Impacto España Noticias
Se están cargando el sector agrario. Un dato: Por primera vez desde mediados de los 90, la cifra de ocupación ha bajado del millón de personas.
Obviamente los secretarios de Estado de Trabajo y de Seguridad Social, Joaquín Pérez Rey y Borja Suárez, han restado importancia a este retroceso.
Aseguran que «es normal» que el peso del sector primario en economías modernas tienda a bajar por factores «puramente estructurales» que se deben a la mecanización del campo y las mejoras de las técnicas de recolección, plantación y siembra.
Este argumentario no convence en absoluto a SOS Rural, la asociación que aúna a centenares de organizaciones agrarias de toda España. Su secretario general, Javier Poza, denuncia que, una vez más, «el Gobierno cuenta las verdades a medias y distorsiona mucho la realidad». Pero «como ya estamos acostumbrados a los comentarios surrealistas del Ejecutivo, parece que tenemos unas tragaderas infinitas y que nos toman por tontos«. Veamos algunos datos:
«Bajar del millón de ocupados se debe a una mayor tecnificación pero también al aumento de los costes de producción y al abandono de las tierras de cultivo. Los costes de producción han aumentado desde el año 2018 de una forma exponencial y, al final, el campo no es rentable», señalan desde SOS Rural
La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)
El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha experimentado una subida acumulada de un 54% desde el año 2018. Esto ha hecho que los agricultores de las producciones más demandantes de empleo (fruta, hortalizas, viticultura y olivo) están apostando muy fuerte por la mecanización. Si aumentan los costes de producción y también los laborales, tienen que empezar a ahorrarse los salarios porque no salen las cuentas», explica.
El Gobierno no puede vender que estamos ante un cambio del sistema productivo, cuando la industria y la construcción también retroceden. La realidad es que no estamos ante una diversificación de la economía sino ante un modelo basado en los servicios y turismo.
Esta tendencia de destrucción de empleo agrario de la que presume el Gobierno también puede ser catastrófica para el futuro de los pueblos, explica Poza. «Se mantiene la producción, pero el tejido productivo se está reduciendo, que es lo que, al final, ayuda a evitar la despoblación rural».
Si, tal y como señala el Gobierno, la bajada del millón de ocupados en el sector primario por primera vez en treinta años se debiese exclusivamente a la modernización y mecanización del campo, ¿cómo se explica que España haya perdido 18.500 agricultores y ganaderos autónomos en los últimos siete años?
No estamos únicamente ante la destrucción de trabajo por cuenta ajena. La realidad es que hay menos emprendedores dispuestos a dedicarse al campo.
España pierde más de medio millón de hectáreas de cultivo en diez años
Y, además, ¿por qué España ha perdido más de medio millón de hectáreas de cultivo – 655.663 hectáreas de tierra arable con un descenso continuado de las plantaciones de cereales, tubérculos y cultivos industriales (algodón, girasol, colza…)- en diez años? según los datos de la encuesta sobre superficies y rendimientos de cultivos (ESYRCE) de 2023,
España cuenta con 11.224.342 hectáreas de tierra arable, un 5,50% menos que hace diez años. Y esto se debe a que, aunque aumenta ligeramente la superficie destinada a olivos, hemos perdido 720.884 hectáreas de cultivo de cereales, tubérculos y cultivos industriales. Además se han sumado 65.221 hectáreas en barbecho con respecto a 2013.
Sólo en el último año, el grupo de los cereales ha descendido un 3,95% debido al fuerte decremento de cultivos como maíz, trigo duro, centeno y las dos variedades de cebada. La mezcla de cereales de invierno, a pesar de la fuerte merma porcentual (22,16%), en términos absolutos desciende algo más de veinte mil hectáreas. Por su parte, arroz y maíz presentan la menor superficie de los últimos veinte años.
El Gobierno, concretamente el Ministerio de Agricultura, atribuye la pérdida de tierras cultivables a la sequía, pero no hay mención alguna a la pérdida de rentabilidad de muchas explotaciones, ni al infierno burocrático, ni al agravio comparativo con respecto a terceros países, ni a las restrictivas políticas medioambientales del Pacto Verde de la UE.
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