Sanidad reconoce que impuso el uso de mascarillas sin informes técnicos. Es la primera vez que lo admite por escrito y lo hace después de que la Audiencia Nacional le requiriera aportar la documentación que solicitó Liberum a través de una querella.

La asociación pidió al departamento que ahora lidera Mónica García los informes elaborados por la Ponencia de Alertas del Consejo Interterritorial de Salud que avalaron la decisión de mantener el tapabocas en el transportes público hasta febrero del año pasado.

Las peticiones de Liberum han fructificado cuatro años después de que comenzara la pandemia y tras tres intentos fallidos. La Dirección General de Salud Pública, dependiente del Ministerio de Sanidad, da por contestada la solicitud de complemento requerida por la Audiencia Nacional, ya que la asociación consideró que no había recibido toda la documentación que solicitó en noviembre de 2022. 

 Liberum demandó los informes de los expertos de la Ponencia de Alertas, las actas de las reuniones y la relación de personas que formaban parte del comité de expertos que obligó a llevar las mascarillas. En un documento fechado el 13 de febrero, Sanidad afirma que dichos especialistas no realizaban informes ya que su labor es «obtener el consenso técnico de todos sus miembros que queda plasmado en documentos de trabajo para su posterior elevación a la Comisión de Salud Pública (CPS) o al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de España (CISNS)».

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 Sin informes de las mascarillas
«Por lo tanto, no existen dichos informes», insiste el escrito. La presidente de Liberum, Nandi Cuevas, considera que esa respuesta confirma el escenario que llevan años denunciando. No obstante, lamenta que la contestación no aporte toda la información requerida, ya que siguen sin conocerse las actas de las reuniones y la identidad de los expertos.

Nandi sostiene que «resulta especialmente grave, ya que al no existir informes, la responsabilidad de esas decisiones debería corresponder a esos especialistas». La asociación sostiene que Sanidad impuso la mascarilla sin ningún rigor científico ni informes que avalen dicha medida, aunque esta ya desapareció porque el tapabocas dejó de ser obligatorio en el transporte público hace un año y tampoco es necesario en los centros sanitarios desde el pasado julio.

 El escrito también aborda la petición de informes y actas de las reuniones a los que se refirió Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. La respuesta remitida por Sanidad a la Audiencia Nacional subraya que dicho informe «no integra el expediente administrativo».

«La Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta no elabora informes ni emite actas tras sus reuniones. Su función es elaborar documentos de trabajo o técnicos consensuados por sus miembros», insiste el texto que firman Simón y el recientemente nombrado director general de Salud Pública, Pedro Gullón. La respuesta reprocha a Liberum que ya quedó acreditado judicialmente que Simón firmó esos documentos, pero eso «no obsta a que se oculten dichos datos relevantes para este procedimiento».

«En este contexto, este centro directivo considera que son las propias comunidades autónomas las titulares de la información solicitada», insiste el texto. No obstante, reconoce que la CSP está integrada por un representante de la Administración General del Estado, del ministerio competente en materia de salud pública y el responsable de esta categoría en cada región. Además, forman parte de ella con voz, pero sin voto, los representantes del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y del Instituto de Salud Carlos III.

Liberum recibió la respuesta el lunes, un día antes de que la Guardia Civil detuviera a 20 personas por cobrar supuestas comisiones ilegales por la adjudicación de contratos relacionados con la compra de mascarillas durante la pandemia.

Se les acusa de delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. Cuatro de los arrestados pasaron este jueves por la Audiencia Nacional, pero el juez los dejó en libertad, a la mayoría con medidas cautelares. La Fiscalía no solicitó su ingreso en prisión al considerar que no existe riesgo de fuga, de alteración de pruebas ni de reiteración delictiva.

«El caso Koldo evidencia lo que llevamos mucho tiempo denunciando. Hubo una imposición política que respondía a intereses concretos. Por fin se ha descubierto la gran mentira de las mascarillas: sirvió para llenar los bolsillos de algunos. Hubo una mafia», lamenta Nandi Cuevas, presidenta de Liberum.

El uso del tapabocas en el transporte público dejó de ser obligatorio el 7 de febrero del año pasado, un día antes de que venciera el plazo otorgado por la Audiencia Nacional para que Sanidad remitiera la documentación requerida por Liberum. La asociación reclamaba los informes elaborados por los expertos para mantener el uso de la mascarilla, una excepción en Europa que, además, incumplía el protocolo de actuación frente a la covid aprobado por el Gobierno, en vigor desde el 3 de junio de 2022.

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