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Agentes de la Guardia Civil han tomado declaración como testigo al secretario de Estado de Seguridad y 'número dos' de Fernando Grande-Marlaska en el Ministerio del Interior, Rafael Pérez, en relación con la investigación sobre presuntas mordidas de Koldo García, el asesor del exministro José Luis Ábalos, según ha adelantado 'eldiario.es' y ha confirmado en fuentes de la investigación a IEN.
La toma de declaración también ha afectado a su mano derecha, José Antonio Rodríguez, el director del Gabinete de Coordinación y Estudios, por el contrato de 3,4 millones de euros adjudicado a la empresa clave en el presunto fraude en la compra de mascarillas.
Fuentes del Ministerio del Interior han reaccionado a la información señalando que "no se pronuncian sobre un procedimiento judicial abierto en la Audiencia Nacional y que tiene carácter de secreto".
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La investigación, dirigida por la Audiencia Nacional y en la que participan Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha llevado desde ayer a la detención de 14 personas, dentro de unas diligencias de investigación por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho que afectan a 20 personas.
Estas detenciones practicadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en distintas provincias de la geografía española han venido acompañadas por alrededor de 26 registros domiciliarios. Las fuentes consultadas indican que los mismos se han extendido hasta las 04.00 horas de la madrugada del miércoles y que, en alguno de esos registros, los agentes se han encontrado con cajas fuertes vacías.
EL MONTANTE SUPERA LOS 50 MILLONES
La investigación judicial por la que ha sido detenido Koldo García Izaguirre, que fue asesor del exministro socialista José Luis Ábalos, investiga presuntas mordidas en contratos durante la pandemia de Covid-19 cuyo material fue destinado a los ministerios de Transportes e Interior, así como comunidades autónomas (CCAA) como Baleares y Canarias, según han informado fuentes de la investigación.
Estas fuentes señalan que el montante de los contratos de estas administrativas públicas supera los 50 millones de euros, según la estimación de los investigadores.
En el caso del Ministerio del Interior fue Rafael Pérez quien firmó la adjudicación de material de protección para el personal de Interior a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa por un valor de 3.479.355 euros. Estos contratos habían sido requeridos previamente por los investigadores, según explica el citado medio, y se tramitó por el procedimiento negociado sin publicidad y con carácter de emergencia.
En este contexto, la Guardia Civil también ha reclamado esta tarde al Ministerio de Transportes documentación en el marco de la investigación por las presuntas mordidas, según informan fuentes de la investigación.
Desde las 9.00 horas de este jueves los detenidos serán puestos a disposición del juez instructor, Ismael Moreno, quien, previo informe de la Fiscalía, deberá decidir si acuerda enviarles a prisión o si les deja en libertad con alguna medida cautelar.
En todo caso, las fuentes consultadas aseveran que la operación sigue abierta y que por tanto no es descartable que en las próximas horas tengan lugar más detenciones en el marco de esta causa que permanece secreta.
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