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El Tribunal Supremo iniciará este martes el juicio oral contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, por su presunta participación en una trama de comisiones ilegales vinculadas a contratos de suministro de mascarillas durante la pandemia de covid-19 en 2020. El juicio, considerado el primero derivado de esta investigación, se desarrollará en trece sesiones programadas entre el 7 y el 30 de abril.
La Fiscalía Anticorrupción acusa a los implicados de aprovechar la emergencia sanitaria para beneficiarse económicamente mediante adjudicaciones públicas, cobrando comisiones indebidas. En su escrito de acusación, el Ministerio Público atribuye a Ábalos delitos de:
Por estos cargos, la Fiscalía solicita 24 años de prisión para Ábalos, además de multas millonarias.
Para Koldo García, la petición asciende a 19 años y medio de cárcel, mientras que Víctor de Aldama afronta una condena de 7 años, menor debido a su colaboración con la justicia, considerada clave para la investigación. Por su parte, las acusaciones populares han solicitado penas de hasta 30 años para Ábalos y García.
Según la Fiscalía, los hechos se remontan a marzo de 2020, cuando los acusados habrían utilizado la situación de urgencia sanitaria para promover contratos de adquisición de mascarillas a través de entidades públicas como Adif y Puertos del Estado. La acusación describe un “reparto de funciones”:
Se estima que el empresario habría obtenido más de 3,7 millones de euros en beneficios, parte de los cuales se habrían destinado a pagos periódicos a García, presuntamente para Ábalos. Estos pagos incluían dinero en efectivo, uso de inmuebles y condiciones favorables en contratos de alquiler.
El procedimiento también investiga la contratación de personas vinculadas al entorno del exministro en empresas públicas, sin evidencia de actividad laboral efectiva. Por estos hechos, la Fiscalía solicita indemnizaciones a las entidades públicas afectadas y el decomiso de ganancias ilícitas.
Los tres acusados permanecen en prisión provisional desde noviembre por riesgo de fuga y han declarado su inocencia, solicitando la absolución. Las defensas cuestionan la veracidad de las declaraciones de Aldama y niegan la existencia de comisiones ilegales o irregularidades en los contratos.
El tribunal estará compuesto por siete magistrados de la Sala de lo Penal y el juicio se realizará sin retransmisión pública. Se prevé la declaración de más de 80 testigos, incluidos políticos y directivos de empresas públicas, algunos por escrito.
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