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La Diputación de Badajoz, controlada por el PSOE, ha obstaculizado la investigación sobre David Sánchez, hermano del presidente Pedro Sánchez, al no entregar la documentación solicitada por la juez que lleva el caso.
La magistrada ha estado esperando durante 26 días el contrato laboral de Sánchez, requerido a principios de junio. La solicitud fue dirigida a la administración encabezada por Miguel Ángel Gallardo, secretario general del PSOE de Extremadura, quien también está siendo investigado en la causa del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz.
El caso se originó a partir de una demanda del sindicato Manos Limpias, que acusa a David Sánchez de no asistir a su puesto de trabajo y de residir en Portugal para evitar pagar impuestos en España.
Estas alegaciones han sido respaldadas por publicaciones periodísticas y por el Partido Popular local, que asegura que Sánchez vive en Elvas, Portugal, a pesar de tener un contrato con la Diputación de Badajoz.
La juez Beatriz Biedma, al encontrar indicios de delito en la denuncia, inició la investigación y citó a declarar a David Sánchez, a Miguel Ángel Gallardo y a un trabajador de recursos humanos.
Sin embargo, la falta de respuesta de la Diputación de Badajoz ha retrasado la citación de los investigados. La juez había solicitado información detallada sobre el contrato de Sánchez, sus funciones, horarios, salario y condiciones de teletrabajo.
David Sánchez ha trabajado durante siete años como director de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz, recibiendo un salario de más de 50.000 euros anuales como coordinador del programa Ópera Joven. Según sus compañeros, no asiste regularmente a su despacho.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha criticado duramente la investigación. La ministra portavoz, Pilar Alegría, calificó la denuncia como «falsa» y basada en «recortes de tabloides digitales».
Alegó que incluso la juez desconfía de las denuncias de Manos Limpias y ha exigido al sindicato una fianza de 10.000 euros para continuar con el proceso, como lo establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
A pesar de las críticas, el juzgado de Badajoz continúa con la investigación, aunque esta ha sufrido un retraso significativo debido a la falta de cooperación de la Diputación de Badajoz.
Los investigados han contratado abogados para su defensa, y la instrucción sigue en una fase inicial sin citaciones aún a investigados ni testigos.
Las únicas diligencias en curso son la obtención del contrato laboral de David Sánchez y la información sobre la Comisión de Investigación realizada por la administración extremeña en este caso que afecta a la cúpula socialista.
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