euroescépticos al que pertenecen los ultranacionalistas y ultraderechistas de Puigdemont.

Vamos, que si Mitterrand levantara la cabeza al pronunciar la famosa sentencia de «El nacionalismo es la guerra», miraría fijamente a los socialistas españoles que aún hoy se sientan dentro del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo. Y a lo mejor, sólo a lo mejor, todos los demás europarlamentarios del Grupo se darían cuenta que tienen dentro el caballo de Troya del nacionalismo más xenófobo y les darían una patada… justo ahí.

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