Ante los impagos reiterados del Reino de España, Reino Unido ha autorizado de forma cautelar el embargo del derecho de usufructo que ostenta Aena sobre el aeropuerto de Luton, en Londres. 

Una medida compensatoria en relación con el laudo que obliga a España a indemnizar a la compañía estadounidense NextEra con un pago que ronda los 300 millones de euros. A lo largo de los últimos años, España ha acumulado una deuda de 1.560 millones con las empresas que sufrieron la retirada retroactiva de las primas renovables.

A esta cifra hay que sumarle 310 millones adicionales, en concepto de condenas en costas o intereses de demora. 

En un comunicado remitido a la CNMV este sábado por la noche, Aena explica que no tiene nada que ver con los impagos. “Aena, que no es parte en ese proceso judicial de reconocimiento y ejecución del laudo arbitral, no ha sido notificada de la adopción de las medidas cautelares.

Aena llevará a cabo, tan pronto le sea notificada la decisión, las comprobaciones pertinentes para determinar el alcance y consecuencias de esas medidas y, en todo caso, defenderá los intereses de Aena, sus filiales y sus accionistas del modo que jurídicamente proceda”, explica el gestor aeroportuario a sus inversores.

 Sin embargo, la justicia británica ha considerado que el operador aeroportuario está controlado al 51% por una empresa pública del Reino de España, ENAIRE, motivo por el cual se ha autorizado el citado embargo, resuelto en un fallo que data del pasado 11 de julio y que afectará al 26% del derecho de usufructo que Aena posee sobre la operativa del aeropuerto de Luton. 

España tiene varios embargos internacionales
Recientemente, la justicia belga embargó más de 80 millones de euros a ENAIRE debido a los impagos de las renovables. Con anterioridad, los tribunales británicos han embargado edificios y cuentas de banco de distintos entes públicos del Reino de España.

Así, la magistratura de las islas ha confiscado el derecho de cobro de la indemnización del Prestige (900 millones de euros), la sede londinense del Instituto Cervantes, el edificio de la Escuela Internacional Vicente Cañadas, una propiedad en la que opera una oficina económica del gobierno autonómico de Cataluña y cuatro cuentas de banco. 

La Corte Suprema de Australia también ha dado la razón a los acreedores, permitiendo futuros embargos. Por su parte, la justicia estadounidense está analizando la misma situación y se pronunciará en breve. A todo ello hay que sumarle la sombra del default técnico que afecta, al menos, a cuatro títulos de deuda. 

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Los inversores buscan un acuerdo
Los afectados piden al gobierno español que ponga fin a esta embarazosa situación y reclaman a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, una salida negociada a esta controversia. 

Las empresas que están sufriendo estos millonarios impagos recuerdan que la titular del ministerio tiene encima de la mesa una propuesta de resolución que permitiría poner fin a los litigios e incluso reinvertir parte de las indemnizaciones en la economía española.

Los acreedores recalcan que, en caso de mantenerse la situación de impago, los embargos seguirán yendo a más. 

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