
El juez del 'caso Ábalos' eleva a cinco los posibles delitos cometidos por Pardo de Vera
El magistrado suma organización criminal, prevaricación y cohecho a la malversación y tráfico de influencias
Se le investiga a él y varias personas por presuntos delitos contra la Hacienda pública, tráfico de influencias, prevaricación y malversación
Investigacion Judicial07 de agosto de 2024La juez de Badajoz que investiga una denuncia contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha confirmado su decisión de incautar y analizar los correos electrónicos de su cuenta corporativa en la Diputación pacense, una medida que considera "absolutamente idónea a los fines pretendidos".
En un auto, la titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, rechaza un recurso de David Sánchez en el marco del proceso que se sigue contra él y varias personas por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias, prevaricación y malversación a raíz de una denuncia del sindicato Manos Limpias.
La juez indica que sobre el correo electrónico corporativo de David Sánchez, "dada la naturaleza de la investigación en su caso, el periodo de acceso a sus correos electrónicos debe extenderse desde su creación hasta la actualidad".
Para la instructora, "la afectación al 'derecho al entorno digital' de los afectados es mínima, pues únicamente afecta a las comunicaciones realizadas como consecuencia del desempeño de su función laboral y con respecto a un procedimiento en concreto".
"La medida acordada es absolutamente idónea a los fines pretendidos, sin que desde luego pueda considerarse que podría haber sido suplida por declaraciones testificales ni por adicionales requerimientos documentales a la Diputación, cuando los ya realizados han sido insuficientes a los fines pretendidos", argumenta.
En el auto, la juez recuerda que autorizó la entrada en la Diputación Provincial de Badajoz, un registro que fue llevado a cabo el pasado 10 de julio por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para la incautación de los correos electrónicos que, a través de su cuenta corporativa, pudieran haber mantenido las personas relacionadas.
Señala además que el plazo temporal contemplado está "justificado" por ser el espacio en el que se ha desarrollado el procedimiento administrativo desde la creación del puesto de trabajo hasta el denominado cambio de denominación del mismo, "extendiéndose la medida hasta la actualidad con respecto al señor Sánchez para poder determinar con exactitud cuáles son sus funciones y cómo las desempeña por los motivos también convenientemente explicitados".
En una providencia aparte, a la que también ha tenido acceso esta agencia de noticias, la juez reclama a la Diputación de Badajoz que, "a la mayor brevedad posible", le informe sobre la fecha exacta en la que David Sánchez fue ubicado en el "nuevo despacho, sito en la Plaza de España, nº 9, 2ºC, CP 06002 , de Badajoz, lugar de trabajo que ocupa en la actualidad" y sobre el destino anterior que tenían dichas instalaciones", ya que de momento no ha dado respuesta, indica.
Biedma también responde a Antonio Garrote, que transmitió al juzgado que desde marzo de este año es diputado en la Asamblea de Extremadura y pidió que se eliminaran del procedimiento todos los correos electrónicos y comunicaciones en los que figure, alegando que la juez no era competente para esa investigación porque él tiene la condición de aforado.
La juez reconoce que para el conocimiento de los hechos delictivos que pudieran atribuirse a dicho aforado sería competente el Tribunal Superior de Justicia extremeño, pero que hasta que no se alcance un nivel de solidez de indicios, la investigación corresponde al juzgado de instrucción.
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El magistrado suma organización criminal, prevaricación y cohecho a la malversación y tráfico de influencias
El juez que instruye la parte del caso Koldo en la Audiencia Nacional ha citado el 21 de julio como investigados a la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y al exdirector general de Carreteras Javier Herrero, en quienes el Tribunal Supremo vio indicios de participación en adjudicaciones presuntamente irregulares
La Guardia Civil ha señalado en uno de sus informes "pagos de 2.600 euros mensuales netos entre diciembre de 2022 y junio de 2023, de LIC a Koldo, realizados mediante la contratación de éste por parte del empresario" Etero
Tanto las hechas como las recibidas por Álvarez desde el 16 de julio de 2018, fecha en la que fue nombrada asesora de la mujer de Sánchez, hasta el pasado 1 de julio, vinculadas con la OMT, Indra Sistemas S.A., Google Spain S.L., Fundación Manpower, Arsys Internet, Telefónica S.A., Fundación La Caixa, Reale
En referencia a la malversación, el instructor del caso Begoña Gómez razonó que el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes era el responsable de velar por los fondos públicos con los que se pagó a Cristina Álvarez
Manos Limpias alude también al hecho de que el TC haya eludido valorar las motivaciones de la ley, que «se gesta en Ginebra» entre los «emisarios» del presidente del Gobierno, Santos Cerdán y Félix Bolaños, y «el prófugo» Carles Puigdemont. Perpetrando, denuncia, un delito de obstrucción a la Justicia y de «colaboración con prófugos»
Por ello, solicita al INSS la apertura de un «expediente de revisión de oficio del grado de incapacidad permanente» reconocido a Paqui Muñoz Cano, «con base en los indicios objetivos de mejoría funcional conocidos públicamente»
Además, se incautaron documentos físicos de interés, entre los que se encontraban folios con sellos oficiales, tarjetas de visita y una libreta con anotaciones manuscritas
La acusación, difundida en cadena por medios como El HuffPost, elDiario.es, Onda Cero, RTVE, Cadena SER y The Objective (que ha rectificado), atribuye a VOX la intención de deportar a «ocho millones de inmigrantes y sus hijos», a pesar de que ningún dirigente del partido ha mencionado nunca esa cifra
Documentación policial y judicial revela el papel desempeñado por el actual coordinador general de EH Bildu en la estructura operativa de ETA-pm y su posterior integración en ETA militar. Su implicación se vincula con acciones armadas entre 1982 y 1984, incluyendo secuestros, atentados con explosivos y heridas a civiles, entre ellos menores de edad
El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de ocho años y nueve meses de prisión impuesta por la Audiencia Nacional a un hombre que quiso asesinar a Pedro Sánchez