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Jorge Buxadé, ha anunciado que su partido interpondrá hoy mismo un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, con «cautelarísima in audita parte debitoris», es decir de manera inmediata, para la paralización de la reunión de la Comisión de Justicia convocada para el próximo jueves, 7 de marzo, con el fin de evitar que siga adelante la tramitación parlamentaria de la ley de amnistía.
Así lo ha dicho durante la rueda de prensa ofrecida en la sede nacional de VOX para detallar las medidas jurídicas y judiciales que VOX va a llevar a cabo en los próximos días para impedir el golpe a la Constitución que intenta perpetrar el Gobierno de Pedro Sánchez.
El recurso, que se presentará en las próximas horas ante el TC, se interpone contra la decisión de la Presidente del Congreso de ordenar la devolución a la Comisión de Justicia para su dictamen, contra el Acuerdo de la Mesa del Congreso de ratificar dicha decisión, y contra el Acuerdo de la Mesa de Justicia de convocar el próximo jueves 7 de marzo.
Además, se impugna la debida valoración del art. 131 del Reglamento del Congreso, que vulnera el llamado «ius in officium» de los 33 diputados de VOX.
Buxadé ha explicado que el recurso con la «cautelarísima» se funda en el hecho de que, si no se suspende la sesión del 7 de marzo o el futuro Pleno se haría perder al recurso su finalidad legítima. El vicepresidente de Acción Política ha recordado que en el recurso hay apariencia de buen derecho, no hay peligro de mora procesal y no perturba ni intereses generales ni de parte. También ha explicado que el recurso de VOX en ningún caso entra a valorar la Ley de amnistía, sino la acción de la Mesa de la Cámara Baja.
«Arbitraria, injusta e ilógica interpretación» del Reglamento
En este sentido, el recurso plantea fundamentalmente “la arbitraria, injusta e ilógica interpretación” por parte de Armengol del artículo 131 del Reglamento del Congreso. “La única interpretación posible del artículo 131 del Reglamento del Congreso es la desaparición en la historia jurídica constitucional española de esa proposición” por haber sido votada en contra por mayoría absoluta del Pleno, ha declarado.
Sin embargo, Buxadé ha dejado claro que este recurso de amparo no entra a valorar la inconstitucionalidad de la ley de amnistía, entre otras cosas, porque VOX no confía “en un Tribunal Constitucional politizado en manos de Conde Pumpido” que pueda aprovechar este recurso para hacer manifestaciones en cuanto a la constitucionalidad de la ley.
También, el Grupo Parlamentario VOX va a registrar una iniciativa para que se reforme la ley orgánica del régimen electoral general para evitar que aquellos que están fugados de la justicia “y perseguidos por los más graves delitos de terrorismo, malversación de caudales, delitos de rebelión o cualquier otro delito grave, no puedan concurrir a un proceso electoral y pierdan el derecho a sufragio pasivo”.
“Es un insulto a nuestra democracia y es un insulto a millones de españoles que piensan como nosotros que el señor Puigdemont y quienes se han fugado de la acción de la justicia de España puedan volver a presentarse a unas elecciones”, ha denunciado.
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Otras acciones judiciales
Además, Buxadé ha detallado el resto de acciones judiciales que está ya liderando su partido contra la ley de amnistía, entre ellas, la personación en el caso de «Tsunami Democratic» en el TS y la petición de declaración como investigados de Carlos Puigdemont y de Sergio Wagenberg.
En este sentido, VOX pedirá al juez la aplicación de la Orden de Detención Europea para Puigdemont y la extradición de Wagengerg, ya que «la lógica es esperar a su no comparecencia voluntaria de ambos», pero los datos de la acusación son ciertos, los hechos notorios y la burla y resistencia a la autoridad judicial es evidente.
Buxadé ha explicado que la formación enviará asimismo en las próximas horas respectivas cartas dirigidas a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, así como al presidente del Parlamento catalán.
El también jefe de la delegación de VOX en el Parlamento Europeo se ha referido también al informe de la Comisión de Venecia al respecto de este asunto.
Ha recordado que la llamada Comisión de Venecia es un órgano consultivo del Consejo de Europa en materia constitucional, y que su función es «brindar asesoramiento constitucional a sus Estados miembros y la difusión de un patrimonio constitucional común», actuando obviamente como un instrumento foráneo de influencia en la política constitucional de los Estados soberanos; esto es, de una interpretación globalista del Derecho.
El eurodiputado de VOX ha recordado que «el Derecho es una ciencia naturalmente enraizada en la historia, cultura, tradiciones y modo de vida de cada una de las naciones, y que en España, como cualquier nación europea, el derecho es el resultado de todas esas vicisitudes», y no de las decisiones caprichosas de influencia ideológica de organizaciones u órganos institucionales.
El vicepresidente de Acción Política ha añadido que su partido rechazó desde el principio «que el PP, desde la presidencia del Senado y desde su influencia en la presidencia de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, demandara la elaboración de un informe» a este órgano. «Solo una visión política de sumisión a las organizaciones internacionales como la que caracteriza al partido popular puede llevar a tamaño error», ha dicho.
Caso Armengol
Buxadé también se ha referido al caso Armengol, quien ha comparecido en el Congreso de los Diputados esta misma mañana: “Las declaraciones de la señora Armengol han sido las declaraciones de una futura querellada”. “Mientras los españoles sufrían, ellos se estaban forrando, ellos estaban ganando muchísimo dinero a costa de los fondos de todos los españoles”, ha añadido.
Además, el responsable de coordinación jurídica de VOX, ha hecho referencia también al acto por el día de la mujer, en el Congreso de los Diputados y que va a ser presidido por Armengol.
“Va a protagonizar un acto del día de la mujer cuando ella, siendo presidenta de la comunidad de Baleares, aceptó, admitió y permitió el mayor caso de corrupción y de ataque a la dignidad de las mujeres tuteladas por la propia administración, sometidas a prostitución y a los mayores delitos contra la indemnidad sexual de las mujeres”, ha lamentado.
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