Elías Bendodo, ha anunciado que su partido, como parte personada en el caso de los ERE, pedirá la abstención de tres magistrados del Tribunal Constitucional, Inmaculada Montalbán, María Luisa Balaguer y Cándido Conde-Pumpido, que preside el tribunal de garantías. En este último caso, ha indicado que su formación quiere que se aparte de los recursos que afecten a este caso como ya hizo cuando era magistrado del Tribunal Supremo.

En una rueda de prensa en el Congreso, Bendodo ha afirmado que el Constitucional "no puede convertirse en un órgano de relectura" o de "revisión de las sentencias" y ha resaltado que más de 20 juzgados, incluida la Audiencia Provincial de Sevilla y el propio Tribunal Supremo, "confirmaron y ratificaron las sentencias a los condenados por prevaricación y malversación".

"Quiera o no el PSOE, el caso de los ERE es el mayor caso de corrupción de la historia de España con más de 700 millones de euros de los parados andaluces dedicados a otras cuestiones", ha aseverado Bendodo, quien ha asegurado que "hasta 70 familiares y personas vinculadas con el Partido Socialista se beneficiaron de ayudas ilegales o de falsas prejubilaciones".

ABSTENCIÓN DE TRES MAGISTRADOS DEL TC

En este contexto, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP ha avanzado que su partido reclamará la abstención de tres magistrados del TC. En concreto, solicitará al presidente el TC que se aparte de los recursos que afecten al caso de los ERE para "garantizar la imparcialidad y velar por el correcto funcionamiento del TC", tal y como ya hizo cuando era magistrado del Tribunal Supremo porque siendo fiscal general del Estado participó en la tramitación del asunto, según ha recordado.

Bendodo ha señalado que Conde Pumpido reconoció en aquel entonces "estar afectado por una causa de incompatibilidad" y con su abstención se garantizaba la imparcialidad del Tribunal Supremo. "¿Por qué se abstuvo entonces y ahora no, siendo la misma causa y los mismos condenados?", se ha preguntado, para añadir que "la falta de congruencia es palmaria y es cuestión de números y votos".

En el caso de Inmaculada Montalbán, el dirigente del PP ha recordado que fue presidenta de la sección tercera de la Sala de Contención Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) fue ponente o participó en, al menos, 22 sentencias relacionadas con los ERE.

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Y en lo que respecta a María Luisa Balaguer, Bendodo ha indicado que la actual magistrada del TC fue consejera del Consejo Consultivo de Andalucía del 2012 al 2014, ponente en 28 dictámenes que abarcaban, prácticamente, toda la casuística de los ERE. "Revisiones de oficios, subvenciones ilegales, inclusión de prejubilados en pólizas, revisión de avales al conocido fondo de reptiles", ha detallado.

Bendodo ha indicado que, aunque por el momento, el PP va a instar a tres magistrados a apartarse de los recursos del caso, no descarta ampliarlo a los cinco miembros del TC que "tuvieron vinculación directa firmando sentencias sobre los ERE y ahora están votando a favor de exculpar a condenados".

"CAMPO EMITIÓ JUICIOS PÚBLICOS QUE LE COMPROMETEN"

Así, ha apuntado a otro magistrado del TC, Juan Carlos Campo, que pasó de ser ministro de Justicia directamente al Tribunal Constitucional, y que fue director general de Justicia con Manuel Chaves como presidente de la Junta de Andalucía en el periodo investigado por los ERE. Además, ha subrayado que Campo fue también secretario general de Relaciones con el Parlamento de Andalucía en la Junta de Andalucía entre el año 2014 y 2015.

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"Campo emitió juicios públicos que le comprometen, como cuando expresó su perplejidad por el procesamiento de Chaves y Griñán en una entrevista en el 2016 cuando era el portavoz de Justicia del Grupo Socialista en el Congreso", ha resaltado, en referencia a los expresidentes de la Junta de Andalucía.

 Bendodo ha aludido a una quinta magistrada del TC, María Luisa Segoviano, quien como magistrada de la Sala de lo Social del TSJA firmó dos sentencias relacionadas con el caso de los ERE, concretamente el ERE de Nexpron y el ERE de SOS Cuétara.

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