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La presidenta de la sección de enjuiciamiento, Rebeca Laliga, ha puesto en marcha el proceso tras la posición favorable de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, según ha podido confirmar fuentes conocedoras de la institución. La instrucción se apoya en un informe que el propio organismo aprobó el pasado diciembre, y cuyos hallazgos han despertado también el interés de la Fiscalía Europea, que investiga por su parte. La Fiscalía Europea ya había registrado Adif, la AESF y el propio Tribunal de Cuentas.
Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil acudieron el viernes a la sede del Tribunal de Cuentas con «una solicitud de información», según un portavoz oficial de la institución.
El objetivo es cuantificar el perjuicio al Estado y que los responsables devuelvan el dinero, incluso mediante el embargo preventivo de sus bienes si fuera necesario. El Tribunal de Cuentas actúa al margen de la vía penal. Los indicios se centran en adjudicaciones a Obras Públicas y Regadíos (OPR), constructora que la investigación judicial ha situado en la llamada trama Koldo. Será complejo identificar a los responsables últimos, sobre todo si los cargos de Adif cumplieron órdenes.
El informe nació de una fiscalización ordinaria en la que el consejero José Manuel Otero Lastres, propuesto por el PP, detectó serias irregularidades en contratos financiados por la Unión Europea. El documento se aprobó no sin tensión con la mayoría de consejeros del PSOE. Señala al menos dos contratos con fondos europeos por 85 millones de euros, aunque en esta fase inicial es prematuro determinar qué adjudicaciones se amañaron y con qué perjuicio frente a ofertas competidoras.
Según el informe, Adif recibió en 2022 dos denuncias internas en su «canal ético» sobre «falsificación de puntuaciones en licitaciones de contratos de obras para favorecer a una empresa». Las archivó con «laxitud» y «sin el rigor exigible».
Fue otra empresa pública, Ineco, la que denunció la manipulación. El documento recoge que «un empleado de Adif supuestamente habría dado instrucciones a dos empleados de Ineco para cambiar sus valoraciones sobre las ofertas técnicas presentadas en tres licitaciones», justificando su petición en una orden de su superior jerárquico.
El ya expresidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, defendió las adjudicaciones en un escrito al Tribunal de Cuentas y negó que hubiera amaño. Restó importancia a la solicitud de información de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) recibida el 13 de abril de 2023, con el argumento de que la Fiscalía Europea no había abierto investigación. Ahora sí lo ha hecho, por lo que hay dos vías en marcha: la del Tribunal de Cuentas y la judicial de la Fiscalía Europea.
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