
La superficie de la plataforma de hielo antártica aumentó entre 2009 y 2019
La plataforma de hielo antártica aumentó su superficie en la década de 2009 a 2019, según un estudio publicado en la revista European Geosciences Union
El trabajo sexual es una actividad diversa, muy heterogénea y poco accesible. Es una actividad profundamente desconocida para la inmensa mayoría de la población, entre ellos los políticos, opinadores mediáticos y periodistas
Nacional15 de mayo de 2024Ayer martes 14 de mayo el portavoz del gobierno ha anunciado que el martes 21 se debatirá y votará la toma en consideración de la nueva ley abolicionista del PSOE. La ley retoma la iniciativa del 2022 de criminalizar todo el entorno económico y habitacional del trabajo sexual además de multar severamente y generar antecedentes a los posibles clientes de cualquier tipo de servicio.
Ocurre un mes después de que Washington haya regulado la actividad de sus locales y una semana más tarde de que Bélgica haya aprobado que la despenalización completa que ha hecho ley también facilite no sólo el trabajo autónomo sino el asalariado en nuestro ámbito.
Recordamos entre otros mil motivos el reciente posicionamiento descriminalizador del Comisionado Europeo de Derechos Humanos, la toma en consideración del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de derogar la Ley abolicionista francesa y los posicionamientos de la unanimidad de organismos de protección de la salud denunciando el impacto negativo en la propagación de ETS de criminalizar la actividad.
También las más importantes ONGs asistenciales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch se han expresado con claridad.
El trabajo sexual es una actividad diversa, muy heterogénea y poco accesible. Es una actividad profundamente desconocida para la inmensa mayoría de la población, entre ellos los políticos, opinadores mediáticos y periodistas. Las campañas interesadas, el silencio policial y un tratamiento en el periodismo sólo centrado en los sucesos delictivos crean la más abultada distorsión que una actividad puede sufrir.
El informe anual del CITCO (Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado) ha publicado justo estos días sus datos del año 2023. Tras casi 1700 inspecciones realizadas, los casos identificados han sido: 294 víctimas de trata y 370 víctimas de explotación laboral. Sobre una población de 100.000 personas en nuestra actividad (¡Con gran rotación y temporalidad!), que creemos el cómputo más preciso, representan un 0,6% de los perfiles involucrados.
Ante un posicionamiento en la temática desde los partidos inconexa y hasta a veces aleatoria, basada en la disparidad de información y relatos que los representantes reciben y que nunca dibujan el conjunto con precisión, el PSOE vincula su iniciativa a ganar el apoyo del Partido Popular. Y lamentamos conocer que en el partido de Núñez Feijóo ha calado una aparente necesidad de legislar sobre una problemática que siempre viene narrada por actores externos a la misma.
No nos cansaremos en denunciar que no existe un estudio de rigor sobre la globalidad del trabajo sexual que justifique o al menos apalanque un cambio en una Ley orgánica como el que se propone.
Y no podemos sino insistir en pedir que nos pregunten, visiten nuestros locales y entornos y entonces si acaso valoren si realmente hay un problema específico en España con el trabajo sexual. Pero sobre todo necesitamos que escuchen que las inexorables consecuencias de clandestinizar nuestra actividad en base a convicciones, prejuicios y desconocimiento son tremendamente serias, trágicas e irreversibles.
#StopCriminalización 👠✊
Comparte en Redes Sociales
Apoya el periodismo independiente y crítico
Evite la censura de Internet suscribiéndose directamente a nuestro canal de Telegram, Newsletter
Haz tu Donación
Síguenos en Telegram: https://t.me/impactoespananoticias
Whassapt Impacto España: https://chat.whatsapp.com/DkvQU3OzEzz1Ih524CPUd7
Twitter: https://twitter.com/impactoSumustv
Instagram: https://www.instagram.com/impactoespana?r=nametag
YOUTUBE:https://youtube.com/@impactoespananoticias
Odysee: https://odysee.com/@impactoespa%C3%B1anoticias:a
WhatsApp: 635967726
La plataforma de hielo antártica aumentó su superficie en la década de 2009 a 2019, según un estudio publicado en la revista European Geosciences Union
En una democracia madura, los actos de gobierno deben poder resistir no solo el escrutinio legal, sino también el juicio crítico de la ciudadanía informada
Con 203.784 alumnos, Marruecos se ha convertido en el país que más estudiantes aporta al sistema educativo español, superando a Rumanía y Colombia
Entre las medidas que barajan las energéticas se encuentran demandas por compensaciones económicas, tanto por las pérdidas sufridas en sus operaciones como por los perjuicios a clientes. El propio Ejecutivo cifra el impacto del apagón en 800 millones de euros
La ciudadanía no necesita más trabas, más costes ni más normativas impuestas desde despachos lejanos. Lo que necesita es seguridad real, medidas eficaces, políticas sociales de transporte y un enfoque equilibrado que no criminalice la posesión de un coche viejo
El Servicio de Respuesta Activa de la Demanda (SRAD), diseñado para ajustar el consumo eléctrico en momentos críticos, fue suprimido en los tramos de sol por decisión del operador del sistema, bajo el argumento de que era «impensable» que se produjera un colapso
El consejero de Junts no emitió voto particular para poder introducir elementos que permitan bloquearla
Una familia media con un solo asalariado y dos hijos soporta una cuña fiscal del 36,1%. Esta cifra, que incluye IRPF y cotizaciones sociales, sitúa a España como el séptimo país con mayor presión sobre las familias
Un incremento que tiene un efecto directo en el panorama electoral: el PSOE busca capitalizar el voto inmigrante de cara a unos futuros comicios
A su juicio, no es Rusia la amenaza más acuciante para España, sino Marruecos, que no reconoce la soberanía española sobre Ceuta y Melilla. Por ello, cree que el gasto militar debería priorizar la defensa de las fronteras y la soberanía territorial
En una democracia madura, los actos de gobierno deben poder resistir no solo el escrutinio legal, sino también el juicio crítico de la ciudadanía informada