
El juez del 'caso Ábalos' eleva a cinco los posibles delitos cometidos por Pardo de Vera
El magistrado suma organización criminal, prevaricación y cohecho a la malversación y tráfico de influencias
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha requerido a entidades dependientes de los ministerios de Transportes e Interior una copia de los correos electrónicos de varios cargos
Investigacion Judicial02 de marzo de 2024El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha requerido a entidades dependientes de los ministerios de Transportes e Interior una copia de los correos electrónicos de varios cargos en el momento en el que se adjudicaron contratos de mascarillas a la 'trama Koldoesfera'.
Así consta en un auto del pasado 19 de febrero, que forma parte del sumario del caso, en el que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 ordena que le entreguen "copia del contenido de todos los buzones/carpetas del correo electrónico corporativo", así como una copia con toda la documentación que tengan sobre los contratos que se investigan.
Las entidades vinculadas a Transportes sobre las que reclama el contenido de los correos electrónicos son Puertos del Estado y Adif, que adjudicaron contratos de mascarillas en marzo de 2020 por unos 20 millones de euros y 12,5 millones, respectivamente, a Soluciones de Gestión, la empresa que está en el centro de la trama.
Moreno también insta al Ministerio de Transportes a que le facilite una copia de lo que contenga el correo corporativo o cualquier otra cuenta oficial, desde el 1 de enero de 2020 y hasta el día de la fecha, de Koldo García, el que era asesor del que fue titular del departamento, José Luis Ábalos.
Adif y Puertos del Estado
Respecto a Adif, solicita los correos -entre el 1 de enero y el 1 de septiembre de 2020- de la que era su jefa, Isabel Pardo de Vera; de Martín José Navarro, actual director de Recursos Humanos; de Jesús Ángel Díaz, subdirector de Prevención de Riesgos Laborales, y de Michaux Miranda, director general de Gestión de Personas, sobre la que requiere también los del periodo entre el 1 de septiembre de 2023 y el 1 de febrero de 2024.
Además, el juez requiere a Puertos del Estado los correos -entre el 1 de enero de 2020 y el 1 de julio de 2020- de Francisco Toledo, que entonces era su presidente; de Álvaro Sánchez Manzanares, que sigue siendo secretario general; de Aránzazu de Miguel, jefa del Área de Contratación, y de Belén Caballero, jefa del Departamento Jurídico.
Cabe recordar que, en el marco de la investigación, los agentes de la Guardia Civil intervinieron una llamada en la que Koldo García presuntamente conversa con Sánchez Manzanares. El intercambio habría tenido lugar el 28 de noviembre de 2023.
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En un oficio que figura en el sumario, los investigadores aseguran que están convencidos de que el interlocutor de Koldo era Sánchez Manzanares "por varios motivos". En primer lugar, porque el exasesor de Ábalos "esperaba que nombrasen a su interlocutor presidente (se entiende que de Puertos del Estado) por lo que el hecho de que su interlocutor fuera el actual presidente de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez Dapena, ha quedado descartado".
Además, añaden los agentes de la UCO, el interlocutor de Koldo hace referencia al actual presidente, "lo que reforzaría que él no ha ocupado ni ocupa ese cargo". "El interlocutor de Koldo se sentiría satisfecho si continúa en el mismo puesto, por lo que al margen de no ocupar el puesto de presidente, tendría un cargo en ese organismo", agregan.
La Guardia Civil deja "constancia de que en caso de confirmarse que Koldo en la actualidad tiene relación con Sánchez Manzanares resultaría un hito de interés para esta investigación porque firmó un documento denominado 'Declaración de usuario final' en la adjudicación por parte de Puertos del Estado a Soluciones de Gestión por importe de 24,2 millones de euros".
En cuanto a Interior, el juez instructor pide copia, a la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios de la Secretaría de Estado de Seguridad, de los correos electrónicos -entre el 1 de enero y el 1 de julio de 2020- de Daniel Belmar, que estuvo al frente de dicha subdirección.
Por último, el juez se dirige al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), dependiente del Ministerio de Sanidad, para que le facilite toda la documentación que tenga sobre la adjudicación de varios lotes del Acuerdo Marco 2020/070 de suministro de material sanitario que no haya entregado antes.
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El magistrado suma organización criminal, prevaricación y cohecho a la malversación y tráfico de influencias
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