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Desalojar a un okupa en España de una vivienda se ha convertido en un proceso cada vez más largo y complicado. El tiempo de espera para que los propietarios obtengan una sentencia que permita el desalojo ha alcanzado máximos históricos:
El plazo promedio se situó a finales del año pasado cerca de los 24 meses, incluyendo tanto los procedimientos de los Juzgados de Primera Instancia como los de las Audiencias Provinciales en caso de apelación, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En los procedimientos verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas en los Juzgados de Primera Instancia y de Instrucción de lo Civil, el tiempo promedio fue de 12 meses en 2023, frente a los 10,6 meses de 2022. En los últimos cinco años, estos plazos se han triplicado, pues en 2018 la media era de 4,9 meses.
A estos números se añaden las esperas de las apelaciones en las Audiencias Provinciales en procedimientos civiles, cuyo promedio ha alcanzado los 11,2 meses.
Sumando todo ello, los propietarios pueden estar esperando casi dos años para conseguir una sentencia firme y recuperar la posesión de su vivienda. El incremento en los tiempos de espera se debe a la acumulación de casos en los juzgados y a las apelaciones que prolongan el proceso judicial.
Sin embargo, los plazos varían significativamente entre las diferentes comunidades autónomas. Según las cifras del CGPJ, recogidas por idealista, Castilla León y Murcia son las que tienen los tiempos de espera más largos: en la primera, el plazo total alcanza los 35,9 meses (es decir, tres años), mientras que en la segunda se encuentra en 27 meses. Por el contrario, las regiones más rápidas son Aragón, Navarra y Asturias, con plazos que duran 13,5, 14,2 y 14,9 meses, respectivamente.
Entre medias están las demás. En la parte alta, destacan Canarias (26 meses), Andalucía (24,9), Baleares (23,5), Cataluña (23,7) y Madrid (21,5). En el rango bajo, tienen su lugar La Rioja (19,3), Galicia (17,9) y Cantabria (17,3). Ninguna comunidad baja del año en los tiempos totales.
Entre las causas que provocan estos tiempos de espera, sobresale la carga de trabajo en los juzgados de primera instancia, lo que, sumado a las apelaciones, prolonga el tiempo necesario para obtener una sentencia firme.
Además, La Ley de Vivienda pone algunas trabas al procedimiento de desalojo en los casos de usurpación de vivienda sin violencia ni intimidación, pero solo cuando el ocupante se encuentra en una situación de dependencia acreditada legalmente.
El procedimiento para desalojar a un okupa implica varias etapas legales, comenzando con la presentación de una denuncia ante las autoridades. A continuación, se inicia un juicio de desahucio en el cual se determinará la ilegalidad de la ocupación y se emitirá una orden de desalojo. Este proceso puede variar entre 6 y 18 meses dependiendo de la complejidad del caso y de la carga de trabajo de los juzgados.
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